CAJA BANCARIA
SAQUEO Y CRUELDAD
Rafael Bayce - CARAS Y CARETAS - 7/9/07
La Caja Bancaria, fundada en 1925 en uno de los grandes momentos de auge de la economía nacional, integra el grupo selecto de las cajas paraestatales, de las cuales fue la mejor administrada y la que proporcionó a quienes aportaban, no solo puntuales pagos y aguinaldos, sino otra cantidad de pequeños beneficios de diversa índole con que recompensaba a sus afiliados como producto de esa buena gestión. Sin embargo, sufrió, por un lado, los efectos de dos fenómenos a los que no se escaparon los sistemas de seguridad social del mundo entero. Y, por otro, el saqueo a la que fue sometida en tres oportunidades por parte del Estado.
CAUSAS DE LA CRISIS
Uno: El aumento e la esperanza de vida llevó a que fallaran los cálculos que imaginaban puntos de equilibrio entre los años de aportes y los de retiro. Personas e instituciones aportaban por sus años de trabajo pero recibían durante muchos más como consecuencia de los progresos técnicos de la medicina.
Dos: La informatización administrativa, los cajeros automáticos y las operaciones a distancia disminuyeron la cantidad de mano de obra que podría aportar para compensar el cambio de esos puntos de equilibrio ingresos–egresos.
Tres: La tercerización e actividades y servicios, que también impacta, como la causa anterior en el número de contribuyentes a dicha Caja.
A esas tres causas estructurales e crisis de los sistemas de previsión social se suman algunas otras más “criollas” a la vernácula crisis de la Caja Bancaria, que no solo dejó e tener superávit para bien de sus afiliados, sino que ahora está consumiendo sus reservas y vendiendo su patrimonio para hacer frente a sus obligaciones.
Y no podrá seguir mucho tiempo más haciéndolo, porque tanto reservas como patrimonio están cerca e agotarse.
Uno: El aumento e la esperanza de vida llevó a que fallaran los cálculos que imaginaban puntos de equilibrio entre los años de aportes y los de retiro. Personas e instituciones aportaban por sus años de trabajo pero recibían durante muchos más como consecuencia de los progresos técnicos de la medicina.
Dos: La informatización administrativa, los cajeros automáticos y las operaciones a distancia disminuyeron la cantidad de mano de obra que podría aportar para compensar el cambio de esos puntos de equilibrio ingresos–egresos.
Tres: La tercerización e actividades y servicios, que también impacta, como la causa anterior en el número de contribuyentes a dicha Caja.
A esas tres causas estructurales e crisis de los sistemas de previsión social se suman algunas otras más “criollas” a la vernácula crisis de la Caja Bancaria, que no solo dejó e tener superávit para bien de sus afiliados, sino que ahora está consumiendo sus reservas y vendiendo su patrimonio para hacer frente a sus obligaciones.
Y no podrá seguir mucho tiempo más haciéndolo, porque tanto reservas como patrimonio están cerca e agotarse.
LOS SAQUEOS CRIOLLOS
Uno: En la década del cincuenta, la Caja Bancaria compró bonos de deuda municipales y nacionales que servirían para financiar obras de infraestructura.
Esa patriótica inversión fue liquidada por la inflación de fines de los años cincuenta, que marcaron una grave inflexión en la historia económica de Uruguay con la reforma cambiaria y monetaria que, vista retrospectivamente, parece haber sido uno de los aceleradores más importantes de todas las crisis que el país sufrió posteriormente.
Dos: Quizá como premio a su buena gestión y a la pérdida que había sufrido por culpa de su patriótica inversión e fines de los cincuenta, un decreto de la dictadura simplemente saqueó de frente y a mano a las tres cajas paraestatales, con preferencia a la Bancaria, la más floreciente y acaudalada de todas.
Tres: Con la ayuda de un marco legal incomprensiblemente estático, la dinámica realidad financiera vinculada al sistema bancario, apoyada en una tercerización de actividades y servicios, exhibe una tropical fauna de empresas e intermediación financiera que aportan al BPS y no a la Caja Bancaria, debido que los aportes al BPS son sensiblemente menores que los otros.
Eso se les siguió permitiendo, al punto que solo 70 de las 270 empresas de actividades y servicios de intermediación bancaria y financiera aportan a la Caja Bancaria.
Doscientos lo hacen al BPS. Además, esto supone entre ocho y doce mil aportantes menos a Caja Bancaria que, al día de hoy, cuenta con doce mil contribuyentes contra 16 mil beneficiarios más longevos que lo calculado al momento de definir los aportes.
Con solo obligar a esas empresas a aportar a la Caja a la que debieran hacerlo, probablemente bastaría. Pero…
Cuarto: La crisis de 2002, que entre los bancarios fue absorbida mediante una suma de esfuerzos aportados por los jubilados y pensionistas, la intensa recuperación de fondos y venta de activos de los bancos quebrados y la solidaridad de los trabajadores que accedieron al Nuevo Banco Comercial. Todavía están esperando cobrar 38 millones de dólares de un juicio que los destituidos le ganaron al Estado.
Vale la pena señalar que, cuando hablamos de formas de “saqueo” público a la Caja Bancaria a la Caja Bancaria incluimos la responsabilidad indudable, que tiene nombre jurídico en lo civil –culpa in vigilia– que tiene nombre en términos penales de delitos y faltas administrativas.
Porque si bien es cierto que los Peirano arriesgaron indebidamente los fondos de sus clientes y los perdieron, fueron chivos expiatorios de un vaciamiento el sistema que abarcó a otros bancos y a otros personajes que han seguido perfectamente impunes.
Y no es menor el papel que el Banco Central tuvo en todas las crisis bancarias habidas en los últimos cincuenta años en el país. Porque si los defraudadores y vaciadores fueron privados, sus clientes suponen que hay un sistema de controles que debería impedirles a los bancos intentar o concretar las maniobras que después generaron lo que generaron.
El Estado no puede lavarse las manos ante la crisis e una Caja paraestatal que tuvo su primer “insuceso” económico–financiero por comprarle bonos al Estado. Que fue, después, saqueada –casi rapiñada– por el gobierno de facto.
Que no modificó la legislación que permite a las empresas beneficiarias de tercerizaciones e intermediación bancaria aportar al BPS y no a la Caja Bancaria. Finalmente, ese mismo Estado –a pesar de que fueron distintos los gobiernos bajo los que se fue gestando la crisis e la Caja– tuvo la incompetencia, negligencia, omisión de intervención y de diligencia –por usar términos más blandos que merecerían– de permitir las acciones riesgosas o vaciadoras para mitigar las cuales el Estado también gastó lo que no debía. El Estado es uno solo.
Un gobierno actual no puede refugiarse en el cómodo “fueron otros”. Debe, ética y políticamente, hacerse cargo de todo esto y buscar soluciones que AEBU y muchos economistas han sugerido.
Ya hay un primer progreso cuando el arrogante y estreñido MEF parece haber aceptado una mesa de diálogo con respecto a la crisis e la Caja Bancaria
Uno: En la década del cincuenta, la Caja Bancaria compró bonos de deuda municipales y nacionales que servirían para financiar obras de infraestructura.
Esa patriótica inversión fue liquidada por la inflación de fines de los años cincuenta, que marcaron una grave inflexión en la historia económica de Uruguay con la reforma cambiaria y monetaria que, vista retrospectivamente, parece haber sido uno de los aceleradores más importantes de todas las crisis que el país sufrió posteriormente.
Dos: Quizá como premio a su buena gestión y a la pérdida que había sufrido por culpa de su patriótica inversión e fines de los cincuenta, un decreto de la dictadura simplemente saqueó de frente y a mano a las tres cajas paraestatales, con preferencia a la Bancaria, la más floreciente y acaudalada de todas.
Tres: Con la ayuda de un marco legal incomprensiblemente estático, la dinámica realidad financiera vinculada al sistema bancario, apoyada en una tercerización de actividades y servicios, exhibe una tropical fauna de empresas e intermediación financiera que aportan al BPS y no a la Caja Bancaria, debido que los aportes al BPS son sensiblemente menores que los otros.
Eso se les siguió permitiendo, al punto que solo 70 de las 270 empresas de actividades y servicios de intermediación bancaria y financiera aportan a la Caja Bancaria.
Doscientos lo hacen al BPS. Además, esto supone entre ocho y doce mil aportantes menos a Caja Bancaria que, al día de hoy, cuenta con doce mil contribuyentes contra 16 mil beneficiarios más longevos que lo calculado al momento de definir los aportes.
Con solo obligar a esas empresas a aportar a la Caja a la que debieran hacerlo, probablemente bastaría. Pero…
Cuarto: La crisis de 2002, que entre los bancarios fue absorbida mediante una suma de esfuerzos aportados por los jubilados y pensionistas, la intensa recuperación de fondos y venta de activos de los bancos quebrados y la solidaridad de los trabajadores que accedieron al Nuevo Banco Comercial. Todavía están esperando cobrar 38 millones de dólares de un juicio que los destituidos le ganaron al Estado.
Vale la pena señalar que, cuando hablamos de formas de “saqueo” público a la Caja Bancaria a la Caja Bancaria incluimos la responsabilidad indudable, que tiene nombre jurídico en lo civil –culpa in vigilia– que tiene nombre en términos penales de delitos y faltas administrativas.
Porque si bien es cierto que los Peirano arriesgaron indebidamente los fondos de sus clientes y los perdieron, fueron chivos expiatorios de un vaciamiento el sistema que abarcó a otros bancos y a otros personajes que han seguido perfectamente impunes.
Y no es menor el papel que el Banco Central tuvo en todas las crisis bancarias habidas en los últimos cincuenta años en el país. Porque si los defraudadores y vaciadores fueron privados, sus clientes suponen que hay un sistema de controles que debería impedirles a los bancos intentar o concretar las maniobras que después generaron lo que generaron.
El Estado no puede lavarse las manos ante la crisis e una Caja paraestatal que tuvo su primer “insuceso” económico–financiero por comprarle bonos al Estado. Que fue, después, saqueada –casi rapiñada– por el gobierno de facto.
Que no modificó la legislación que permite a las empresas beneficiarias de tercerizaciones e intermediación bancaria aportar al BPS y no a la Caja Bancaria. Finalmente, ese mismo Estado –a pesar de que fueron distintos los gobiernos bajo los que se fue gestando la crisis e la Caja– tuvo la incompetencia, negligencia, omisión de intervención y de diligencia –por usar términos más blandos que merecerían– de permitir las acciones riesgosas o vaciadoras para mitigar las cuales el Estado también gastó lo que no debía. El Estado es uno solo.
Un gobierno actual no puede refugiarse en el cómodo “fueron otros”. Debe, ética y políticamente, hacerse cargo de todo esto y buscar soluciones que AEBU y muchos economistas han sugerido.
Ya hay un primer progreso cuando el arrogante y estreñido MEF parece haber aceptado una mesa de diálogo con respecto a la crisis e la Caja Bancaria
PROPUESTAS Y CONTRAPROPUESTAS
Las propuestas del MEF son de una crueldad social ya paradigmática:
a) Topear los ingresos pasivos en 26.421.
b) Mínimo no imponible de 9.816.
c) Tributación progresiva: 40 % entre 9.816 y 16.360, del 45 % hasta 24.250, del 50 % hasta 40.900 y del 100 % por encima
Drácula un poroto. Se ignora toda la historia de la Caja Bancaria y de todos los elementos gubernamentales y estatales –además de los estructurales– que han contribuido, por falta de actualización legal y por incompetencia, negligencia, error u omisión de deberes –en el mejor de los casos– a la crisis de la Caja.
Que era superavitaria y floreciente hasta que el Estado la dañó con la inflación que liquidó el valor de sus Bonos en los cincuenta, la “rapiño” de frente en los ochenta, no ajustó la legislación para empresas intermediarias tercerizadoras en los últimos 25 años, y ayudó entusiastamente, desde las cúpulas políticas y del Banco Central a que la crisis del 2002 cayera espectacularmente encima de la Caja Bancaria.
Las propuestas de los bancarios, que ya estaban articuladas desde el gobierno de Jorge Batlle y se mantienen hoy, son mucho más lógicas, estructurales y nada crueles:
a) Afiliación a la Caja Bancaria de todos los funcionarios de las empresas intermediadotas financieras y prestadoras de servicios tercerizados en lugar de hacerlo al BPS (entre ocho y doce mil)
b) Gravámenes alas operaciones financieras internacionales.
c) Rebajas de los aportes patronales para favorecer la afiliación a la Caja, la contratación de funcionarios y la integración de todo lo mercerizado a su ámbito natural: la Caja Bancaria.
Elemental Watson.
Solo quien siga empeñado en destruir a la clase media –además de la reforma tributaria y los precios– y hacerle pagar el precio de la redistribución salvando a las clases altas, puede proponer las soluciones que el MEF ha propuesto.
E ignorar las propuestas que los bancarios han hecho y siguen haciendo. Además, los bancarios han demostrado sobradamente su capacidad para la recuperación de fondos, para liquidar activos, para accionar contra el Estado, el sacrificio de sus ingresos para contemplar crisis –por ejemplo, descuentos a pasivos, renuncia al despido por los reingresados en el NBC en beneficio de otros no tan beneficiados–. Lo que proponen no solo permitiría solventar una crisis absolutamente ininputable a la Caja Bancari, sino que serviría para catapultar reformas legales e extremada utilidad y justicia para todo el sistema bancario, financiero y previsional.
Ojalá que, además, sirviera para destapar tarros que pudieran dotar de uniforme rayado y medio ambiente enrejado a muchos jerarcas del sistrema bancario y de las instituciones financieras.
Y que pudieran, también, darle al pueblo uruguayo la posibilidad de saber si los errores, horrores, negligencias, permisividades, omisiones, dilaciones y especies peores e mala administración, no vinieron desde más arriba aún.
Las propuestas del MEF son de una crueldad social ya paradigmática:
a) Topear los ingresos pasivos en 26.421.
b) Mínimo no imponible de 9.816.
c) Tributación progresiva: 40 % entre 9.816 y 16.360, del 45 % hasta 24.250, del 50 % hasta 40.900 y del 100 % por encima
Drácula un poroto. Se ignora toda la historia de la Caja Bancaria y de todos los elementos gubernamentales y estatales –además de los estructurales– que han contribuido, por falta de actualización legal y por incompetencia, negligencia, error u omisión de deberes –en el mejor de los casos– a la crisis de la Caja.
Que era superavitaria y floreciente hasta que el Estado la dañó con la inflación que liquidó el valor de sus Bonos en los cincuenta, la “rapiño” de frente en los ochenta, no ajustó la legislación para empresas intermediarias tercerizadoras en los últimos 25 años, y ayudó entusiastamente, desde las cúpulas políticas y del Banco Central a que la crisis del 2002 cayera espectacularmente encima de la Caja Bancaria.
Las propuestas de los bancarios, que ya estaban articuladas desde el gobierno de Jorge Batlle y se mantienen hoy, son mucho más lógicas, estructurales y nada crueles:
a) Afiliación a la Caja Bancaria de todos los funcionarios de las empresas intermediadotas financieras y prestadoras de servicios tercerizados en lugar de hacerlo al BPS (entre ocho y doce mil)
b) Gravámenes alas operaciones financieras internacionales.
c) Rebajas de los aportes patronales para favorecer la afiliación a la Caja, la contratación de funcionarios y la integración de todo lo mercerizado a su ámbito natural: la Caja Bancaria.
Elemental Watson.
Solo quien siga empeñado en destruir a la clase media –además de la reforma tributaria y los precios– y hacerle pagar el precio de la redistribución salvando a las clases altas, puede proponer las soluciones que el MEF ha propuesto.
E ignorar las propuestas que los bancarios han hecho y siguen haciendo. Además, los bancarios han demostrado sobradamente su capacidad para la recuperación de fondos, para liquidar activos, para accionar contra el Estado, el sacrificio de sus ingresos para contemplar crisis –por ejemplo, descuentos a pasivos, renuncia al despido por los reingresados en el NBC en beneficio de otros no tan beneficiados–. Lo que proponen no solo permitiría solventar una crisis absolutamente ininputable a la Caja Bancari, sino que serviría para catapultar reformas legales e extremada utilidad y justicia para todo el sistema bancario, financiero y previsional.
Ojalá que, además, sirviera para destapar tarros que pudieran dotar de uniforme rayado y medio ambiente enrejado a muchos jerarcas del sistrema bancario y de las instituciones financieras.
Y que pudieran, también, darle al pueblo uruguayo la posibilidad de saber si los errores, horrores, negligencias, permisividades, omisiones, dilaciones y especies peores e mala administración, no vinieron desde más arriba aún.
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