DECLARACIÓN DEL CONSEJO CENTRAL DE AEBU
Ante la situación planteada en torno al pronunciamiento de la Suprema Corte de Justicia, respecto a la inconstitucionalidad de la aplicación del I.R.P.F. a Jubilados y Pensionistas, a la que se agrega la existencia de recursos presentados por Jubilados y Pensionistas Bancarios contra el aporte al financiamiento de la Caja de Jubilaciones y Pensiones Bancarias establecido por la Ley 17.841 (y sus prórrogas), el Consejo Central de la Asociación de Bancarios del Uruguay, en conjunto con el Consejo Directivo Autónomo de Jubilados y Pensionistas expresa:
1) La Caja de Jubilaciones y Pensiones Bancarias constituye en sus 83 años de existencia una rica experiencia de construcción colectiva de un modo de gestión de Seguridad Social basado en la solidaridad generacional e intergeneracional y de reparto, donde los conceptos de cogestión, autonomía, suficiencia y administración cristalina son valores a defender como modelo para nuestro colectivo y la sociedad uruguaya en su conjunto.
2) Que la crítica situación que actualmente atraviesa, no obedece a razones de mala gestión ni a la existencia de un régimen previsional privilegiado, sino a los problemas demográficos, de las transformaciones del mundo del trabajo que han sido generales a la Seguridad Social en el país; y fundamentalmente a la falta de adecuación del marco legal que la rige en cuanto a su campo afiliatorio, empresas y trabajadores, y al agotamiento de su modelo de financiamiento. r cierto esto no por omisión de nuestro Sindicato, ni de la propia Caja Bancaria, sino de las distintas administraciones de gobierno en las últimas décadas.
3) Impulsamos con un multitudinario respaldo en la Asamblea General realizada en el año 2001 un Proyecto de Reforma que establecía la necesidad de adecuar el campo afiliatorio a la realidad del sistema financiero del país, modificando su modelo de financiamiento, y apegado a los criterios establecidos anteriormente. El mismo expresaba la necesaria contribución de los trabajadores en actividad, los jubilados y pensionistas, las empresas y el Estado, en adecuado equilibrio a la capacidad contributiva de cada una de las partes.
4) En ese proceso, el esfuerzo realizado por nuestro colectivo de jubilados y pensionistas a partir del año 2004 así como el aporte extraordinario del 4,50% de las empresas que luego se ratificara a través de la ley 17.841 permitió mantener el equilibrio financiero que la Caja Bancaria necesitaba en esa etapa.
5) Esta actitud colectiva, implicó priorizar la supervivencia del instituto que nos ampara, y proponer soluciones en las cuales el primer esfuerzo lo ofrecimos los directamente involucrados.
6) Son cuestionables los fundamentos jurídicos de los recursos presentados, ya que desde el punto de vista ético la presentación de los recursos supone asumir una postura individualista, contraria al criterio básico de un sistema de reparto como el de la Caja Bancaria, de solidaridad generacional e intergeneracional.
7) Los jubilados y pensionistas patrocinados por AJUPE, en aras de un supuesto beneficio personal están atentando contra la existencia del Instituto previsional, y por tanto contra sus propias pasividades. Una eventual inviabilidad de la Caja Bancaria abre un futuro incierto a quienes hoy están jubilados, y a quienes en actividad están aportando al Instituto.
8) Es asombroso que uno de los patrocinantes de estos recursos sea el Dr. Gonzalo Aguirre quién ocupó la vicepresidencia de la República entre los años 1990 a 1994, período durante el cual rigió, e incluso se incrementó en forma importante, el Impuesto a las Retribuciones Personales a las Jubilaciones y Pensiones.
9) La presentación de estos recursos se enmarca en una campaña que, un reducido número de ciudadanos lleva adelante atentando contra los avances que representa el actual marco tributario - por cierto perfectible y con materias pendientes aún -, pero que es necesario profundizar en sus contenidos de equidad, para avanzar en una distribución justa de la riqueza generada por el conjunto de la sociedad.
10) Las verdaderas soluciones pasan por una reforma que ataque el origen de esta crisis, incorporando a la Caja Bancaria a todas las empresas que realizan actividad financiera en el país, y vinculando el aporte patronal al negocio de las empresas más que al número de trabajadores, cada vez más reducido en el actual modelo de sistema financiero regulado. A partir de ello, nuestra contribución tiene sentido, y es absolutamente necesaria, para evitar mayores costos al conjunto de la sociedad uruguaya.-
Montevideo, 3 de abril de 2008
Ante la situación planteada en torno al pronunciamiento de la Suprema Corte de Justicia, respecto a la inconstitucionalidad de la aplicación del I.R.P.F. a Jubilados y Pensionistas, a la que se agrega la existencia de recursos presentados por Jubilados y Pensionistas Bancarios contra el aporte al financiamiento de la Caja de Jubilaciones y Pensiones Bancarias establecido por la Ley 17.841 (y sus prórrogas), el Consejo Central de la Asociación de Bancarios del Uruguay, en conjunto con el Consejo Directivo Autónomo de Jubilados y Pensionistas expresa:
1) La Caja de Jubilaciones y Pensiones Bancarias constituye en sus 83 años de existencia una rica experiencia de construcción colectiva de un modo de gestión de Seguridad Social basado en la solidaridad generacional e intergeneracional y de reparto, donde los conceptos de cogestión, autonomía, suficiencia y administración cristalina son valores a defender como modelo para nuestro colectivo y la sociedad uruguaya en su conjunto.
2) Que la crítica situación que actualmente atraviesa, no obedece a razones de mala gestión ni a la existencia de un régimen previsional privilegiado, sino a los problemas demográficos, de las transformaciones del mundo del trabajo que han sido generales a la Seguridad Social en el país; y fundamentalmente a la falta de adecuación del marco legal que la rige en cuanto a su campo afiliatorio, empresas y trabajadores, y al agotamiento de su modelo de financiamiento. r cierto esto no por omisión de nuestro Sindicato, ni de la propia Caja Bancaria, sino de las distintas administraciones de gobierno en las últimas décadas.
3) Impulsamos con un multitudinario respaldo en la Asamblea General realizada en el año 2001 un Proyecto de Reforma que establecía la necesidad de adecuar el campo afiliatorio a la realidad del sistema financiero del país, modificando su modelo de financiamiento, y apegado a los criterios establecidos anteriormente. El mismo expresaba la necesaria contribución de los trabajadores en actividad, los jubilados y pensionistas, las empresas y el Estado, en adecuado equilibrio a la capacidad contributiva de cada una de las partes.
4) En ese proceso, el esfuerzo realizado por nuestro colectivo de jubilados y pensionistas a partir del año 2004 así como el aporte extraordinario del 4,50% de las empresas que luego se ratificara a través de la ley 17.841 permitió mantener el equilibrio financiero que la Caja Bancaria necesitaba en esa etapa.
5) Esta actitud colectiva, implicó priorizar la supervivencia del instituto que nos ampara, y proponer soluciones en las cuales el primer esfuerzo lo ofrecimos los directamente involucrados.
6) Son cuestionables los fundamentos jurídicos de los recursos presentados, ya que desde el punto de vista ético la presentación de los recursos supone asumir una postura individualista, contraria al criterio básico de un sistema de reparto como el de la Caja Bancaria, de solidaridad generacional e intergeneracional.
7) Los jubilados y pensionistas patrocinados por AJUPE, en aras de un supuesto beneficio personal están atentando contra la existencia del Instituto previsional, y por tanto contra sus propias pasividades. Una eventual inviabilidad de la Caja Bancaria abre un futuro incierto a quienes hoy están jubilados, y a quienes en actividad están aportando al Instituto.
8) Es asombroso que uno de los patrocinantes de estos recursos sea el Dr. Gonzalo Aguirre quién ocupó la vicepresidencia de la República entre los años 1990 a 1994, período durante el cual rigió, e incluso se incrementó en forma importante, el Impuesto a las Retribuciones Personales a las Jubilaciones y Pensiones.
9) La presentación de estos recursos se enmarca en una campaña que, un reducido número de ciudadanos lleva adelante atentando contra los avances que representa el actual marco tributario - por cierto perfectible y con materias pendientes aún -, pero que es necesario profundizar en sus contenidos de equidad, para avanzar en una distribución justa de la riqueza generada por el conjunto de la sociedad.
10) Las verdaderas soluciones pasan por una reforma que ataque el origen de esta crisis, incorporando a la Caja Bancaria a todas las empresas que realizan actividad financiera en el país, y vinculando el aporte patronal al negocio de las empresas más que al número de trabajadores, cada vez más reducido en el actual modelo de sistema financiero regulado. A partir de ello, nuestra contribución tiene sentido, y es absolutamente necesaria, para evitar mayores costos al conjunto de la sociedad uruguaya.-
Montevideo, 3 de abril de 2008
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