viernes, 14 de septiembre de 2007

ENTREVISTA A GUSTAVO PEREZ


NOTA: LA PRESENTE ES UNA ENTREVISTA AL COMPAÑERO GUSTAVO PEREZ Y NOS PARECE DE INTERES, EN VISTA DE QUE SE ESTA REINIANDO EL DIALOGO CON EL GOBIERNO POR LA SITACION DE LA CAJA.



MANUEL MÉNDEZ – Como sabemos, Aebu se ha declarado en contra de la propuesta presentada por el Poder Ejecutivo para la Caja Bancaria y ha decidido tomar una serie de acciones de lucha por este tema. ¿Cómo se han ido instrumentando estas propuestas?

GUSTAVO PÉREZ – La semana anterior a la Semana Santa el sindicato desarrolló una movilización callejera en la que se reunieron unos cuantos miles de afiliados, activos y jubilados, en una demostración inequívoca de la firmeza y la convicción con que el gremio encara la reforma de la caja. No hay visiones parciales sino que hay una convicción general del gremio en torno al tema. El Consejo Central conformó una comisión que se viene reuniendo con la participación de los sectores privado y oficial, los jubilados y el personal de la caja. Vamos a aplicar medidas de lucha, que afectan la operatoria y ponen al gremio en la calle, y también buscaremos la otra línea de acción, que tiene que ver con las entrevistas del más amplio espectro. Es una línea de trabajo que ya se ha venido realizando durante el año pasado en todo el país, pero el hecho que cambia la situación es que al día de hoy tenemos una propuesta sobre papel del Poder Ejecutivo. Ahora sí hay algo contra que confrontar, porque hasta ahora nosotros reclamábamos propuestas y que se tomara en cuenta la propuesta de Aebu de 2001. Ahora tenemos una propuesta que fija criterios más allá de su cuantificación, y no estamos de acuerdo con ellos. En la vía de los hechos la caja pierde su autonomía, se pretende seguir sosteniendo a la caja a través del aporte obrero-patronal, no se propone ensanchar el cambio afiliatorio de la caja y se la deja por fuera del análisis global del sistema financiero.

Esta serie de criterios están contrapuestos con los que nosotros proponemos, que son la autonomía de la caja, las prestaciones razonablemente proporcionales al salario en actividad, la incorporación a la caja de todos los trabajadores del sistema financiero, la creación de gravámenes a la actividad financiera, como forma de disminuir progresivamente la tasa de aportación patronal e ir sustituyéndola por esta nueva modalidad. De modo que queremos discutir el tema con el especto político, y en su momento vamos a solicitar una entrevista con el presidente de la República, porque nos da la impresión de que esta reforma no está reflejando lo que él ha anunciado en la campaña electoral y posteriormente a ella.

MM – ¿Ya se han fijado las reuniones con las bancadas?

GP – Se están solicitando. Algunas ya tuvieron lugar y otras serán esta semana y la siguiente. También habrá una serie de salidas al Interior, para movilizar a los compañeros de cada departamento y llegar al sistema político local, ya sea a los legisladores o a los dirigentes. Me parece que tanto el sistema político del gobierno como de la oposición deben tomar ingerencia en este asunto, que es un asunto político con mayúscula y tiene que ver con el relacionamiento entre un sector y el resto de la sociedad. Porque el problema de la caja no es de los bancarios. Cuesta mucho dinero y no está previsto en ningún presupuesto. Por lo tanto, hay que resolverlo de la mejor forma para el gremio y para la sociedad.

MM – ¿Se ha resuelto alguna nueva movilización con paro para Montevideo o el Interior?

GP – Sí, pero las fechas se decidirán hoy o mañana. Se ha decidido que en los próximos días haya una nueva paralización tanto en Montevideo como en el Interior. Posiblemente apliquemos un criterio de zonas o regiones, pero la idea será mostrar la decisión del gremio de movilizarse hasta las últimas consecuencias por este tema de vital importancia para el gremio.

MM – ¿Se reunirán con los ministerios de Economía y Trabajo luego de reunirse con el Poder Ejecutivo? ¿Habrá una nueva instancia para presentar una propuesta alternativa?

GP – Nosotros no vamos a presentar otra propuesta que la que ya tenemos. Nuestra propuesta es la de 2001, y por eso decimos que queremos discutir criterios políticos más allá de los números. En ese sentido es que procuraremos tener un nuevo contacto con los ministerios, que están llevando adelante esta tarea. No solo reafirmaremos nuestro rechazo a esta propuesta sino que también insistiremos en que es necesario incorporar una financiación externa al aporte obrero-patronal y aumentar el campo afiliatorio de la Caja Bancaria. De lo contrario, la institución no será viable en el futuro, y este es uno de los principales problemas que tiene el proyecto del Poder Ejecutivo. O incorporamos variables de financiación genuinas y sustentables en el tiempo o estamos trabajando sobre un proyecto que no le da viabilidad al instituto. Y esto es justamente lo que tenemos que discutir, su viabilidad. Más allá de que las cifras presentadas sean una barbaridad y sean expropiatorias, no queremos discutir sobre números, porque por encima están los criterios aplicados. El Poder Ejecutivo debería pensar que no concederle viabilidad a la caja hará que el Estado se enfrente a una serie de salidas que serán mucho más caras y gravosas, además de exponerlo a juicios. Un mal manejo de la situación dejará al Estado con mucho más para perder que para ganar. Es algo que queremos que le quede claro al sistema político, porque una mala resolución de la situación de la caja puede implicar para el Estado un problema insoluble en el tiempo en términos económicos, jurídicos y políticos.

MM – ¿Se refiere a los juicios?

GP – Seguramente, porque hay derechos adquiridos que no se pueden lesionar. Hay situaciones amparadas constitucionalmente, de modo que además de ser una salida más gravosa, económicamente hablando, el Estado se verá expuesto a una serie de juicios. A veces el sistema político no está atento, porque evidentemente no se puede estar atento a todos los temas de un país. Por eso nosotros lo hemos venido advirtiendo durante tantos años. Y ahora tenemos sobre la mesa este proyecto presentado por el Poder Ejecutivo, que está exponiendo al Estado a una serie de riesgos económicos y jurídicos.

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