viernes, 1 de febrero de 2013

EL 45 POR CIENTO DE LAS TIERRAS DE CULTIVO Y CASI UNA TERCERA PARTE DE LAS ADQUIRIDAS SE DEFORESTARON, LO QUE INDICA QUE PUEDE PLANTEAR RIESGOS PARA LA BIODIVERSIDAD.

¿Deberían los países ricos  
comprar tierras de cultivo en países en desarrollo?
INVERSIONISTAS DE NACIONES PODEROSAS COMPRARON MÁS DE 83 MILLONES DE HECTÁREAS

Escribe PETER SINGER(*) Fuente: "eltiempo.com” España- 31 de enero 2013

(*) PETER ALBERT DAVID SINGER (1946, Melbourne, Australia) Profesor de Bioética de la Universidad de Princeton y de la U. de Melbourne. Ha escrito , entre varias obras de éxito “Ética práctica” que se ha convertido en una introducción a la ética aplicada en cuestiones sociales polémicas donde el autor habla sobre la pobreza y la riqueza absoluta.

Un informe del consorcio “Land Matrix Partnership” muestra que desde el año 2000, inversionistas u organismos del Estado de países ricos han comprado más de 83 millones de hectáreas de tierras de cultivo en los países más pobres. Gran parte en África al menos dos tercios en países donde el hambre es generalizada. Tan solo las adquisiciones en África representan un área de tierras de cultivo del tamaño de Kenia. Se ha alegado que es para ponerlas a producir,  aumentan do la disponibilidad de alimentos. El informe citado dice   que esto no es así. Las inversiones son privadas y públicas (por ejemplo, por entidades propiedad del Estado) y proceden de tres grupos distintos de países: economías emergentes como China, India, Brasil, Sudáfrica, Malasia y Corea del Sur; los Estados del golfo ricos en petróleo; y economías desarrolladas ricas, como los Estados Unidos y varios países europeos. La mayoría de las inversiones se destinan a la producción de alimentos u otras cosechas para exportación desde los países en los que se compra la tierra, por la razón obvia de que los países más ricos pueden pagar más por la producción. Pero el enorme iceberg de violaciones de los derechos a la tierra cometidos por inversionistas extranjeros en proyectos agrícolas de los países en desarrollo, mientras que los demás siguen siendo invisibles porque las víctimas no tienen acceso a ningún procedimiento de queja.

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