PAN DE AZÚCAR
EN URUGUAY:
UN CASO
UN CASO
DE CORRUPCIÓN
EN LAS
EN LAS
ALTAS ESFERAS
Escribe
Martín Prats (*)
(*) Doctor en Derecho y Ciencias Sociales egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad de la Republica (Uruguay). Profesor Adscripto en Historia de las Ideas de la Facultad de Derecho y Profesor Adjunto de Derecho, Director Ejecutivo de IELSUR en Uruguay. Asesor de ONGs y autor de varias publicaciones sobre Derechos Humanos e Historia de las Ideas. El libro “Transparencia y probidad pública” lo edito la Universidad de Chile
PARTE UNO
1. INTRODUCCIÓN
El caso Banco Pan de Azúcar (BPA) se refiere a la compleja y cuestionada venta de un banco privado que, por su insolvencia, fue comprado y saneado por el Estado para luego enajenarlo a privados, provocando en Uruguay conmociones políticas y jurídicas inusitadas. Se trato de un largo proceso que culmino penalmente con la condena de Enrique Braga, primero
Ministro de Economía y Finanzas y luego Presidente del Banco Central del Uruguay (BCU), durante el periodo de gobierno 1990-1994. Resulta interesante analizar este caso por una serie de razones: a. El caso no solo tuvo serias consecuencias penales, sino que se trato, por sobre todo, de un hecho eminentemente político. Los procesamientos de Braga y altos funcionarios de gobierno, por este y otros casos de corrupción, empanaron el Gobierno del Dr. Luis Alberto Lacalle, colocándolo bajo un manto general de sospecha.
Escribe
Martín Prats (*)
(*) Doctor en Derecho y Ciencias Sociales egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad de la Republica (Uruguay). Profesor Adscripto en Historia de las Ideas de la Facultad de Derecho y Profesor Adjunto de Derecho, Director Ejecutivo de IELSUR en Uruguay. Asesor de ONGs y autor de varias publicaciones sobre Derechos Humanos e Historia de las Ideas. El libro “Transparencia y probidad pública” lo edito la Universidad de Chile
PARTE UNO
1. INTRODUCCIÓN
El caso Banco Pan de Azúcar (BPA) se refiere a la compleja y cuestionada venta de un banco privado que, por su insolvencia, fue comprado y saneado por el Estado para luego enajenarlo a privados, provocando en Uruguay conmociones políticas y jurídicas inusitadas. Se trato de un largo proceso que culmino penalmente con la condena de Enrique Braga, primero
Ministro de Economía y Finanzas y luego Presidente del Banco Central del Uruguay (BCU), durante el periodo de gobierno 1990-1994. Resulta interesante analizar este caso por una serie de razones: a. El caso no solo tuvo serias consecuencias penales, sino que se trato, por sobre todo, de un hecho eminentemente político. Los procesamientos de Braga y altos funcionarios de gobierno, por este y otros casos de corrupción, empanaron el Gobierno del Dr. Luis Alberto Lacalle, colocándolo bajo un manto general de sospecha.
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b. El caso alimento de forma significativa los debates ideológicos sobre políticas financieras estatales, privatizaciones, el rol del capital privado y la inversión extranjera.
c. Los fuertes cuestionamientos políticos a los fallos judiciales, vertidos por los principales afectados y sus seguidores, avivaron como nunca en el país el problema de la politizacion de la justicia y su contracara, la judicializacion de la política.
d. Quedaron en entredicho la efectividad de los mecanismos legales de control y transparencia; la capacidad del Poder Judicial para resolver cuestiones de tal magnitud; y el papel de los partidos políticos, la prensa y la opinión pública en la resolución de problemas relativos a la integridad en el manejo del patrimonio público.
e. El caso tuvo claras consecuencias político-electorales. El partido en que militaban las personas involucradas en estos hechos sufrió un serio revés en las elecciones que siguieron al destape del escándalo. Evidenciando, de esta manera, como estos temas gravitan en la opinión publica uruguaya. Los propios partidos políticos sacaron lecciones sobre la forma mas adecuada para afrontar los fenómenos de corrupción, mas allá del uso político que le pueden dar.
2. CONTEXTO
En octubre de 1996, momento del auto de procesamiento del Cr. Enrique Braga por “abuso de funciones, en casos no previstos especialmente por la Ley”, Uruguay se encontraba inmerso en una pesada atmosfera de denuncias sobre corrupción.
La prensa cubría diariamente escandalosas denuncias. Muchas derivaron en la conformación de comisiones investigadoras en el Congreso y otras llegaron a la Justicia, mientras que unas cuantas se diluyeron por falta de pruebas. Pero mas allá de los caminos seguidos en cada una de ellas, la opinión publica creía que se había abierto “una caja de Pandora” de consecuencias impredecibles.
Lacalle, por su parte, señalaba que se estaba ante una verdadera “embestida baguala”, cuyo objetivo era desprestigiar políticamente a su gobierno, a su partido y a su persona. Hasta entonces, la corrupción estuvo casi ausente en la agenda política y muchos señalaban orgullosamente que en el Uruguay no existían problemas de corrupción, diferenciando así al país de otros de la región.
b. El caso alimento de forma significativa los debates ideológicos sobre políticas financieras estatales, privatizaciones, el rol del capital privado y la inversión extranjera.
c. Los fuertes cuestionamientos políticos a los fallos judiciales, vertidos por los principales afectados y sus seguidores, avivaron como nunca en el país el problema de la politizacion de la justicia y su contracara, la judicializacion de la política.
d. Quedaron en entredicho la efectividad de los mecanismos legales de control y transparencia; la capacidad del Poder Judicial para resolver cuestiones de tal magnitud; y el papel de los partidos políticos, la prensa y la opinión pública en la resolución de problemas relativos a la integridad en el manejo del patrimonio público.
e. El caso tuvo claras consecuencias político-electorales. El partido en que militaban las personas involucradas en estos hechos sufrió un serio revés en las elecciones que siguieron al destape del escándalo. Evidenciando, de esta manera, como estos temas gravitan en la opinión publica uruguaya. Los propios partidos políticos sacaron lecciones sobre la forma mas adecuada para afrontar los fenómenos de corrupción, mas allá del uso político que le pueden dar.
2. CONTEXTO
En octubre de 1996, momento del auto de procesamiento del Cr. Enrique Braga por “abuso de funciones, en casos no previstos especialmente por la Ley”, Uruguay se encontraba inmerso en una pesada atmosfera de denuncias sobre corrupción.
La prensa cubría diariamente escandalosas denuncias. Muchas derivaron en la conformación de comisiones investigadoras en el Congreso y otras llegaron a la Justicia, mientras que unas cuantas se diluyeron por falta de pruebas. Pero mas allá de los caminos seguidos en cada una de ellas, la opinión publica creía que se había abierto “una caja de Pandora” de consecuencias impredecibles.
Lacalle, por su parte, señalaba que se estaba ante una verdadera “embestida baguala”, cuyo objetivo era desprestigiar políticamente a su gobierno, a su partido y a su persona. Hasta entonces, la corrupción estuvo casi ausente en la agenda política y muchos señalaban orgullosamente que en el Uruguay no existían problemas de corrupción, diferenciando así al país de otros de la región.
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Sin pretender realizar una historia de la corrupción en el Uruguay o descubrir si esta afecto o no al país en etapas previas, es necesario ubicarnos en el contexto post-dictadura para entender el surgimiento de esta ola de denuncias e investigaciones presentadas a partir del ano 1992, cuando la percepción de la corrupción aun no se disparaba.
Recobrada la institucionalidad democrática en marzo de 1985, se sospechaba que durante la dictadura (1973-1985) hubo espurios manejos de las cuentas públicas. Sin embargo, el primer gobierno democrático tuvo una implícita voluntad de “no agitar las aguas” con temas espinosos que pudieran alterar la estrategia del “cambio en paz” y poner en riesgo la transición democrática.
Sin pretender realizar una historia de la corrupción en el Uruguay o descubrir si esta afecto o no al país en etapas previas, es necesario ubicarnos en el contexto post-dictadura para entender el surgimiento de esta ola de denuncias e investigaciones presentadas a partir del ano 1992, cuando la percepción de la corrupción aun no se disparaba.
Recobrada la institucionalidad democrática en marzo de 1985, se sospechaba que durante la dictadura (1973-1985) hubo espurios manejos de las cuentas públicas. Sin embargo, el primer gobierno democrático tuvo una implícita voluntad de “no agitar las aguas” con temas espinosos que pudieran alterar la estrategia del “cambio en paz” y poner en riesgo la transición democrática.
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Desde comienzos del siglo XX, a partir de las presidencias de José Batlle y Ordóñez, y durante toda la centuria, Uruguay tuvo una larga y continuada tradición estatista, caracterizada por la propiedad estatal de pocas pero grandes empresas industriales, comerciales y financieras, incluyendo algunas amparadas por un régimen legal de monopolio. Ellas fueron pilares de la economía y enormes captadoras de empleo.
Con el transcurso del tiempo, estas empresas se deterioraron producto de malas administraciones y por la intromisión de la política partidaria en su dirección (directores elegidos por cuota política y no por capacidad, practica de clientelismo para emplear funcionarios, plantillas desmedidas, manejo desprolijo del gasto, falta de controles, impericia técnica en las inversiones, entre otras), ocasionando que muchas de ellas se tornaran ineficientes y deficitarias.
No obstante, por concitar una gran aceptación popular, soportaron por mucho tiempo las criticas del liberalismo económico. Ni siquiera durante la dictadura, cuando el gobierno de facto no estaba sujeto a control parlamentario ni existía prensa libre, se intento privatizarlas, pese a que la dirección económica del país estaba a cargo de connotados “neoliberales”
Desde comienzos del siglo XX, a partir de las presidencias de José Batlle y Ordóñez, y durante toda la centuria, Uruguay tuvo una larga y continuada tradición estatista, caracterizada por la propiedad estatal de pocas pero grandes empresas industriales, comerciales y financieras, incluyendo algunas amparadas por un régimen legal de monopolio. Ellas fueron pilares de la economía y enormes captadoras de empleo.
Con el transcurso del tiempo, estas empresas se deterioraron producto de malas administraciones y por la intromisión de la política partidaria en su dirección (directores elegidos por cuota política y no por capacidad, practica de clientelismo para emplear funcionarios, plantillas desmedidas, manejo desprolijo del gasto, falta de controles, impericia técnica en las inversiones, entre otras), ocasionando que muchas de ellas se tornaran ineficientes y deficitarias.
No obstante, por concitar una gran aceptación popular, soportaron por mucho tiempo las criticas del liberalismo económico. Ni siquiera durante la dictadura, cuando el gobierno de facto no estaba sujeto a control parlamentario ni existía prensa libre, se intento privatizarlas, pese a que la dirección económica del país estaba a cargo de connotados “neoliberales”
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El primer gobierno de Julio Mariah Sanguinetti, apegado a la tradición batllista del Partido Colorado, tampoco impulso mayores privatizaciones, aunque continuo con la política económica monetarista, cerro algunas empresas publicas claramente deficitarias y redujo otras a su minima expresión.
Con el gobierno de Lacalle (1990-1994), de tinte liberal, cambio el partido de gobierno y se impulso una ambiciosa política de reforma del Estado que incluyo privatizaciones, tercerizaciones, desregulaciones y desmonopolizacion de servicios públicos.
Al incrementarse los negocios estatales con empresas privadas, en general extranjeras, fue impulsado, por distintos actores (sindicatos de funcionarios públicos, políticos y prensa opositora15), el debate sobre la transparencia de los contratos del Estado con privados y se instalo la “sospecha” de la corrupción.
En este panorama, hubo algunas operaciones que merecieron especial atención, ya sea por el volumen de capitales manejados o por sus implicancias en la política económica general, como las reventas de bancos que el Estado había adquirido para evitar su quiebra.
El primer gobierno de Julio Mariah Sanguinetti, apegado a la tradición batllista del Partido Colorado, tampoco impulso mayores privatizaciones, aunque continuo con la política económica monetarista, cerro algunas empresas publicas claramente deficitarias y redujo otras a su minima expresión.
Con el gobierno de Lacalle (1990-1994), de tinte liberal, cambio el partido de gobierno y se impulso una ambiciosa política de reforma del Estado que incluyo privatizaciones, tercerizaciones, desregulaciones y desmonopolizacion de servicios públicos.
Al incrementarse los negocios estatales con empresas privadas, en general extranjeras, fue impulsado, por distintos actores (sindicatos de funcionarios públicos, políticos y prensa opositora15), el debate sobre la transparencia de los contratos del Estado con privados y se instalo la “sospecha” de la corrupción.
En este panorama, hubo algunas operaciones que merecieron especial atención, ya sea por el volumen de capitales manejados o por sus implicancias en la política económica general, como las reventas de bancos que el Estado había adquirido para evitar su quiebra.
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La política económica nacional –desde la dictadura y hasta los primeros gobiernos democráticos había trazado como uno de sus objetivos la constitución de una fuerte plaza financiera que captara el ahorro nacional y recibiera depósitos provenientes del extranjero. Axial, la fijación de altas tasas de interés y el establecimiento legal del secreto bancario facilitaron la instalación de bancos extranjeros. La plaza se conformo entonces con dos bancos estatales –uno dedicado al fomento de la producción (Banco de la Republica) y otro, a promover la construcción y compra de viviendas (Banco Hipotecario)– y por varios bancos privados constituidos fundamentalmente con capital extranjero y dedicados a la captación del ahorro, las operaciones comerciales y la banca off shore.
A su vez, desde 1967, existe el Banco Central del Uruguay (BCU) con rango constitucional. Tiene naturaleza jurídica de ente autónomo, esta dotado de independencia técnica y posee, entre otros cometidos, la emisión de moneda y la supervisión de la gestión de los agentes financieros que operan en la plaza.
La política económica nacional –desde la dictadura y hasta los primeros gobiernos democráticos había trazado como uno de sus objetivos la constitución de una fuerte plaza financiera que captara el ahorro nacional y recibiera depósitos provenientes del extranjero. Axial, la fijación de altas tasas de interés y el establecimiento legal del secreto bancario facilitaron la instalación de bancos extranjeros. La plaza se conformo entonces con dos bancos estatales –uno dedicado al fomento de la producción (Banco de la Republica) y otro, a promover la construcción y compra de viviendas (Banco Hipotecario)– y por varios bancos privados constituidos fundamentalmente con capital extranjero y dedicados a la captación del ahorro, las operaciones comerciales y la banca off shore.
A su vez, desde 1967, existe el Banco Central del Uruguay (BCU) con rango constitucional. Tiene naturaleza jurídica de ente autónomo, esta dotado de independencia técnica y posee, entre otros cometidos, la emisión de moneda y la supervisión de la gestión de los agentes financieros que operan en la plaza.
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La constitución de esta “plaza financiera” necesitaba de un sistema bancario saludable y estable.
Mantener estas condiciones en el tiempo requería que el ingreso masivo de bancos tuviera como contraprestacion una férrea supervisión del BCU para evitar posibles insolvencias. Fue precisamente aquí donde el sistema comenzó a mostrar debilidades. La autoridad monetaria no logro evitar que ciertos bancos incumplieran sus obligaciones y no pudieran responder por los depósitos recibidos. Esto significaba una seria amenaza para todo el sistema y un riesgo cierto de provocar un efecto domino en toda la economía nacional. Para evitar tales perjuicios, se procedió
a la intervención de las entidades bancarias con problemas, la adquisición a altos costos de sus devaluados paquetes accionarios y su posterior saneamiento, para luego venderlos a bancos extranjeros con interés en operar en Uruguay.
La constitución de esta “plaza financiera” necesitaba de un sistema bancario saludable y estable.
Mantener estas condiciones en el tiempo requería que el ingreso masivo de bancos tuviera como contraprestacion una férrea supervisión del BCU para evitar posibles insolvencias. Fue precisamente aquí donde el sistema comenzó a mostrar debilidades. La autoridad monetaria no logro evitar que ciertos bancos incumplieran sus obligaciones y no pudieran responder por los depósitos recibidos. Esto significaba una seria amenaza para todo el sistema y un riesgo cierto de provocar un efecto domino en toda la economía nacional. Para evitar tales perjuicios, se procedió
a la intervención de las entidades bancarias con problemas, la adquisición a altos costos de sus devaluados paquetes accionarios y su posterior saneamiento, para luego venderlos a bancos extranjeros con interés en operar en Uruguay.
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Esta practica fue muy criticada por la oposición política de izquierda, representada por el Frente Amplio. Este sector, cuya ideología económica era contraria a la del gobierno de turno, tenía concepciones distintas sobre los fines y estructura que debía tener el sistema financiero. Asimismo, sostenía criterios distintos sobre como el BCU debía controlar a los bancos privados para asegurar la debida transparencia en estos negocios.
Por estos factores, el problema de la corrupción logro captar el interés de partidos políticos, sindicatos, prensa y opinión publica. La eventual presencia de corrupcion en el manejo del sistema financiero no solo podría significar un alto costo político y responsabilidad penal para sus protagonistas, sino que también ponía en tela de juicio la política económica del gobierno, tanto en sus bases filosóficas como en su operativa practica e institucional. Es en este contexto donde ocurre el “caso BPA”.
(CONTINUA PARTE DOS)
Esta practica fue muy criticada por la oposición política de izquierda, representada por el Frente Amplio. Este sector, cuya ideología económica era contraria a la del gobierno de turno, tenía concepciones distintas sobre los fines y estructura que debía tener el sistema financiero. Asimismo, sostenía criterios distintos sobre como el BCU debía controlar a los bancos privados para asegurar la debida transparencia en estos negocios.
Por estos factores, el problema de la corrupción logro captar el interés de partidos políticos, sindicatos, prensa y opinión publica. La eventual presencia de corrupcion en el manejo del sistema financiero no solo podría significar un alto costo político y responsabilidad penal para sus protagonistas, sino que también ponía en tela de juicio la política económica del gobierno, tanto en sus bases filosóficas como en su operativa practica e institucional. Es en este contexto donde ocurre el “caso BPA”.
(CONTINUA PARTE DOS)
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