SUSPENSIÓN DE DEPORTACIONES:
ENTRE LA ESPERANZA Y LA CONFUSIÓN
FRANCISCO MANRIQUE
Especial para
“LA TRIBUNA
HISPANA – USA"
28 Agosto 2011
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Mientras la recesión avanza en el país y el desempleo se despunta a más del diez por ciento, la comunidad hispana recibió una buena noticia la semana pasada. El gobierno del presidente Barack Obama anunció la decisión de suspender las deportaciones de más de 300 mil indocumentados que estaban listos para ser regresados a sus países de origen. Sin embargo, la noticia dejo a todos entre la esperanza y la confusión, y muchos empezaron a especular. Pero ¿qué hay detrás de este anuncio?
Según lo informado por las autoridades, se iniciara un proceso de evaluación de todos los casos pendientes de deportación con el objetivo de seleccionar a quienes no tengan record criminal y que, por su condición de padres de familia, tengan esposa e hijos que pudieran quedar desamparados. Esta tarea estará a cargo del Departamento de Justicia (DOJ) y de Seguridad Interna (DHS), que comprenderá no solo a los casos pendientes sino a quienes en el futuro también sean comprendidos en casos de deportación. El DHS concentrará sus recursos en acelerar los casos de deportaciones de máxima prioridad (casos criminales) y detener los de baja prioridad, entre quienes están los niños, familias de militares, a quienes llegaron a temprana edad, parejas del mismo sexo, y personas que se considere sean el único sostén familiar. Esta parece ser la finalidad de la medida.
Una vez conocida la medida el Center for American Progress emitió un comunicado donde aplaudió al Departamento de Seguridad Nacional por dar este paso importante, encaminado a armonizar las prácticas de cumplimiento de la ley inmigratoria con los valores y prioridades de la nación.
El documento señala que “al enfocar los recursos del cumplimiento de la ley en aquellas personas que constituyen una amenaza a nuestras comunidades y no en los inmigrantes que no han cometido delito alguno, estas normas harán más seguras a nuestras comunidades, ahorrará dinero a los contribuyentes y mantendrán el compromiso de nuestro país con el estado de derecho”.
Sin embargo, estas guías no constituyen un debilitamiento de la ley inmigratoria sino un fortalecimiento al permitirles al DHS y al DOJ que dejen de desperdiciar los recursos del contribuyente en personas que no representan ninguna amenaza a la seguridad pública como son los padres trabajadores, los estudiantes que abogan por el DREAM Act y que fueron traídos a este país a temprana edad por motivos no imputables a ellos, y las parejas del mismo sexo simplemente por su orientación sexual.
NO ES UNA AMNISTÍA
Pero si bien esta iniciativa debe llegar lejos en el empeño de hacer el cumplimiento de la ley inmigratoria más inteligente, más eficiente y más humana, no es una solución a los males que aquejan al sistema inmigratorio.
En este contexto, la organización pro reforma inmigratoria Pro America ha dicho enfáticamente que esto no es una amnistía, y que solo es un cambio en la manera que el DHS implementara las políticas de seguridad y asi enfocarse en los individuos que tiene un amplio record criminal y constituyen una seria amenaza a la nación. Es más, este anuncio no cambia para nada los programas conocidos como 287g y el de Comunidades Seguras, por lo que recomienda a quienes piensen que una orden de deportación les pueda beneficiar, desistan de la idea de hacerse arrestar porque es solo un alivio temporal que puede ser revocado en cualquier momento y no garantiza que el caso sea cerrado totalmente.
El prestigioso abogado de inmigración salvadoreño-americano, hoy afincado en Los Ángeles, Nelson Castillo, dijo a LTH que lo anunciado por este gobierno hay que tomarlo con sumo cuidado. “Hay mucha gente que ya está hablando de este anuncio como una amnistía y eso no es verdad, lo único cierto es que cada caso será diferente a otro y eso tienen que tenerlo en cuenta, ningún caso se parece, por lo que recomiendo a quienes estén comprendidos en esta medida, buscar ayuda profesional especializada. Esto es muy positivo porque permitirá revisar casos que han sido injustos y para ellos será un gran alivio, sobre todo en la separación de familias que iban a quedar en el desamparo”, señaló.
Castillo enfatizó que, de cualquier manera, la decisión del gobierno hay que tomarla con mucha cautela porque hay que esperar cómo lo van a implementar, y cuál será el mecanismo para analizar los casos pendientes de deportación.
“Hay muchas incógnitas todavía que no se han anunciado, por lo que habrá que estar alertas. Pero lo que si hay que advertir a nuestra comunidad es que no hagan caso de las ofertas y avisos de personas como notarios y falsos abogados, que empiezan a prometer que esta es la solución a los problemas y le empiezan a pedir grandes sumas de dinero. Lo mejor es ir donde un abogado experto en leyes de inmigración para que pueda analizar en profundidad su caso”, alertó.
Para el conocido abogado de Long Island, David Sperling, el anunció del gobierno es una buena señal, y toma en cuenta la realidad que ocurre en las cortes de inmigración, donde los jueces tienen muchos casos, pero muy pocos son de casos criminales serios.
“Para muchos, no hay remedio, y la deportación resulta en separación de las familias mixtas con hijos u otros parientes que son legales y esto es una gran tragedia. Creo que este es un esfuerzo para poner énfasis en las prioridades de ICE (criminales, terroristas, pandilleros, abusadores y personas que amenacen la comunidad por su mala conducta). Pero tenemos que esperara como será en la práctica”, dijo.
El abogado también aclaró que esto afecta solamente a personas en proceso de deportación. Pero los jóvenes, elegibles bajo el Dream Act, seguirán en el “limbo”. “Esto solo beneficiará a unos cientos o miles de personas, y no sabemos si un crimen relativamente menor (como un DWI) va a descalificar a una persona”, dijo Sperling.
Lo cierto es que habrá que esperar y solo alertar a quienes tienen la esperanza que esta medida es una luz al final del túnel de la deportación, que no se dejen sorprender por quienes, a través de anuncios, le digan que los van a salvar de la deportación, eso es una falsedad según lo advierte la Asociación Americana de Abogados de Inmigración.
“¡No crea en cualquiera que le diga que (siendo un indocumentado) puede obtener un Permiso de Trabajo o conseguir algún estatus legal! ¡Cualquier persona que le diga esto no es una persona en quien se deba de confiar! No hay ninguna manera ‘segura’ de que usted se entregue a inmigración y no hay garantía de que su caso sea considerado de ‘baja prioridad baja’. Cualquier persona que entre en el contacto con las autoridades de inmigración puede ser arrestada, detenida e incluso deportada”, advierte la Asociación.
CRITERIOS A TENER EN CUENTA
La decisión de suspender la deportación o cerrar el caso de manera temporal se basará en los siguientes criterios:
- Las prioridades civiles de la oficina de inmigración.
- El tiempo que la persona ha permanecido en los Estados Unidos, con consideración especial al tiempo que ha permanecido legal en el país, las circunstancias de la llegada de la persona en Estados Unidos y su forma de entrada, particularmente si la persona llegó a los Estados Unidos como un niño pequeño.
- Si la persona está en búsqueda de una educación en Estados Unidos, con especial consideración dada a los que se han graduado de una escuela estadounidense o han seguido con éxito o están llevando a cabo una carrera universitaria.
- También se tendrá en cuenta si la persona, o un pariente inmediato de la persona, ha servido en las fuerzas militares de Estados Unidos, las reservas o la Guardia Nacional, con consideración especial a aquellos que han servido en una zona de combate.
- Antecedentes penales de la persona, incluyendo las detenciones, condenas anteriores u órdenes de detención/arresto pendientes.
- La historia inmigratoria personal, incluyendo previa deportación, orden pendiente de deportación, negación de beneficio inmigratorio, o indicios de fraude inmigratorio.
Otros criterios que las autoridades aplicarán tendrán que ver con que si la persona presenta un riesgo a la seguridad nacional o seguridad pública.
TAMBIÉN CONSIDERARÁN:
- Los vínculos de la persona y sus contribuciones a la comunidad, incluyendo sus relaciones familiares.
- Vínculos de la persona a su país de origen y la situación del país.
- La edad de la persona, teniendo especial atención a menores y ancianos.
- Si la persona es cónyuge, tiene un hijo, padre o madre que es ciudadano de Estados Unidos o residente permanente y si la persona está a cargo de una persona con una discapacidad mental o física, menor de edad, o un familiar gravemente enfermo.
- También evaluarán si la persona o cónyuge de la persona está embarazada o amamantando.
- Si la persona o cónyuge de la persona sufre una enfermedad mental o física severa.
- Si la nacionalidad de la persona hace poco probable la deportación.
- Si hay posibilidad que se le conceda una condición temporal o permanente por un familiar ciudadano de Estados Unidos o residente permanente.
- Si es probable que se le conceda condición temporal o permanente u otros tipos de remoción, incluyendo la aprobación de una solicitud de asilo, o de una aplicación por ser víctima de violencia doméstica, entre otras.
- Si la persona está actualmente cooperando o ha cooperado con las autoridades federales, estatales o autoridades locales de aplicación de la ley, tales como la Agencia de Inmigración y Aduanas (ICE).
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