LA CANASTA DE LOS
POBRES
Escribe
JOSÉ LUIS
Escribe
JOSÉ LUIS
SAMPAYO PÍREZ
La marcada diferencia entre las percepciones de los que más tienen, acentuada en estos últimos años y que deja una brecha aún mayor entre ricos y pobres por la mala distribución de la riqueza, ha generado un reconocimiento oficial de que existen por lo menos, dos “canastas” de alimentos que sirven como referencia a tomar de lo que necesitan las familias uruguayas para su diario vivir en un caso o para su sobrevivencia en el otro.
Los jubilados y pensionistas ven afectadas sus economías por factores distintos al resto de la población y que inciden en gran forma sobre la erosión que les causa la inflación, pero por sobre todas las cosas en el incremento muy puntual de elementos que les son imprescindibles, además de los gastos naturales y normales que afectan a los demás.
Dichos gastos se concentran en diversos elementos que, justamente, son los que más alientan la especulación que hasta ahora el gobierno no podido o sabido controlar y que nos expone día a día a que los ajustes recibidos se esfumen con la rapidez que los especuladores fijan con la ayuda de la lamentable concepción que del “libre mercado” tienen los responsables de la administración.
En la franja etaria de los 60 años hacia arriba, el promedio general demanda por sobre todo, gastos de salud. Cuando una persona entra a una entidad de asistencia médica, el panorama dominante de la detección visual debería ser la de una estructura preparada para atender gente con problemas de salud, policlínicas, enfermeros, médicos y un ámbito dedicado enteramente al cuidado sanitario.
La realidad es muy distinta. Se ven largas filas de gente en pugna por pagar lo que le cobran por atenderla, múltiples cajas cobradoras, carteles de precios a cobrar, amenazas de que debe pagar antes de concurrir a tal examen, prevención de que debe estar al día, aunque al día estamos todo el año. Es todo más parecido a una infraestructura bancaria que a un lugar de asistencia de salud.
Y es esto algo que todos saben: los jubilados y los pensionistas son, naturalmente, quienes más atención sanitaria demandan, pero por lejos, son los que financian la existencia de esos centros de asistencia. En esto hay una gran culpabilidad política: los jubilados y pensionistas fueron dejados fuera de la posibilidad de de integrarse al FONASA porque, justamente, el FONASA es posible si ellos siguen pagando su atención “al contado” y sin crédito, para sostener el sistema.
430 mil jubilados y pensionistas no tienen derecho a la asistencia médica si no están al día con su entidad prestadora de servicios. Para ellos no hay DISSE, FONASA o pago de la cuota mutual por parte del BPS.
Esta es una las consecuencias que hace vulnerable por parte del impacto de la inflación, al bolsillo de los pasivos. Es un gasto oneroso, inevitable y sin techo, el único techo lo marca la enfermedad de cada uno pudiere tener.
Otra parte importante de la liviandad de la “canasta” es el rubro frutas y verduras. Los gobernantes tratan de hacer equilibrio entre la necesidad de la gente y el grito de las corporaciones interesadas en que los dejen seguir especulando con el precio. Es cierto que estos rubros tienen una dependencia climatológica muy marcada, pero no es menos cierto que, cualquiera sea la situación, ella sirve como pretexto para cobrar a precios exorbitantes cualquier mercadería, más allá de la calidad o estado de la misma.
La carne es la otra situación visible de la carestía impuesta. Este caso de la carne es tragicómico. Hay un señor que detenta el cargo de Director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y hace anuncios de rebajas de precios que nunca se cumplen, pero si se cumplen a los pocos días de sus intervenciones los aumentos de tarifas que nadie anuncia. Luego, como quien juega al Gran Bonete, se anuncia que no se sabe donde está el que queda con la ganancia exorbitante en la cadena que trasiega la mercadería y que paga en definitiva el consumidor. Viva el libre mercado.
Una cláusula debemos dedicarle también a las tarifas públicas. En la época en que más agua se gasta, la OSE sube un 8 % y UTE sube un 2,3 %. Si bien los jubilados y pensionistas podemos pagar menos por el supergás, en baja, siempre nos superan las otras tarifas públicas dado que hay algunas que nunca bajan: electricidad, agua, teléfono, impuestos, contribución inmobiliaria, (el que tiene la suerte de ser propietario), alcantarillado, saneamiento.
En definitiva, el Instituto de Estadística de la Facultad de Ciencias Económicas, estima que la “canasta básica de bienes y servicios” de enero fue de $ 23.417. (Veintitrés mil cuatrocientos diecisiete pesos), cifra muy lejana para los muchos miles de pasivos que tienen problemas múltiples porque están muy lejos de percibir esa suma mensual.
No obstante, el gobierno está muy preocupado dado que sigue latente la posibilidad de que la inflación se le “escape” y los dos dígitos anuales le obligue a ajustar las pasividades semestralmente en 2010, lo que más allá de que ello sería de interés general, sería considerado un fracaso de la administración, que ha tenido especial cuidado en manipular diversos aspectos de la inflación, para que esta, aunque le genere problemas a la gente, no se los genere al Ministerio de Economía y Finanzas.
José Luis Sampayo Pírez
Jubicerro, febrero de 2009.
La marcada diferencia entre las percepciones de los que más tienen, acentuada en estos últimos años y que deja una brecha aún mayor entre ricos y pobres por la mala distribución de la riqueza, ha generado un reconocimiento oficial de que existen por lo menos, dos “canastas” de alimentos que sirven como referencia a tomar de lo que necesitan las familias uruguayas para su diario vivir en un caso o para su sobrevivencia en el otro.
Los jubilados y pensionistas ven afectadas sus economías por factores distintos al resto de la población y que inciden en gran forma sobre la erosión que les causa la inflación, pero por sobre todas las cosas en el incremento muy puntual de elementos que les son imprescindibles, además de los gastos naturales y normales que afectan a los demás.
Dichos gastos se concentran en diversos elementos que, justamente, son los que más alientan la especulación que hasta ahora el gobierno no podido o sabido controlar y que nos expone día a día a que los ajustes recibidos se esfumen con la rapidez que los especuladores fijan con la ayuda de la lamentable concepción que del “libre mercado” tienen los responsables de la administración.
En la franja etaria de los 60 años hacia arriba, el promedio general demanda por sobre todo, gastos de salud. Cuando una persona entra a una entidad de asistencia médica, el panorama dominante de la detección visual debería ser la de una estructura preparada para atender gente con problemas de salud, policlínicas, enfermeros, médicos y un ámbito dedicado enteramente al cuidado sanitario.
La realidad es muy distinta. Se ven largas filas de gente en pugna por pagar lo que le cobran por atenderla, múltiples cajas cobradoras, carteles de precios a cobrar, amenazas de que debe pagar antes de concurrir a tal examen, prevención de que debe estar al día, aunque al día estamos todo el año. Es todo más parecido a una infraestructura bancaria que a un lugar de asistencia de salud.
Y es esto algo que todos saben: los jubilados y los pensionistas son, naturalmente, quienes más atención sanitaria demandan, pero por lejos, son los que financian la existencia de esos centros de asistencia. En esto hay una gran culpabilidad política: los jubilados y pensionistas fueron dejados fuera de la posibilidad de de integrarse al FONASA porque, justamente, el FONASA es posible si ellos siguen pagando su atención “al contado” y sin crédito, para sostener el sistema.
430 mil jubilados y pensionistas no tienen derecho a la asistencia médica si no están al día con su entidad prestadora de servicios. Para ellos no hay DISSE, FONASA o pago de la cuota mutual por parte del BPS.
Esta es una las consecuencias que hace vulnerable por parte del impacto de la inflación, al bolsillo de los pasivos. Es un gasto oneroso, inevitable y sin techo, el único techo lo marca la enfermedad de cada uno pudiere tener.
Otra parte importante de la liviandad de la “canasta” es el rubro frutas y verduras. Los gobernantes tratan de hacer equilibrio entre la necesidad de la gente y el grito de las corporaciones interesadas en que los dejen seguir especulando con el precio. Es cierto que estos rubros tienen una dependencia climatológica muy marcada, pero no es menos cierto que, cualquiera sea la situación, ella sirve como pretexto para cobrar a precios exorbitantes cualquier mercadería, más allá de la calidad o estado de la misma.
La carne es la otra situación visible de la carestía impuesta. Este caso de la carne es tragicómico. Hay un señor que detenta el cargo de Director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y hace anuncios de rebajas de precios que nunca se cumplen, pero si se cumplen a los pocos días de sus intervenciones los aumentos de tarifas que nadie anuncia. Luego, como quien juega al Gran Bonete, se anuncia que no se sabe donde está el que queda con la ganancia exorbitante en la cadena que trasiega la mercadería y que paga en definitiva el consumidor. Viva el libre mercado.
Una cláusula debemos dedicarle también a las tarifas públicas. En la época en que más agua se gasta, la OSE sube un 8 % y UTE sube un 2,3 %. Si bien los jubilados y pensionistas podemos pagar menos por el supergás, en baja, siempre nos superan las otras tarifas públicas dado que hay algunas que nunca bajan: electricidad, agua, teléfono, impuestos, contribución inmobiliaria, (el que tiene la suerte de ser propietario), alcantarillado, saneamiento.
En definitiva, el Instituto de Estadística de la Facultad de Ciencias Económicas, estima que la “canasta básica de bienes y servicios” de enero fue de $ 23.417. (Veintitrés mil cuatrocientos diecisiete pesos), cifra muy lejana para los muchos miles de pasivos que tienen problemas múltiples porque están muy lejos de percibir esa suma mensual.
No obstante, el gobierno está muy preocupado dado que sigue latente la posibilidad de que la inflación se le “escape” y los dos dígitos anuales le obligue a ajustar las pasividades semestralmente en 2010, lo que más allá de que ello sería de interés general, sería considerado un fracaso de la administración, que ha tenido especial cuidado en manipular diversos aspectos de la inflación, para que esta, aunque le genere problemas a la gente, no se los genere al Ministerio de Economía y Finanzas.
José Luis Sampayo Pírez
Jubicerro, febrero de 2009.
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