INSPECTORES Y ASESORES FISCALES
ACUSAN AL GOBIERNO
DE AMNISTIAR AL JUEGO 'ONLINE'
Funcionarios de Hacienda y asesores fiscales denuncian la dejación de la vicepresidenta Elena Salgado y de la Agencia Tributaria sobre la evasión de impuestos a paraísos fiscales realizada por los operadores de juego online en los últimos cinco años.
PROPUESTA DE MOCIÓN
A LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
A FAVOR DE MEDIDAS PARA
ABOLIR LOS PARAÍSOS FISCALES
Instamos al Parlamento de Andalucía a que someta a debate y aprobación la siguiente moción
Abogamos por la urgente necesidad de adoptar y/o promover medidas legales y administrativas concretas y eficaces para favorecer la transparencia y combatir la evasión, el fraude fiscal y lavado de dinero realizados mediante los paraísos fiscales o centros financieros para no residentes.
Las medidas tributarias para optimizar la lucha contra el fraude fiscal adoptadas hasta ahora por el Gobierno de España han incidido fundamentalmente en los contribuyentes declarantes, ignorando sistemáticamente los informes hechos públicos por los Inspectores de Hacienda del Estado, en la medida en que estos señalan a los paraísos fiscales como las plataformas para la gran evasión de impuestos, el fraude fiscal y el lavado de dinero de actividades provenientes del delito y la criminalidad organizada.
Hemos de señalar el gran cinismo político de la OCDE al modificar los estándares de referencia del año 2000 haciendo desaparecer de su lista negra de paraísos fiscales la mayor parte y más significativos, basándose en que estos territorios han firmado un mínimo de 12 acuerdos bilaterales de intercambio de información con otras jurisdicciones a petición de parte y para casos concretos, dándose la circunstancia de que muchos de ellos han firmado dichos acuerdos con países con mínima circulación financiera, o en muchos casos otros paraísos fiscales. La lista de paraísos fiscales de 2000 de la OCDE estaba constituida por 35 paraísos fiscales y un buen número de territorios no cooperantes, hoy solo quedan 6.
En realidad, a todos los efectos, siguen existiendo un importante número de jurisdicciones que constituyen de facto centros financieros offshore cumpliendo sus características fundamentales de opacidad asociada a su secreto bancario y nula o baja tributación, siendo por otra parte muy accesibles a no residentes, dada la facilidad que establecen para constituir en ellas sucursales financieras o empresas instrumentales.
El problema es que en este momento las instituciones internacionales y gobiernos no las consideran paraísos fiscales, a pesar de seguir actuando como tales.
Nuestra plataforma, teniendo en cuenta que transparencia y regulación financiera habrían de ser considerados bienes públicos universales, subraya una serie de medidas necesarias a contemplar para combatir la evasión, fraude y blanqueo de dinero. En este sentido se pide a los partidos políticos y grupos parlamentarios, que en el uso de sus atribuciones y de su responsabilidad subsidiaria, insten al gobierno del Estado Español que es quien nos representa como tal y en diversos organismos de gobernanza internacional – ONU, FMI, OCDE, G- 20, UE, GAFI,..etc – para que se adopten y/o se defiendan en dichos organismos, en función de sus competencias las siguientes medidas:
1.- Que desde la OCDE y la Comunidad Internacional en su conjunto se vuelva a contemplar como paraísos fiscales efectivos a todos aquellos países y/o territorios que de facto siguen actuando como centros offshore extraterritoriales o para no residentes, discriminando bajo el criterio fundamental de que en su ordenamiento jurídico esté establecido el secreto bancario y castigado el vulnerarlo.
2.- Que en los órganos de gobierno de la UE se debata el hecho, que debería de ser inasumible, de que en su seno existan actualmente países de hecho centros offshore como Luxemburgo, Malta o Chipre que gozan de una situación privilegiada por su opacidad y nula fiscalidad extraterritorial, lo que significa una competencia desleal e importantes efectos nocivos para el resto de países. O que territorios como Suiza, Liechtenstein, Andorra, Gibraltar, San marino, Mónaco o el soberano estado de la Ciudad del Vaticano, tengan asimismo características de centros offshore extraterritoriales, pero mantengan privilegios también en cuanto tratados preferenciales con la UE y por estar dentro del Espacio Económico Europeo. O que países como Holanda y Reino Unido constituyan una plataforma directamente vinculada al offshore de sus territorios de soberanía. O para finalizar que se permitan regímenes fiscales ventajistas como los de Irlanda o Bélgica.
Esto constituye un problema importante para que la Unión Económica Europea sea posible y favorece exclusivamente a los poderes económicos y clases acaudaladas, pero perjudica a los Estados y a la ciudadanía europea en su conjunto. Existen temas claves que el actual estado de cosas impide, como son los de la persecución del delito y el necesario avance hacia la armonización fiscal europea, entre otros.
3.- Abordar legislativamente que se niegue el reconocimiento jurídico ante el ordenamiento español de las sociedades mercantiles y entidades financieras registradas en centros financieros offshore o extraterritoriales de la lista actualizada del Real Decreto 1080/1991, en donde no realizan ninguna actividad económica, sino meras ficciones contables legales con efectos perjudiciales para los demás países. En todo caso, deberían de quedar excluidas de la posibilidad de participar en contratación pública todas aquellas sociedades mercantiles, entidades bancarias y grupos empresariales que disponen de sucursales, filiales y entidades corresponsales registradas en países y territorios considerados paraísos fiscales; quedando igualmente excluidas de cualquier exención fiscal, subvención y/o ayuda pública.
4.- Publicación de las cuentas de las corporaciones trasnacionales país por país:
La contabilización que hacen las grandes compañías multinacionales de las ganancias de sus industrias y servicios en países en desarrollo, así como el impago de los impuestos derivados, se realiza utilizando como plataforma estos paraísos fiscales. Al mismo tiempo que mecanismos como la manipulación de los precios de transferencia y las trasferencias de deuda abusivas suponen que el 60% según la OCDE del comercio mundial se realice en el seno de las propias empresas, entre sus filiales y la empresa matriz, situados unas u otras en paraísos fiscales.
Los países del G-20 (en defecto de la capacidad decisoria de la ONU) deberían abogar por un conjunto de reglas contables internacionales de alta calidad. La normativa internacional habría de obligar a las empresas transnacionales a declarar en cada país en que opera.
5.- Registro de los beneficiarios efectivos de Fundaciones y truts o fideicomisos: Los países del G-20 (en defecto de la capacidad decisoria de la ONU) deben de velar porque la propiedad efectiva de todas las sociedades, trust o fideicomisos, fundaciones y asociaciones caritativas sean objeto de registro público en todas las jurisdicciones. De la misma forma las cuentas bancarias deberían de estar en un registro accesible a las autoridades fiscales, financieras y judiciales de cada jurisdicción.
6.- Una cooperación judicial y fiscal efectiva: La criminalidad financiera no puede quedar impune, las prácticas de fraude fiscal y delincuencia financiera perderían interés si dejaran de ser objeto de impunidad. Los países del G-20 (en defecto de la capacidad decisoria de la ONU) y en su defecto la Unión Europea, habrían de tomar medidas eficaces en este sentido. En el último supuesto, como parte y avance de un corpus juris Europeo.
7.- Solicitar al gobierno de España una honesta y auténtica política de transparencia pública, informando puntualmente a la ciudadanía a través de los medios de comunicación, incluidas las webs oficiales, de las decisiones al respecto de los organismos internacionales en los que España está representada y participa, así como de la posición adoptada por la representación del Gobierno español en tales decisiones conjuntas relativas a las materias señaladas.
8.- Pedir al Gobierno de España un cambio radical en su voluntad real para combatir el enorme fraude fiscal existente, especialmente potenciando el desarrollo de tareas de investigación sobre los grandes defraudadores físicos y jurídicos, y muy importante dotando a la Agencia Tributaria de presupuesto y recursos humanos muy necesarios para ello.
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