lunes, 15 de junio de 2015

SERAN PAÍSES GOBERNADOS POR LAS CORPORACIONES

AL SER APROBADOS LOS “TRATADOS” COMO EL "TTIP", 
PAISES FIRMANTES NO TENDRÁN  NINGUNA  AUTORIDAD,
PARA  APROBAR O HACER CUMPLIR CUALQUIER LEY, 
QUE LAS TRANSNACIONALES ENTIENDAN "ADVERSA"  .

Escribe 
PAUL CRAIG ROBERTS (*) 
Fuente 
“Tribuna Hispana USA” 
13 de Junio 2015

(*) PAUL CRAIG ROBERTS (1939 Atlanta EU) Es un economista y periodista conservador estadounidense. Graduado en Instituto de Tecnología de Georgia, Universidad de Virginia. Subsecretario del Tesoro en la administración Reagan.  Editor Asociado de la página editorial del Wall Street Journal y editor colaborador de National Review. Publica en  CounterPunch/AK Press y otros varios medios. Coautor de "The Tyranny of Good Intentions" (La tiranía de las buenas intenciones.) Su último libro es "How the Economy Was Lost" (Como la economía estaba perdida). Se le ubica muy crítico hacia la actual política de Estados Unidos.


La Asociación Transatlántica de Comercio e Inversión (TTIP por sus siglas en inglés) no tiene nada que ver con el libre comercio. La
expresión “libre comercio” suele utilizarse para enmascarar el poder que estos acuerdos otorgan a las corporaciones, permitiéndolas demandar a los Estados para anular la legislación nacional que regula la contaminación, la seguridad alimentaria, los transgénicos y los salarios mínimos. Lo primero que es preciso entender es que estos denominados “tratados” o “asociaciones” no son leyes aprobadas por el Congreso. La

constitución de Estados Unidos atribuye al Congreso la autoridad de legislar, pero estas leyes se escriben sin la participación del mismo. Sus autores son exclusivamente las grandes empresas y su único objetivo es mantener y aumentar su poder y sus beneficios. La oficina del Representante para el Comercio estadounidense fue creada con el fin de permitir que las grandes empresas dictaran leyes que solo sirven a sus propios intereses. Este fraude a la constitución y al pueblo se


encubre denominando “tratados” a las leyes comerciales. Más aún, el Congreso ni siquiera está autorizado a conocer el contenido de las leyes y se ve limitado a aceptar o rechazar las que llegan al Congreso para su aprobación. Por lo general suele dar el visto bueno porque —según el mantra de la Propaganda— “se ha trabajado mucho en ellas” y “el libre comercio nos beneficiará a todos”. Los medios “presstitutos” han


desviado la atención del contenido de las leyes tramitadas por “vía rápida”. Cuando se acepta dicho procedimiento, el Congreso acepta que las corporaciones redacten las leyes sobre comercio sin la participación de la cámara legislativa. Incluso las críticas a las “asociaciones” son una cortina de humo. Los países acusados de utilizar mano de obra esclava pueden ser excluidos, pero esta exclusión no llegará a producirse nunca. Los superpatriotas se quejan de que la soberanía de Estados Unidos es violada por “intereses extranjeros”, pero lo cierto es que son las propias corporaciones estadounidenses las que violan la soberanía de EE.UU. La verdadera función de las “asociaciones o tratados” es aumentar la inmunidad de las empresas privadas frente a las leyes de los países soberanos sobre la base de que dichas leyes


tienen un impacto negativo sobre los beneficios corporativos y constituyen una “restricción al comercio”. Por ejemplo, bajo el Tratado Trasatlántico, las leyes francesas contra los transgénicos podrían ser anuladas al considerarse “restricciones al comercio” merced a las demandas judiciales iniciadas por Monsanto. Las compañías tabacaleras pueden demandar a los estados por incluir advertencias sobre la salud en los paquetes de cigarrillos, ya que estos textos pueden disuadir de fumar


y por tanto constituyen una “restricción al comercio”. Las iniciativas destinadas a controlar las emisiones perjudiciales para el medio ambiente también podrían ser objeto de demandas judiciales por parte de las grandes empresas. Bajo el Tratado Trasatlántico (TTIP) las corporaciones serían compensadas por los “ingresos reguladores”, que es como las corporaciones denominan a la protección medioambiental.
Esto significa, evidentemente, que los contribuyentes tendrían que pagar daños a las empresas contaminantes. Los países que exigen que se realicen pruebas a los alimentos importados, como la de la triquinosis a los productos de origen porcino o aquellas a las que se somete a las verduras para detectar residuos de fumigación también podrían ser llevados a los tribunales por las empresas, porque esta regulación incrementa el
coste de las importaciones. Los países que no ofrecen protección a las marcas farmacéuticas y productos químicos y permiten la utilización de genéricos en su lugar pueden ser demandados por daños a las empresas. Bajo el TTIP, las únicas que pueden demandar son las empresas. Los sindicatos no pueden hacerlo si sus miembros se ven perjudicados por la deslocalización de empleos y los ciudadanos no pueden interponer demandas cuando su salud o sus suministros de agua se vean perjudicados por las emisiones contaminantes de las corporaciones. Ni siquiera el propio Obama puede participar en el proceso. Así son las cosas: el Representante del Comercio es una marioneta de las corporaciones. 

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