EL PETROLEO AZUL DEL FUTURO

LOS DESTINOS
DEL GUARANÍ

Informe de

“LE MONDE DIPLOMATIQUE”
Martín Latorraca,

Maximiliano Martínez
Publicado en

Edición Cono Sur
Número de edición 74

Agosto 2005

NOTA 4 (FINAL)

(CONTINUACION) El proyecto de ley de la especifica además la necesidad de que el Estado se encargue de la provisión de agua potable. "El agua es un recurso no enajenable; la gestión y prestación de los servicios de provisión y saneamiento estarán a cargo del Estado en asociación con cooperativas de usuarios, y no se admitirá la participación de personas físicas o jurídicas privadas". Por tal motivo, la diputada del PI está impulsando una consulta popular sobre el manejo del agua potable para que se lleve a cabo conjuntamente con las elecciones legislativas de octubre de este año.

Los riesgos de utilización del SAG bajo parámetros mercantiles siempre sobrevuelan las iniciativas que lo conciernen. En el marco del Seminario "El Acuífero Guaraní", organizado en septiembre de 2004 por el Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales (CARI) 10, el académico en Ciencias Ambientales, Eduardo Pigretti, sentenció: "Lo que me preocupa es que el agua del SAG va a entrar por completo en el comercio. Y no está claro bajo qué reglas jurídicas, políticas y sociales. En este principio de siglo todos los bienes, todos los recursos naturales están perdiendo esa condición superior de no ser considerados una mercancía".

El costo del proyecto del SAG, definido en documentos firmados por la OEA –la agencia ejecutora seleccionada por los cuatro países totaliza 26,7 millones de dólares. Este monto se divide en 13,4 millones provenientes de una donación del Fondo Mundial para la Naturaleza, 12,1 millones aportados por los cuatro países involucrados y 1,26 millones financiados por el Servicio Geológico de Alemania y el Programa Asociado al Agua del Banco de los Países Bajos.

Por su parte el gobierno argentino tiene una contrapartida nacional que asciende a casi dos millones de dólares, pero que no es en moneda, sino en provisión de infraestructura, de personal y del servicio de apoyo. En relación al proceso de licitaciones, en 2004 se adjudicaron el desarrollo y confección del mapa de SAG por 446.330 dólares; y el servicio de hidrogeología general por 1.528.180 dólares. Para este año se prevé licitar los servicios de inventario y muestreo.

El organismo operador de los fondos es el Banco Mundial: consultado sobre su función específica por el Dipló, Sergio Jellinek, responsable del área de comunicación del BM, explicó que "tiene la responsabilidad fiduciaria de que el proyecto se ejecute con arreglo a los documentos que reflejan los acuerdos de la donación. El Banco asegura también que el personal apropiado y los recursos necesarios para la puesta en práctica del mismo estén disponibles. Además se cerciora de que los procesos de manejo financiero, incluyendo licitaciones, se realicen de acuerdo a los procedimientos del Banco y a los documentos de la donación. Todo esto se realiza con la mira puesta en que las actividades desarrolladas logren alcanzar el manejo sustentable y la conservación ambiental del Acuífero Guaraní".

Lejos de un discurso que parece salido de un archivo a repetir ante cada requerimiento de la prensa, Efraín Dávila, miembro del Movimiento Grito de las Aguas, que integra el Foro Social Acuífero Guaraní afirma "que el BM está obteniendo un ADN del Guaraní y tiene hasta 2008 para recolectar información que luego será de uso exclusivo y a la cual no vamos a poder acceder". En el Seminario Internacional sobre el SAG llevado a cabo el 14 y 15 de octubre pasado en Foz de Iguazú, el Foro Social de la Triple Frontera y numerosos movimientos sociales del MERCOSUR lograron sacar del documento final los términos mercancía y privatización.

En su reemplazo considerar al agua como derecho humano fundamental. Plantearon además una exigencia de vital importancia: "Los Estados miembros del MERCOSUR deberán establecer amplias políticas de intercambio de informaciones técnicas sobre el SAG y divulgarlas libremente en las lenguas de las comunidades que los componen". Más allá de esta pequeña batalla ganada por las organizaciones que se oponen al proyecto, la visión de las comunidades indígenas es precisa en cuanto a la despareja relación de fuerzas a la que se enfrentan y a la ausencia de difusión oficial.

Estela Caneo, de la Mesa de Trabajo de Pueblos Originarios, dijo al Dipló: "Los supuestos beneficios de este emprendimiento son una mentira, porque el verdadero interés radica en que los países que quieren quedarse con el acuífero han contaminado sus recursos y se les están acabando". Caneo denuncia que "sólo quieren levantar complejos turísticos a partir de las aguas termales del Acuífero. La tierra y el agua no tienen que venderse, nos oponemos porque nos va a llevar a la muerte lenta".

Las modalidades de privatización del agua a nivel mundial varían, pero una constante es que en muchos casos cuentan con el aval de los organismos internacionales (BM, FMI). Puede haber una venta total de los sistemas de distribución, tratamiento y/o almacenamiento por parte de los Estados nacionales a favor de las empresas; o bien los gobiernos firman una concesión para que las multinacionales se hagan cargo del servicio y del cobro por la operación y mantenimiento del sistema en uso (en este caso las ganancias son gestionadas en su totalidad por la multinacional); existe también un modelo “restringido” en el que un Estado nacional contrata a una entidad privada para que administre el servicio de agua a cambio de un pago por costos administrativos. Aunque las tres formas se han aplicado en diversas partes del mundo, la más utilizada ha sido la segunda.