UN CASO PRÓXIMO: LA MINA ARATIRÍ.
URUGUAY QUIERE PARECERSE A LOS EEUU.
Fuente:
BLOG: “EL MUERTO QUE HABLA”
http://elmuertoquehabla.blogspot.com/
NOTA: El siguiente texto es un capítulo del libro inédito, escrito por Ricardo Meerhoff, que se publicará durante 2011:
NOTA 3
(ES CONTINUACION DELA NOTA 2) El gran filósofo uruguayo Carlos Vaz Ferreira (1872-1958), que fuera Decano de la Facultad de Humanidades y Ciencias y Rector de la Universidad, en su obra Lógica Viva (1910), menciona que uno de los razonamientos falaces es el de falsa oposición. Implica introducir un argumento ajeno a la cuestión que se discute, planteando un contraste de oposición para debilitar el argumento del contrario.
Esto es lo que menciona el productor Guillermo Gebelin, al decir que el funcionario público Pier Rossi de la Dirección Nacional de Minería y Geología (DINAMIGE), les increpó a los productores en Cerro Largo de qué tanto hablaban de la minería, ¿por qué no denunciaron la contaminación por herbicidas, plaguicidas y fertilizantes de la industria arrocera en Rocha? Recuerda a los asistentes el Sr. Gebelin su respuesta al Sr. Rossi, en que le dijo, con argumento ilevantable, que “si el cultivo de arroz contamina y ha contaminado cuencas enteras de agua dulce, es por la inacción exclusiva del Estado”.
Y agrega con total lógica viva, como propiciaba el maestro Vaz Ferreira: “¿Y qué tenemos que ver los productores de Cerro Chato con los productores de Rocha si es que contaminaban el agua? Así que como productor agropecuario afectado, rogaría que no nos pongan por delante esos ejemplos. Este es un típico caso en que se ataca al mensajero y no se escucha el mensaje, y esto por parte de una autoridad pública que tiene responsabilidad directa en el tema." La respuesta del oficial nada menos que de la DINAMIGE es desacreditar al que denuncia un problema real, del que precisamente tiene que ocuparse el funcionario. Un ejemplo de absurdo e irresponsabilidad pública, un “Reino del Revés”, como cantaba María Elena Walsh, donde “nadie baila con los pies, un ladrón es vigilante y otro es juez, y dos y dos son tres”.
Los parlamentarios de la CIEM no están debidamente informados y no pudieron responder a las inquietudes de los productores que acudieron a la Comisión. Afirman que solicitarán asesoramiento de funcionarios del Poder Ejecutivo, pero no mencionan acudir a científicos uruguayos, ni consideran realizar investigaciones, ni procurar obtener dictámenes técnicos. Las autoridades de gobierno recién en el 2010 demandaron estudios de impacto ambiental a la empresa, cuando ésta hacía años que ya estaba operando en las zonas afectadas.
Los parlamentarios son los representantes de la ciudadanía, no son representantes de la empresa. Ésta ha contratado a un alto ex funcionario del Gobierno como gerente, que más allá de los méritos propios, constituye una típica medida corporativa para tener mejor acceso a los niveles políticos y de gobierno e influir en la toma de decisiones.
• Uruguay no tiene una buena respuesta técnica al desafío que se presenta, no porque no haya técnicos en el país, sino porque las autoridades no los han consultado como debieron haberlo hecho. La Ley 17.283 del año 2000, que legisla sobre protección del medio ambiente, no incluye en sus providencias la participación del cuerpo científico nacional como actores estructurales, lo que constituye un error de diseño. El Decreto 353/2008, sobre OGMs, incluye al cuerpo científico como posible actor asesor, “pero no vinculante”. Si bien el caso de este emprendimiento rebasa toda previsión que se podía tener en el momento en que se aprobó la Ley 17.283, el Poder Ejecutivo, en el caso de la mina en consideración, debió haber contratado a la Universidad pública para realizar un estudio multidisciplinario, como lo hacen los gobiernos en todos los países. Todavía está a tiempo de hacerlo, salvo que prefiera no conocer dicha opinión, lo que no creemos que sea el caso.
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Los egresados de la Licenciatura de Geología de la Facultad de Humanidades y Ciencias son escasos, y posiblemente la mayoría de ellos estén contratados por esta empresa y por otras, pues en la Facultad de Ciencias hay cursos sin dictar por falta de docentes.
Los expertos nacionales que son empleados de la empresa tienen una identificación con el interés corporativo, lo que es natural y esperable. Sin embargo, el proyecto no es un tema de geólogos, sino que abarca esferas mucho más amplias.
Por lo mismo, además de solicitar de oficio un dictamen de la Universidad de la República con participación de varias Facultades, el Gobierno tendría que asesorarse con expertos internacionales. Así como Uruguay tuvo que contratar a estudios de abogados de renombre en el litigio con la República Argentina a raíz de la inversión de la empresa Botnia en Fray Bentos, y ahora lo hace en el juicio que plantea la multinacional tabacalera Marlboro, del mismo modo tendría que asesorarse con consultoras internacionales sobre los impactos de este emprendimiento en el corto, mediano y largo plazo, y abarcando todas las esferas de incidencia.
Parece existir un peligroso estado de arrobamiento en el Gobierno, dentro de una actitud general deng-xiapinguina de que “enriquecerse es magnífico”.
Ciudadanía.
No hay un reclamo generalizado por el daño que causará la empresa al medio ambiente, a la salud de las personas, a la riqueza nacional, al posible patrimonio prehistórico en los departamentos afectados, al turismo, a la imagen del país, a las generaciones futuras. No se han visto declaraciones de los partidos de la oposición en contra de la iniciativa.
En otras palabras: las fuerzas políticas no han reaccionado, por lo que parecen dar un apoyo tácito al proyecto.
La Cámara de Industria apoya el proyecto.
La ciudadanía, el público, no ha sido informado en forma debida. Afortunadamente, ahora se están elevando voces que resisten la iniciativa. Sin duda, de aprobarse, este emprendimiento tendrá un efecto político muy adverso en el mediano y largo plazo para quienes lo aprueben.
Hasta el 2010 solamente han reaccionado los directamente afectados, que son los productores rurales de la zona, y residentes de los balnearios del Este. Recién en los primeros meses de 2011 han aparecido otros grupos de protesta.
Los productores no han recibido información satisfactoria y no se ha respondido a sus legítimas inquietudes, por parte de la empresa y por funcionarios gubernamentales, y esto tanto desde el nivel técnico como del político.
PROCEDER DE LA EMPRESA.
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La empresa procede a actuar antes de tener aprobaciones. (Recién a principios del mes de mayo de 2011 se le impuso una multa de US$ 70.000 por actuar de este modo).
No ha presentado estudios de impacto ambiental aún cuando no sean referidos a Uruguay, que debe tener al haber trabajado en otros países y minas (hay un informe de la empresa con una gráfica donde se mencionan minas en otros países y su grado de contenido en hierro, pero no se sabe cuáles corresponden a prospecciones del consorcio). Recién en mayo de 2011 la empresa entregó un informe de impacto ambiental.
Por su misma trayectoria, la empresa sabe más que los expertos nacionales, y ahora sabe más de Uruguay que las autoridades de gobierno por todas las prospecciones que hizo, lo que es peligroso para el interés, la seguridad, y la soberanía nacional. ¿Qué cosas hay en el subsuelo uruguayo, además de magnetita?
Ha demostrado indiferencia cínica respecto de los derechos de los propietarios, al invadir campos bajo intimidación y causar perjuicios físicos que luego no repara (hoyos profundos sin tapar, corte de alambrados, caminos deshechos, suelo dañado por maquinaria pesada y tránsito intenso).
La empresa no muestra trato cordial ni civilizado: intima e intimida desde el Diario Oficial, mostrando su rapacidad técnica y económica, y una forma de actuar hostil y desleal.
Si nos atenemos a cómo actúa ahora en esta etapa prospectiva, se puede anticipar que su actuación posterior será de mayor agresividad, peligrosidad e impunidad.
(CONTINUA EN PROXIMA EDICION del BLOG
NOTA 4: PROSIGE “Proceder dela Empresa” )
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