DILEMA DE COMUNIDADES MEXICANAS
Escribe EMILIO GODOY
Periodista
de IPS- Cuernavaca- Publica “PERIODISMO HUMANO” http://periodismohumano.com/
27 de junio
2013
Rosalinda
Dionisio durante su testimonio ante el
Tribunal Permanente de los Pueblos: “Nos
reprimieron de manera brutal. La minera compra conciencias, divide a la
comunidad, pero seguimos resistiendo. Estamos prácticamente huyendo, hay
compañeros que están fuera de la comunidad”, nos dice, entre sollozos,
la indígena mexicana Rosalinda Dionisio. Su testimonio resume la magnitud de
los crecientes conflictos entre las poblaciones locales y las empresas mineras,
que buscan la riqueza del subsuelo
mexicano. El yacimiento se ubica en las inmediaciones del municipio San José
del Progreso, uno de los tres más pobres del estado. La mayoría de sus 6.200
habitantes rechazan la explotación por su impacto en contaminación del suelo y
del agua, pero el alcalde Alberto Sánchez encabeza un grupo que la apoya. Esto
genera divisiones y enfrentamientos en la comunidad, como sucede en otros
pueblos mineros, contó pesarosa Dionisio. Historias
similares abundan en este país latinoamericano, ante el auge de la minería
extractiva promovido desde el gobierno anterior, del
conservador Felipe
Calderón (2006-2012). Al amparo de la
Ley Minera de 1992, México ha entregado unas 31.000 concesiones sobre casi 51
millones de hectáreas a unas 300 empresas que manejan más de 800 proyectos, la
mayoría de ellas canadienses, según las cifras más actualizadas de la
Secretaría (ministerio) de Economía. ProMéxico, la oficina estatal dedicada a
atraer inversión extranjera, y la Comisión Económica para América Latina y el
Caribe (Cepal) indican que México es el primer productor mundial de plata,
tercero de bismuto, quinto de molibdeno
y plomo y noveno de oro. El
modelo con que se explota esa riqueza crea choques con las comunidades locales,
por deforestación, contaminación del agua y generación de residuos líquidos
peligrosos, lo que hace que muchos pobladores rechacen la actividad. Organizaciones
surgidas en los municipios afectados y ambientalistas definen la situación como
una “ingeniería de conflictos” creada por las compañías mineras. “Contaminaron
el agua y el aire, dañaron nuestras casas, todo se lo llevan”,
denunció Melitón Izazaga.
(
El informe completo y testimonios )
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