domingo, 22 de marzo de 2015

TPP : EL PUEBLO DEBE ALZAR SU VOZ PARA SER ESCUCHADO

EL TPP PONDRÍA EN MARCHA NORMAS COMERCIALES 
QUE HARÍAN ILEGAL QUE LOS GOBIERNOS APRUEBEN LEYES, 
DESDE NORMAS MEDIOAMBIENTALES 
HASTA LEYES SALARIALES Y LABORALES,
SI ELLAS AFECTAN GANANCIAS DE LAS TRANSNACIONALES...

Escriben 
AMY GOODMAN (*) 
con la colaboración de 
DENIS MOYNIHAN 
Fuente: 
“DEMOCRACY NOW”
http://www.democracynow.org/
 Viernes 20 de marzo 2015

(*) AMY GOODMAN Locutora, periodista y escritora progresista de EE UU. Egresada de Harvard University en 1984, Fundo”Democracy Now” noticiero internacional que se emite a diario en más de 750 emisoras de radio y televisión en inglés y en más de 400 en español. Con DENIS MOYNIHAN dirige "Democracy Now!" . Ambos son autores,entre otros, de: "Los que luchan contra el sistema: Héroes ordinarios en tiempos extraordinarios en Estados Unidos", edito Le Monde Diplomatique Cono Sur. Tradujo Mercedes Camps. Edición: María Eva Blotta y Democracy Now! en español.


El Pte. Obama y los congresistas republicanos están de acuerdo. Sí, leyó bien. No están de acuerdo con la Ley de Cuidado de la Salud a Bajo Precio,  o la igualdad salarial para las mujeres, sino con los tratados de libre comercio, que dan más poder a las empresas y disminuyen el poder de la
población de gobernarse  en forma democrática. La batalla en torno al TPP y a la TPA se está profundizando. Las políticas comerciales son intrincadas, complejas. Sin embargo, los acuerdos tienen fuertes repercusiones en la vida real. El Pte. Obama quiere que el Congreso apruebe el TPP, entre Estados Unidos y once países de la costa del Pacífico: Australia, Brunei, Canadá, Chile, Japón, Malasia, México, Nueva Zelanda, Perú, Singapur y Vietnam. Para acelerar el proceso, está intentando que el Congreso le otorgue la

llamada Autoridad de Promoción Comercial (TPA), o “vía rápida”. que delega al presidente la autoridad para negociar un acuerdo y luego presentarlo ante el Congreso para que lo apruebe o lo rechace, sin proponer modificaciones. El resultado de este conflicto repercutirá a nivel mundial por generaciones. Las negociaciones sobre el TPP se han mantenido en secreto. Lo poco que conoce la mayoría de las personas acerca del tratado es gracias a WikiLeaks, el sitio web de divulgación de documentos secretos Los congresistas tienen un acceso limitado a los informes sobre las negociaciones.  Como ha ocurrido en al menos una ocasión, pueden incluir la amenaza de prisión si se filtran


detalles. El TPP es una versión ampliada de otros, como el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) firmado por Estados Unidos, Canadá y México. El TLCAN, también conocido como NAFTA (por sus siglas en inglés), entró en vigor el 1° de enero de 1994 y fue tan perjudicial para la cultura y la economía de los pueblos indígenas de Chiapas, en México, que se rebelaron ese mismo día en lo que se conoció como el Levantamiento Zapatista. Dio lugar a una de las mayores protestas de la historia contra el poder de las empresas organizada en Seattle a finales de 1999. La solidaridad sin precedentes que se materializó en las calles entre sindicalistas y activistas por el medio ambiente, a pesar de la violencia policial generalizada, hizo que las negociaciones de la OMC concluyeran en un fracaso. De ser aprobado, el TPP pondría en marcha normas que harían ilegal que los gobiernos aprueben y apliquen leyes sobre todo tipo de asuntos, desde normas medioambientales hasta leyes salariales y


laborales, pasando por la duración de los derechos de autor. Por ejemplo, una ley que prohíba la venta de mercancías fabricadas en maquilas en Vietnam podría declararse ilegal por considerársela como un obstáculo al comercio. Lori Wallach, del Observatorio del Comercio Mundial de la organización Public Citizen, es una de las personas más críticas del tratado: “Lamentablemente, el TPP es un mecanismo de aplicación de muchas de las cosas que quieren [el líder de la mayoría del Senado Mitch] McConnell y los republicanos. Por
ejemplo, aumentaría el tiempo de duración de las patentes de las grandes empresas farmacéuticas, lo que significaría que obtengan ganancias excepcionales, pero provocaría un aumento de los precios de los medicamentos. El acuerdo implicaría un retroceso en la regulación financiera de los grandes bancos. Además, podría limitar la libertad del uso de Internet,   Otorgaría privilegios a las empresas extranjeras para que puedan evitar ser enjuiciadas en nuestros tribunales y puedan demandar al gobierno de Estados Unidos para obtener una indemnización si consideran que las leyes medioambientales o de protección de la salud de los consumidores perjudican sus ganancias futuras, lo que se conoce como el sistema de solución de controversias ‘inversor-Estado’.    

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