MONSANTO
GOLPEA EN PARAGUAY:
LOS
MUERTOS DE CURUGUATY
Y EL
JUICIO POLÍTICO A LUGO
(NOTA
UNO)
Escribe
IDILIO
MÉNDEZ GRIMALDI (*)
Fuente:BLOG
de ATILIO BORON
(*) IDILIO MÉNDEZ GRIMALDI: (Paraguay-1960 Ñeembucú)
Periodista, escritor, investigador, analista y miembro de la Sociedad de
Economía Política del Paraguay, entre otras obras es autor del libro
“Los Herederos de Stroessner”
Quienes
están detrás de esta trama tan siniestra? Los propulsores de una ideología que
promueven el máximo beneficio económico a cualquier precio y cuanto más, mejor,
ahora y en el futuro.
El
viernes 15 de junio de 2012, un grupo de policías que iba a cumplir una orden
de desalojo en el departamento de Canindeyú en la frontera con Brasil, fue
emboscado por francotiradores, mezclados con campesinos que reclamaban tierras
para sobrevivir. La orden fue dada por un juez y una fiscala para proteger a un
latifundista. Como resultado se tuvo 17 muertos; 6 policías y 11 campesinos y
decenas de heridos graves.
Las consecuencias: El laxo y timorato gobierno de
Fernando Lugo quedó con debilidad ascendente y extrema, cada vez más
derechizado, a punto de ser llevado a juicio político por un Congreso dominado
por la derecha; duro revés a la izquierda, a las organizaciones sociales y
campesinas, acusadas por la oligarquía terrateniente de instigar a los
campesinos; avance del agronegocio extractivista de manos de las
transnacionales como Monsanto, mediante la persecución a los campesinos y el
arrebato de sus tierras y, finalmente, la instalación de una cómoda platea para
la los oligarcas y los partidos de derecha para su retorno triunfal en las
elecciones de 2013 al Poder Ejecutivo
.El 21
de octubre de 2011, el Ministerio de Agricultura y Ganadería, dirigido por el
liberal Enzo Cardozo, liberó ilegalmente la semilla de algodón transgénico
Bollgard BT de la compañía norteamericana de biotecnología Monsanto, para su
siembra comercial en Paraguay. Las protestas campesinas y de organizaciones
ambientalistas no se dejaron esperar. El gen de este algodón está mezclado con
el gen del Bacillus Thurigensis, una bacteria tóxica que mata a algunas plagas
del algodón, como las larvas del picudo, un coleóptero que oviposita en el
capullo del textil.
El
Servicio de Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas, SENAVE, otra
institución del Estado paraguayo, dirigido por Miguel Lovera, no inscribió
dicha semilla transgénica en los registros de cultivares, por carecer de los
dictámenes del Ministerio de Salud y de la Secretaría del Ambiente, tal como
exige la legislación.
CAMPAÑA MEDIATICA
Durante
los meses posteriores, Monsanto, a través de la Unión de Gremios de Producción,
UGP, estrechamente ligada al Grupo Zuccolillo, que publica el diario ABC Color,
arremetió contra SENAVE y su presidente por no inscribir la semilla transgénica
de Monsanto para su uso comercial en todo el país.
La
cuenta regresiva decisiva pareció haberse dado con una nueva denuncia por parte
de una seudosindicalista del SENAVE, de nombre Silvia Martínez, quien acusó el
7 de junio pasado a Lovera de corrupción y nepotismo en la institución que
dirige, a través de ABC Color. Martínez es esposa de Roberto Cáceres,
representante técnico de varias empresas agrícolas, entre ellas Agrosán,
recientemente adquirida por 120 millones de dólares por Syngenta, otra
transnacional, todas socias de la UGP.
Al día
siguiente, viernes 8 de junio, la UGP publica en ABC a seis columnas: “Los 12
argumentos para destituir a Lovera” (1). Estos presuntos argumentos fueron
presentados al vicepresidente de la República, correligionario del ministro de
Agricultura, el liberal Federico Franco, quien en ese momento se desempeñaba
como presidente de Paraguay en ausencia de Lugo, de viaje por Asia.
El
viernes 15 del corriente mes, en ocasión a una exposición anual organizada por
el Ministerio de Agricultura y Ganadería, el ministro Enzo Cardozo dejo escapar
un comentario ante la prensa que un supuesto grupo de inversores de la India,
del sector de los agroquímicos, canceló un proyecto de inversión en Paraguay
por la presunta corrupción en SENAVE. Nunca aclaro de qué grupo se trataba. En
esas horas de aquel día se registraban los trágicos sucesos de Curuguaty.
En el
marco de esta exposición preparada por el citado ministerio, la transnacional
Monsanto presentó otra variedad de algodón, doblemente transgénico: BT y RR o
Resistente al Roundup, un herbicida fabricado y patentado por Monsanto. La
pretensión de la transnacional norteamericana es la inscripción en Paraguay de
esta semilla transgénica, tal como ya ocurrió en la Argentina y otros países
del mundo.
Previamente
a estos hechos, el diario ABC Color denunció sistemáticamente por presuntos
hechos de corrupción a la ministra de Salud, Esperanza Martínez y al ministro
del Ambiente, Oscar Rivas, dos funcionarios que no dieron su dictamen favorable
a Monsanto.
Monsanto
facturó el año pasado 30 millones de dólares, libre de impuestos, (porque no
declara esta parte de su renta) solamente en concepto de royalties por el uso
de semillas transgénicas de soja en Paraguay. Independiente, Monsanto factura
por la venta de las semillas transgénicas. Toda la soja cultivada es
transgénica en una extensión cercana a los tres millones de hectáreas, con una
producción en torno a los 7 millones de toneladas en el 2010.
Por
otro lado, en la Cámara de Diputados ya se aprobó en general el proyecto de Ley
de Bioseguridad, que contempla crear una dirección de bioseguridad a cargo del
Ministerio de Agricultura, con amplia potestad para la aprobación para su
cultivo comercial de todas las semillas transgénicas, ya sean de soja, maíz,
arroz, algodón y algunas hortalizas. Este proyecto de ley contempla la
eliminación de la Comisión de Bioseguridad actual, que es un ente colegiado de
funcionarios técnicos del Estado paraguayo.
En
tanto transcurrían todos estos acontecimientos, la UGP viene preparando un acto
de protesta nacional contra el gobierno de Fernando Lugo para el 25 de junio
próximo. Se trata de una manifestación con maquinarias agrícolas, cerrando
medias calzadas de las rutas en distintos puntos del país. Una de las
reivindicaciones del denominado “tractorazo” es la destitución de Miguel Lovera
del SENAVE, así como la liberalización de todas las semillas transgénicas para
su cultivo comercial.
Las
conexiones
La UGP
está dirigida por Héctor Cristaldo, apoyado por otros apóstoles como Ramón
Sánchez - quien tiene negocios con el sector de los agroquímicos - entre otros
agentes de las transnacionales del agronegocio. Cristaldo integra el staff de
varias empresas del Grupo Zuccolillo, cuyo principal accionista es Aldo
Zuccolillo, director propietario del diario ABC Color desde su fundación bajo
el régimen de Stroessner, en 1967. Zuccolillo es dirigente de la Sociedad
Interamericana de Prensa, SIP.
El
Grupo Zuccolillo es socio principal en Paraguay de Cargill, una de las
transnacionales más grandes del agronegocio en el mundo. La sociedad construyó
uno de los puertos graneleros más importante del Paraguay, denominado Puerto
Unión, a 500 metros de la toma de agua de la empresa aguatera del Estado
paraguayo, sobre el Río Paraguay, sin ninguna restricción.
Las
transnacionales del agronegocio en Paraguay prácticamente no pagan impuestos,
mediante la férrea protección que tienen en el Congreso, dominado por la
derecha. La presión tributaria en Paraguay es apenas del 13% sobre el PIB. El
60 % del impuesto recaudado por el Estado paraguayo es el Impuesto al Valor
Agregado, IVA. Los latifundistas no pagan impuestos. El impuesto Inmobiliario
representa apenas el 0,04% de la presión tributaria, unos 5 millones de
dólares, según un estudio del Banco Mundial (2) aún cuando el agronegocio
produce rentas en torno al 30 % del PIB, que representan unos 6.000 millones de
dólares anuales.
Paraguay
es uno de los países más desiguales del mundo. El 85 por ciento de las tierras,
unas 30 millones de hectáreas, está en manos del 2 por ciento de propietarios
(3) que se dedican a la producción meramente extractivista o en el peor de los
casos a la especulación sobre la tierra.
La
mayoría de estos oligarcas poseen mansiones en Punta del Este o Miami y tienen
estrechas relaciones con las transnacionales del sector financiero, que guardan
sus bienes mal habidos en los paraísos fiscales o le facilitan inversiones en
el extranjero. Todos ellos, de alguna u otra manera, están ligados al
agronegocio y dominan el espectro político nacional, con amplias influencias en
los tres poderes del Estado. Allí reina la UGP, apoyada por las transnacionales
del sector financiero y del agronegocio.
(LA
PARTE DOS EN LA ENTRADA SIGUIENTE)
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