AL SER APROBADOS LOS “TRATADOS” COMO EL "TTIP",
PAISES FIRMANTES NO
TENDRÁN NINGUNA AUTORIDAD,
PARA APROBAR O HACER CUMPLIR CUALQUIER LEY,
PARA APROBAR O HACER CUMPLIR CUALQUIER LEY,
QUE LAS TRANSNACIONALES ENTIENDAN "ADVERSA" .
Escribe
PAUL CRAIG ROBERTS (*)
Fuente
“Tribuna Hispana USA”
13 de
Junio 2015
(*)
PAUL CRAIG ROBERTS (1939 Atlanta EU) Es un economista y periodista conservador
estadounidense. Graduado en Instituto de Tecnología de Georgia, Universidad de
Virginia. Subsecretario del Tesoro en la administración Reagan. Editor Asociado de la página editorial del
Wall Street Journal y editor colaborador de National Review. Publica en CounterPunch/AK Press y otros varios medios.
Coautor de "The Tyranny of Good Intentions" (La tiranía de las buenas
intenciones.) Su último libro es "How the Economy Was Lost" (Como la
economía estaba perdida). Se le ubica muy crítico hacia la actual política de
Estados Unidos.
La
Asociación Transatlántica de Comercio e Inversión (TTIP por sus siglas en
inglés) no tiene nada que ver con el libre comercio. La
expresión “libre
comercio” suele utilizarse para enmascarar el poder que estos acuerdos otorgan
a las corporaciones, permitiéndolas demandar a los Estados para anular la
legislación nacional que regula la contaminación, la seguridad alimentaria, los
transgénicos y los salarios mínimos. Lo primero que es preciso entender es que
estos denominados “tratados” o “asociaciones” no son leyes aprobadas por el
Congreso. La
constitución de Estados Unidos atribuye al Congreso la autoridad
de legislar, pero estas leyes se escriben sin la participación del mismo. Sus
autores son exclusivamente las grandes empresas y su único objetivo es mantener
y aumentar su poder y sus beneficios. La oficina del Representante para el
Comercio estadounidense fue creada con el fin de permitir que las grandes
empresas dictaran leyes que solo sirven a sus propios intereses. Este fraude a
la constitución y al pueblo se
encubre denominando “tratados” a las leyes
comerciales. Más aún, el Congreso ni siquiera está autorizado a conocer el
contenido de las leyes y se ve limitado a aceptar o rechazar las que llegan al
Congreso para su aprobación. Por lo general suele dar el visto bueno porque
—según el mantra de la Propaganda— “se ha trabajado mucho en ellas” y “el libre
comercio nos beneficiará a todos”. Los medios “presstitutos” han
desviado la
atención del contenido de las leyes tramitadas por “vía rápida”. Cuando se
acepta dicho procedimiento, el Congreso acepta que las corporaciones redacten
las leyes sobre comercio sin la participación de la cámara legislativa. Incluso
las críticas a las “asociaciones” son una cortina de humo. Los países acusados
de utilizar mano de obra esclava pueden ser excluidos, pero esta exclusión no
llegará a producirse nunca. Los superpatriotas se quejan de que la soberanía de
Estados Unidos es violada por “intereses extranjeros”, pero lo cierto es que
son las propias corporaciones estadounidenses las que violan la soberanía de
EE.UU. La verdadera función de las “asociaciones o tratados” es aumentar la
inmunidad de las empresas privadas frente a las leyes de los países soberanos
sobre la base de que dichas leyes
tienen un impacto negativo sobre los
beneficios corporativos y constituyen una “restricción al comercio”. Por
ejemplo, bajo el Tratado Trasatlántico, las leyes francesas contra los
transgénicos podrían ser anuladas al considerarse “restricciones al comercio”
merced a las demandas judiciales iniciadas por Monsanto. Las compañías
tabacaleras pueden demandar a los estados por incluir advertencias sobre la
salud en los paquetes de cigarrillos, ya que estos textos pueden disuadir de
fumar
y por tanto constituyen una “restricción al comercio”. Las iniciativas
destinadas a controlar las emisiones perjudiciales para el medio ambiente
también podrían ser objeto de demandas judiciales por parte de las grandes
empresas. Bajo el Tratado Trasatlántico (TTIP) las corporaciones serían
compensadas por los “ingresos reguladores”, que es como las corporaciones
denominan a la protección medioambiental.
Esto significa, evidentemente, que
los contribuyentes tendrían que pagar daños a las empresas contaminantes. Los
países que exigen que se realicen pruebas a los alimentos importados, como la
de la triquinosis a los productos de origen porcino o aquellas a las que se
somete a las verduras para detectar residuos de fumigación también podrían ser
llevados a los tribunales por las empresas, porque esta regulación incrementa
el
coste de las importaciones. Los países que no ofrecen protección a las
marcas farmacéuticas y productos químicos y permiten la utilización de
genéricos en su lugar pueden ser demandados por daños a las empresas. Bajo el
TTIP, las únicas que pueden demandar son las empresas. Los sindicatos no pueden
hacerlo si sus miembros se ven perjudicados por la deslocalización de empleos y
los ciudadanos no pueden interponer demandas cuando su salud o sus suministros
de agua se vean perjudicados por las emisiones contaminantes de las
corporaciones. Ni siquiera el propio Obama puede participar en el proceso. Así
son las cosas: el Representante del Comercio es una marioneta de las
corporaciones.
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