EL TPP PONDRÍA EN MARCHA NORMAS COMERCIALES
QUE HARÍAN ILEGAL QUE LOS
GOBIERNOS APRUEBEN LEYES,
DESDE NORMAS MEDIOAMBIENTALES
HASTA LEYES SALARIALES
Y LABORALES,
SI ELLAS AFECTAN GANANCIAS DE LAS TRANSNACIONALES...
SI ELLAS AFECTAN GANANCIAS DE LAS TRANSNACIONALES...
Escriben
AMY GOODMAN (*)
con la colaboración de
DENIS MOYNIHAN
Fuente:
Viernes
20 de marzo 2015
(*) AMY
GOODMAN Locutora, periodista y escritora progresista de EE UU. Egresada de
Harvard University en 1984, Fundo”Democracy Now” noticiero internacional que se
emite a diario en más de 750 emisoras de radio y televisión en inglés y en
más de 400 en español. Con DENIS MOYNIHAN dirige "Democracy
Now!" . Ambos son autores,entre otros, de: "Los que luchan contra el
sistema: Héroes ordinarios en tiempos extraordinarios en Estados Unidos",
edito Le Monde Diplomatique Cono Sur. Tradujo Mercedes Camps.
Edición: María Eva Blotta y Democracy Now! en español.
El Pte.
Obama y los congresistas republicanos están de acuerdo. Sí, leyó bien. No están
de acuerdo con la Ley de Cuidado de la Salud a Bajo Precio, o la igualdad salarial para las mujeres, sino con
los tratados de libre comercio, que dan más poder a las empresas y disminuyen
el poder de la
población de gobernarse en forma democrática. La batalla en torno al
TPP y a la TPA se está profundizando. Las políticas comerciales son
intrincadas, complejas. Sin embargo, los acuerdos tienen fuertes repercusiones
en la vida real. El Pte. Obama quiere que el Congreso apruebe el TPP, entre
Estados Unidos y once países de la costa del Pacífico: Australia, Brunei,
Canadá, Chile, Japón, Malasia, México, Nueva Zelanda, Perú, Singapur y Vietnam.
Para acelerar el proceso, está intentando que el Congreso le otorgue la
llamada
Autoridad de Promoción Comercial (TPA), o “vía rápida”. que delega al
presidente la autoridad para negociar un acuerdo y luego presentarlo ante el
Congreso para que lo apruebe o lo rechace, sin proponer modificaciones. El
resultado de este conflicto repercutirá a nivel mundial por generaciones. Las
negociaciones sobre el TPP se han mantenido en secreto. Lo poco que conoce la
mayoría de las personas acerca del tratado es gracias a WikiLeaks, el sitio web
de divulgación de documentos secretos Los congresistas tienen un acceso
limitado a los informes sobre las negociaciones. Como ha ocurrido en al menos una ocasión,
pueden incluir la amenaza de prisión si se filtran
detalles. El TPP es una
versión ampliada de otros, como el Tratado de Libre Comercio de América del Norte
(TLCAN) firmado por Estados Unidos, Canadá y México. El TLCAN, también conocido
como NAFTA (por sus siglas en inglés), entró en vigor el 1° de enero de 1994 y
fue tan perjudicial para la cultura y la economía de los pueblos indígenas de
Chiapas, en México, que se rebelaron ese mismo día en lo que se conoció como el
Levantamiento Zapatista. Dio lugar a una de las mayores protestas de la
historia contra el poder de las empresas organizada en Seattle a finales de
1999. La solidaridad sin precedentes que se materializó en las calles entre
sindicalistas y activistas por el medio ambiente, a pesar de la violencia
policial generalizada, hizo que las negociaciones de la OMC concluyeran en un
fracaso. De ser aprobado, el TPP pondría en marcha normas que harían ilegal que
los gobiernos aprueben y apliquen leyes sobre todo tipo de asuntos, desde
normas medioambientales hasta leyes salariales y
laborales, pasando por la
duración de los derechos de autor. Por ejemplo, una ley que prohíba la venta de
mercancías fabricadas en maquilas en Vietnam podría declararse ilegal por
considerársela como un obstáculo al comercio. Lori Wallach, del Observatorio
del Comercio Mundial de la organización Public Citizen, es una de las personas
más críticas del tratado: “Lamentablemente, el TPP es un mecanismo de
aplicación de muchas de las cosas que quieren [el líder de la mayoría del
Senado Mitch] McConnell y los republicanos. Por
ejemplo, aumentaría el tiempo
de duración de las patentes de las grandes empresas farmacéuticas, lo que significaría
que obtengan ganancias excepcionales, pero provocaría un aumento de los precios
de los medicamentos. El acuerdo implicaría un retroceso en la regulación
financiera de los grandes bancos. Además, podría limitar la libertad del uso de
Internet, Otorgaría privilegios a las empresas
extranjeras para que puedan evitar ser enjuiciadas en nuestros tribunales y
puedan demandar al gobierno de Estados Unidos para obtener una indemnización si
consideran que las leyes medioambientales o de protección de la salud de los
consumidores perjudican sus ganancias futuras, lo que se conoce como el sistema
de solución de controversias ‘inversor-Estado’.
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