Jueves
8 de marzo de 2012
LAS
RAZONES DE LA MINERÍA
Escribe
JOSÉ
NATANSON (*)
Fuente:
Publicó
“Rebelion”
7 de
marzo 2012
.
ÁFRICA,
PARTES DE ASIA Y AMÉRICA LATINA VIVEN CON TENSIONES EL BOOM EXTRACTIVO, QUE
CAMBIÓ DE MÉTODOS Y ALIMENTA UN MERCADO VORAZ. DE LA MANO DE LAS INVERSIONES
LLEGAN LOS CONFLICTOS POLÍTICOS Y MEDIO AMBIENTALES.
La
minería atraviesa un período de auge mundial que se explica por varias razones.
La primera son las innovaciones tecnológicas, que hoy permiten explotar
minerales dispersos en áreas relativamente amplias, superando así el
agotamiento de la tradicional explotación de veta. La segunda es la escalada de
precios resultante de la voracidad de algunos países emergentes en procesos de
intensa industrialización, en particular China, que hoy consume el 46 por
ciento del acero, el 40 por ciento del cobre y el 50 por ciento del carbón que
se produce en el mundo.
Llo que
la ha convertido en lo que los economistas, esos virtuosos del lenguaje,
definen como un monopsonio (un actor económico que logra controlar el mercado
por su capacidad de consumo, algo así como un monopolio de la demanda). Además,
la debacle de los mercados financieros convencionales disparada por la crisis
mundial de 2008-2011 llevó a muchos especuladores a refugiarse en las materias
primas, lo que también contribuyó a aumentar sus precios.
Junto
con Africa y algunas zonas de Asia, América del Sur es una de las regiones más
ricas en minerales del planeta. En los últimos años, casi todos los países han
visto una expansión acelerada de la actividad. En Brasil, por ejemplo, la
producción de bauxita pasó de 19,3 millones de toneladas en 2003 a 29 millones
en 2010, mientras que la de hierro creció de 263,7 a 370 millones de toneladas.
En Perú, que hoy lidera el ranking minero de la región, las exportaciones
totales registraron en 2011 el record de 45.726 millones de dólares, lo que
representó un incremento de 28 por ciento en comparación al año anterior: de
ellas, el 58 por ciento son minerales.
Las
exportaciones mineras provenientes del Mercosur ampliado pasaron de 13 mil
millones de dólares en 2003 a 42 mil millones en 2009 (todos datos de la
Cepal). El investigador uruguayo Eduardo Gudynas, muy crítico con el auge de la
minería y las condiciones sociales y ambientales en las que se desarrolla,
distingue sin embargo diferentes realidades (“Estado compensador y nuevos
extractivismos”, revista Nueva Sociedad Nº 237).
Para
Gudynas, países como Perú y Colombia practican un extractivismo clásico, en el
cual las empresas trasnacionales desempeñan un rol centralísimo, con escasos o
nulos controles estatales, mientras que otros países han intentado esquemas más
o menos articulados, más o menos efectivos, que tienden a incrementar el papel
regulador al Estado y aumentar los porcentajes de apropiación de la renta
minera.
Gudynas
aclara que nada de esto modifica la inserción subordinada en la economía
mundial de los países sudamericanos, que siguen siendo “tomadores de precios” y
que se han mostrado incapaces de coordinar entre sí estrategias conjuntas al
estilo de las potencias petroleras reunidas en la OPEP. Al final, las pulsiones
del boom minero resultan tan irresistibles como las de la soja y condenan a los
países de la región a su rol de exportadores de productos con escaso valor
agregado, un problema no por conocido menos real y que ha sido retratado
infinidad de veces, por ejemplo, por el padre del cine boliviano, Jorge Ruiz,
en un documental cuyo título lo dice todo: Un poquito de diversificación
económica.
En este
contexto, decir que los gobernadores cordilleranos argentinos son “gobernadores
mineros” es tan correcto como afirmar que Evo Morales u Ollanta Humala son
“presidentes mineros”. Todos ellos enfrentan la resistencia de las comunidades
locales al desarrollo de algunos de estos proyectos, como sucedió con el plan
de la empresa australiana Republic Gold Limited para invertir 59 millones de
dólares en la mina de oro Amayapampa, en el suroeste de Bolivia, o con el
proyecto aurífero Conga, en Perú.
En
Bolivia, el intento de construir una carretera para unir las regiones de
Cochabamba y Beni a través del Parque del Territorio Indígena Isiboro Sécure
generó el rechazo de las comunidades que lo habitan, quienes fueron ferozmente
reprimidas por la policía, a punto tal que Evo Morales tuvo que cambiar medio
gabinete y anunciar la suspensión del proyecto.
La
significación económica que ha adquirido la minería ayuda a entender por qué
líderes como Lula o Evo, que difícilmente puedan ser calificados como
conservadores, insisten con ella. No tanto por la capacidad de los
emprendimientos mineros de crear trabajo o articularse virtuosamente con otras
actividades económicas, pues en general funcionan como enclaves bastante
cerrados, pero sí por su impacto en las exportaciones, con sus cruciales
efectos en la balanza comercial de economías siempre sedientas de divisas, y
como vía para incrementar los recursos fiscales, a través de la apropiación de
un porcentaje variable de la renta minera.
Como
tantas otras cosas, el debate un poco exasperante que se vive hoy en Argentina
es la versión local de una tendencia más amplia. Sin meterme en la cuestión de
fondo (¿contamina la minería?, ¿crea progreso o es una garantía de expoliación
y atraso?), creo que vale la pena revisarlo desde un punto de vista más
político.
(………………..)
Una
pista interesante en este sentido es la sugerida por Mario Wainfeld: “la
licencia social”, es decir, la aprobación de las poblaciones involucradas a
través de mecanismos como plebiscitos o referéndums, como condición para la
realización de los proyectos mineros. Este tipo de consultas ayudarían a
generar un debate amplio acerca de las ventajas y desventajas de los
emprendimientos y permitirían definir situaciones trabadas de manera
democrática.
El
problema, me parece, surge cuando se hila más fino y se avanza en cuestiones de
implementación, la primera de las cuales es el alcance. ¿Quiénes deberían
votar? ¿Los habitantes de la ciudad de Famatina? ¿Los del departamento? ¿O
todos los riojanos, que tras la reforma constitucional del ’94 se convirtieron
en los únicos propietarios de su subsuelo? No hace falta ser Artemio López para
adivinar que el resultado variaría sustancialmente.
En
Argentina hay unos pocos ejemplos de consultas populares: el plebiscito por el
Beagle en 1984 y, más acá en el tiempo, el rechazo cerrado (81 por ciento) de
los habitantes de Esquel a un proyecto minero y la negativa de los misioneros
(89 por ciento) a la construcción de la represa de Corpus Cristi. En los
últimos tiempos, América latina ha construido una breve pero intensa
experiencia en este sentido, aunque en general relacionada con reformas
constitucionales y revocatorias presidenciales, como en Venezuela, Bolivia y
Ecuador.
El
método, en todo caso, ha sido probado, y de hecho Evo Morales sugirió una
consulta popular para zanjar el diferendo de la carretera y Pepe Mujica
mencionó la posibilidad de realizar un plebiscito en la disputa por la minera
de Aratirí. Curiosamente, en el caso de Gualeguaychú, que la socióloga
Maristella Svampa ha definido como el “símbolo de la resistencia socioambiental
asamblearia”, la Asamblea de vecinos se negó siempre a aceptar la resolución
vía plebiscito, como propuso en su momento el gobernador Jorge Busti. Es el
problema de los métodos de la democracia institucional, por más directa que
sea: quienes se someten a ellos están obligados a acatar el resultado, sea cual
fuere.
(SACADO de CONTEXTO)
