DE ESA SEGURIDAD SOCIAL

“JUBILARSE

SIGUE SIENDO

UNA CONDENA”

Escribe
JOSÉ LUIS SAMPAYO PÍREZ
JUBICERRO MARZO 2009

Tal vez, alguien que se encuentre alejado del tema de la Previsión Social en Uruguay, que deben ser muy pocos pues a todos nos toca muy de cerca, piense que en general, las percepciones tienen cierta dignidad.

En cualquier gobierno, sea del pelo que sea, hay actores políticos que denostan al sistema de Seguridad Social y lo señalan como responsable de las peripecias económicas que el país sufre ya en forma histórica. Lo hemos visto permanentemente. Es más. La Constitución actual contiene en su artículo 86 una forma de venganza contra la potestad que alguna vez esgrimió el parlamento para modificar el sistema previsional. La ley de Escala Móvil Jubilatoria de 1960 gestó, a la par de generar una reivindicación para los beneficiarios de las pasividades, la sed de venganza del Poder Ejecutivo que contemplaba de qué forma, los parlamentarios también administraban la redistribución de riqueza desde las bancas donde se sentaban representantes de todo el país. La “reforma naranja” fue la herramienta para quitarle al parlamento esa potestad.

La pre-dictadura pachequista, la dictadura y todos los gobiernos posteriores, nos han hecho sentir extraños en nuestra propia casa. Los militares al igual que Pinochet, se salvaron ellos y nos dedicaron el Acta Institucional Nº 9, tan inconstitucional como la ley de caducidad o más aún, dado que esta por lo menos se llama ley y fue votada por un parlamento. Aquella, fue un invento de no sé que mente enfermiza y su denominación ni siquiera pasa cerca de la Constitución. Para alegría de todos los gobernantes posteriores a la dictadura, el Acta Nº 9 sigue vigente y nadie se anima a tocarla definitivamente. Pero a ello debemos agregar la voluntad manifiesta de todos los gobiernos posteriores a Gregorio Álvarez, quienes tomaron a la Seguridad Social como un elemento de ajuste fiscal.

A Sanguinetti en su primer gobierno se le debieron interponer recursos para que pagara la devaluación sistemática de las jubilaciones y pensiones, hecho este que gestó el renacimiento de la organización entre los pasivos. A Lacalle se le impuso la modificación del artículo 67 de la Constitución, a lo que nos contestó con la pretensión de modificar por cuatro veces el sistema, incluso en una Rendición de Cuentas, lo que fue recurrido y anulado en fallo de la Suprema Corte de Justicia. Sanguinetti “vendió” el sistema privatizándolo y dio vía libre a las AFAP en connivencia con Alberto Volonté, en aquel momento cabeza visible del Partido Nacional y que entregó sus votos a la creación de la Ley 16.713, junto a Danilo Astori del Frente Amplio y a Michelini del Nuevo Espacio.

Jorge Batlle también nos regaló sus arengas justificantes de incapacidad. Dijo que los jubilados y pensionistas le llevaban dos mil millones de dólares al país por año, en una de las patrañas históricas más repugnantes que los uruguayos hayan escuchado. Justo él, que ratificó el pago en especies de Lacalle, que regaló aportes patronales a los ómnibus, taxímetros, a los patrones rurales y que permitió el vaciamiento de bancos por la omisión de controles del Banco Central, presidido por su primo Cesar Rodríguez Batlle, - que todavía anda suelto - y del cual los actuales gobernantes “se han olvidado”. Jorge justificaba la asistencia de rentas generales al BPS con esas arengas, pero se cuidaba de decir que por esa vía pagábamos entre todos lo que él le regalaba a los empresarios en aportes patronales exonerados.
Para el actual gobierno, los jubilados y pensionistas no han contado.

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Ya lo sabíamos pues al iniciar la gestión el Cr. Danilo Astori dijo muy claramente que las pasividades en este período no iban a cambiar. En este sentido hay que reconocer que Astori fue coherente. Nada de esto cambió y es más, no salió a batirse el parche cuando ajustó las pasividades más sumergidas como lo hicieron otros jerarcas del gobierno. Es que entiende que las pasividades miserables lo siguen siendo tanto o más que antes. Jubilarse sigue siendo una condena, Presidente. Hay dos o tres hechos a remarcar. La preocupación de este gobierno dista mucho de lo insinuado.

Formó antes de la elección y de conformar su programa, equipos de trabajo en Seguridad Social. Elaboró un programa contemplando los aspectos más negativos. Escuchó propuestas y posibles soluciones. Después de la elección y cuando vimos por ejemplo, que la Comisión de Seguridad Social de la cámara baja la integraban cuatro personas, presumimos lo que se venía. Nos habían dado “cero pelota”. Debemos recordar la actitud de este partido cuando reiteradamente criticó la imposición del Acta Institucional Nº 9. Hay ríos de tinta sobre las críticas de los que hoy gobiernan cuando eran oposición. Sin embargo, nada han hecho para cambiar lo que está vigente de esa pseudo norma.

También se opusieron, en su inmensa mayoría a la privatización de sistema jubilatorio por medio de la Ley 16.713. La ley está como al principio y si bien hay una flexibilización a la edad años de servicios para jubilarse, los resultados de esto son tan miserables como la propia ley lo es: su tasa de reemplazo es la misma y si menos años se requieren de servicios y de edad, también la asignación de jubilación es menor. Cuando se sancionó la ley 16.713, hasta el propio Presidente Vázquez firmó una papeleta para un eventual referéndum. Una vez en la presidencia se olvidó.

Cuando Sanguinetti – Volonté urdieron la maniobra para contrarrestar la modificación del artículo 67 de la Constitución, mediante la sanción de la Ley 16.903, en cuanto a los plazos de los ajustes, el Frente Amplio se opuso. Arismendi y Couriel fueron los voceros de los que no querían la ley, lo expresaron en sala y propusieron otra clase de modificación que no empeorara la situación de los pasivos. Hoy en el gobierno, también se olvidaron. Hay algunas evidencias, muy sucintas, que denuncian las carencias en este sentido, lo que también denuncia el resultado de lo poco o nada que se ha hecho en este sentido.

Al 31 de diciembre de 2008 de un total de 561.784 jubilados y pensionistas, 322.242 o sea el 57.36 % cobra menos de $ 5.325. De ellos, 141.080 son jubilados, el 40,67 %. Es decir, trabajaron toda una vida para percibir al final de sus días lo necesario para comer 7 días, que es lo que marca el precio de la canasta de pobreza ($ 23.333 Según el I.N.E. de la Facultad de Ciencias Económicas para febrero 2009). ¿Es esto una jubilación o una dádiva miserable? Al 31 de diciembre pasado, el promedio general de las pasividades es de $ 5.378,68. Pero además, el promedio general de las jubilaciones es de $ 7.319,22.

Hoy el país está en plena efervescencia política. La campaña es entre propios y extraños. De los jubilados y pensionistas no se acuerda nadie, más allá de algún operador político que se entrevera para que los medios hagan su trabajo. Sabemos que no decidimos ninguna elección. El día que hay que votar, todos olvidamos un poco las actitudes de quienes nos piden el sufragio. Somos “jauleros”. Si de la misma forma que nos sentimos solidarios en forma individual, llegáramos algún día a tener conciencia gremial y aplicarla en los momentos fundamentales en que tenemos que ser solidarios con los maltratados, estamos seguros de que se terminan los partidos políticos cuya ambición queda desnuda cuando llegan al ganar una elección. En más de sesenta años sólo vi llegar ambiciosos de poder y no de gobernar.

JOSÉ LUIS SAMPAYO PÍREZ
JUBICERRO MARZO 2009