PAN DE AZÚCAR
EN URUGUAY:
UN CASO
UN CASO
DE CORRUPCIÓN
EN LAS
EN LAS
ALTAS ESFERAS
Escribe
Martín Prats (*)
Escribe
Martín Prats (*)
(*) Doctor en Derecho y Ciencias Sociales egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad de la Republica (Uruguay). Profesor Adscripto en Historia de las Ideas de la Facultad de Derecho y Profesor Adjunto de Derecho, Director Ejecutivo de IELSUR en Uruguay. Asesor de ONGs y autor de varias publicaciones sobre Derechos Humanos e Historia de las Ideas. El libro “Transparencia y probidad pública” lo edito la Universidad de Chile
PARTE DOS
3. La venta del BPA
La política económica cambiaria diseñada por el gobierno dictatorial se desmorono en el ano 1982 con el llamado “quiebre de la tablita”. El sistema crediticio resulto arruinado, pues buena parte de la sociedad y los distintos sectores productivos habían sido alentados a endeudarse en dólares. La brusca variación en el tipo de cambio llevo a los deudores a la imposibilidad práctica de hacer frente a sus compromisos.
Producto de esta crisis, algunas entidades bancarias acreedoras también experimentaron dificultades al aumentar significativamente sus carteras de morosos, sin poder obtener el retorno esperado por préstamos realizados. Llegado 1985 (ano de la restauración democrática), varios bancos privados tuvieron enormes dificultades económicas, al punto de comprometer la subsistencia de sus negocios. Así sucedió con el Banco de Italia, el Banco Comercial, el Banco La Caja Obrera y el BPA.
PARTE DOS
3. La venta del BPA
La política económica cambiaria diseñada por el gobierno dictatorial se desmorono en el ano 1982 con el llamado “quiebre de la tablita”. El sistema crediticio resulto arruinado, pues buena parte de la sociedad y los distintos sectores productivos habían sido alentados a endeudarse en dólares. La brusca variación en el tipo de cambio llevo a los deudores a la imposibilidad práctica de hacer frente a sus compromisos.
Producto de esta crisis, algunas entidades bancarias acreedoras también experimentaron dificultades al aumentar significativamente sus carteras de morosos, sin poder obtener el retorno esperado por préstamos realizados. Llegado 1985 (ano de la restauración democrática), varios bancos privados tuvieron enormes dificultades económicas, al punto de comprometer la subsistencia de sus negocios. Así sucedió con el Banco de Italia, el Banco Comercial, el Banco La Caja Obrera y el BPA.
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El Gobierno busco que los bancos en dificultades, a través de un plan de restructuración y rehabilitación financiera y administrativa, aseguraran su viabilidad para luego ser reprivatizados. De esta manera, para evitar el cierre de estas instituciones, el Estado se hizo cargo de ellas comprando sus carteras a un costo de aproximadamente USD 400.000.000. Este desembolso incluyo aportes de capital para que los bancos pudiesen seguir funcionando y la absorción de perdidas de algunos ejercicios anteriores.
Para estas compras, el Estado utilizo recursos propios y acudió a créditos internacionales, abultando con ello la deuda externa. Específicamente para la compra del BPA, se destino una suma estimada entre 90 y 95 millones de dólares. Este proceso se estipulo expresamente en los compromisos que el Estado asumió con el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, que aporto, a través de un Convenio de Prestamos, los fondos necesarios para estas operaciones.
El Gobierno busco que los bancos en dificultades, a través de un plan de restructuración y rehabilitación financiera y administrativa, aseguraran su viabilidad para luego ser reprivatizados. De esta manera, para evitar el cierre de estas instituciones, el Estado se hizo cargo de ellas comprando sus carteras a un costo de aproximadamente USD 400.000.000. Este desembolso incluyo aportes de capital para que los bancos pudiesen seguir funcionando y la absorción de perdidas de algunos ejercicios anteriores.
Para estas compras, el Estado utilizo recursos propios y acudió a créditos internacionales, abultando con ello la deuda externa. Específicamente para la compra del BPA, se destino una suma estimada entre 90 y 95 millones de dólares. Este proceso se estipulo expresamente en los compromisos que el Estado asumió con el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, que aporto, a través de un Convenio de Prestamos, los fondos necesarios para estas operaciones.
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Sin embargo, pese a la intención del Gobierno, la intervención que se hizo no logro mejorar las finanzas de estos bancos, detener las perdidas ni recuperar su credibilidad. Los conocidos popularmente como “bancos fundidos” continuaron siendo una sangría permanente para las finanzas públicas y fueron el flanco débil de la gestión financiera del Gobierno.
En 1985 el Estado compro los paquetes accionarios del BPA y otros bancos, a través de dos instituciones públicas: el Banco de la Republica Oriental del Uruguay (BROU) y la Corporación Nacional para el Desarrollo (CND). El BCU debía controlar el proceso de compra de los paquetes accionarios interviniendo en todo el proceso de reprivatización.
Sin embargo, pese a la intención del Gobierno, la intervención que se hizo no logro mejorar las finanzas de estos bancos, detener las perdidas ni recuperar su credibilidad. Los conocidos popularmente como “bancos fundidos” continuaron siendo una sangría permanente para las finanzas públicas y fueron el flanco débil de la gestión financiera del Gobierno.
En 1985 el Estado compro los paquetes accionarios del BPA y otros bancos, a través de dos instituciones públicas: el Banco de la Republica Oriental del Uruguay (BROU) y la Corporación Nacional para el Desarrollo (CND). El BCU debía controlar el proceso de compra de los paquetes accionarios interviniendo en todo el proceso de reprivatización.
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En 1989 se inicio el proceso de reventa y el BCU recibió varias ofertas concretas de distintos bancos argentinos y brasileños, así como del Frances Crédito Agricole, entre otros. En este proceso, el CR. Braga, como Presidente del BCU, termino finalmente por cursar la venta al Banknord Group, una financiera francesa que conformo un pool con cinco bancos regionales italianos, cerrándose el negocio el 22 de marzo de 1994.
En 1989 se inicio el proceso de reventa y el BCU recibió varias ofertas concretas de distintos bancos argentinos y brasileños, así como del Frances Crédito Agricole, entre otros. En este proceso, el CR. Braga, como Presidente del BCU, termino finalmente por cursar la venta al Banknord Group, una financiera francesa que conformo un pool con cinco bancos regionales italianos, cerrándose el negocio el 22 de marzo de 1994.
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Desde el comienzo, las negociaciones despertaron suspicacias en los partidos y prensa de oposición, así como en la Asociación de Empleados Bancarios del Uruguay (AEBU. La oferta aceptada fue de cinco millones de dólares, cuando poco antes se habían rechazado ofertas de quince y hasta treinta millones de dólares, provenientes de entidades financieras mas reconocidas internacionalmente que la que se lo adjudico en definitiva. El argumento mas fuerte esgrimido por el BCU fue que los adquirentes aseguraban la fuente de trabajo de los cuatrocientos empleados del banco y el compromiso “tácito” de “promover el desarrollo nacional”.
Desde el comienzo, las negociaciones despertaron suspicacias en los partidos y prensa de oposición, así como en la Asociación de Empleados Bancarios del Uruguay (AEBU. La oferta aceptada fue de cinco millones de dólares, cuando poco antes se habían rechazado ofertas de quince y hasta treinta millones de dólares, provenientes de entidades financieras mas reconocidas internacionalmente que la que se lo adjudico en definitiva. El argumento mas fuerte esgrimido por el BCU fue que los adquirentes aseguraban la fuente de trabajo de los cuatrocientos empleados del banco y el compromiso “tácito” de “promover el desarrollo nacional”.
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Otro aspecto del contrato de compraventa que motivo criticas fue el compromiso de que el BCU garantizaría el cobro del 78% de las carteras morosas que se transferirían, minimizando el riesgo de la inversión privada pero amenazando de forma importante los ingresos para el Estado producto de la venta.
Sin perjuicio de lo anterior, tanto para el BCU como para el gobierno, la operación era altamente conveniente pues el BPA generaba perdidas diariamente y cuanto antes el Estado se pudiera desprender de el, mejor. Al poco tiempo, las primeras medidas adoptadas por el Banco Central hicieron aumentar los temores sobre la integridad de la operación. Entre ellas, se destinaron 700 mil dólares a la compra del paquete accionario de una financiera suiza cuando, por disposición expresa del BCU, los bancos privados instalados en el Uruguay no están autorizados para la compra de acciones financieras.
Otro aspecto del contrato de compraventa que motivo criticas fue el compromiso de que el BCU garantizaría el cobro del 78% de las carteras morosas que se transferirían, minimizando el riesgo de la inversión privada pero amenazando de forma importante los ingresos para el Estado producto de la venta.
Sin perjuicio de lo anterior, tanto para el BCU como para el gobierno, la operación era altamente conveniente pues el BPA generaba perdidas diariamente y cuanto antes el Estado se pudiera desprender de el, mejor. Al poco tiempo, las primeras medidas adoptadas por el Banco Central hicieron aumentar los temores sobre la integridad de la operación. Entre ellas, se destinaron 700 mil dólares a la compra del paquete accionario de una financiera suiza cuando, por disposición expresa del BCU, los bancos privados instalados en el Uruguay no están autorizados para la compra de acciones financieras.
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También hubo un intento de retiro de los fondos del BPA para transferirlos al exterior, lo que fue interpretado como una forma de vaciamiento. Esta última operación no fue del todo exitosa puesto que había colocaciones de bonos del Tesoro afectados a los encajes que impidieron la transferencia. No obstante, nueve millones de dólares (tres cuartas partes del total) fueron a parar a una cuenta de un banco en Italia.
Para colmo, Banknord no presento los avales de los bancos regionales italianos que supuestamente se habían asociado para garantizar la compra, lo que aumento las criticas a la operación, provenientes incluso de los directores de la Corporación para el Desarrollo, integrantes del Partido Colorado.
Si bien el contrato incluya originalmente una cláusula según la cual se otorgaba el plazo de un ano para que los bancos italianos presentaran los avales, la versión definitiva del contrato elimino la disposición por la cual los compradores se obligaban a pagar una multa de cinco millones de dólares si los avales no aparecían, lo que contribuyo a empeorar las cosas.
También hubo un intento de retiro de los fondos del BPA para transferirlos al exterior, lo que fue interpretado como una forma de vaciamiento. Esta última operación no fue del todo exitosa puesto que había colocaciones de bonos del Tesoro afectados a los encajes que impidieron la transferencia. No obstante, nueve millones de dólares (tres cuartas partes del total) fueron a parar a una cuenta de un banco en Italia.
Para colmo, Banknord no presento los avales de los bancos regionales italianos que supuestamente se habían asociado para garantizar la compra, lo que aumento las criticas a la operación, provenientes incluso de los directores de la Corporación para el Desarrollo, integrantes del Partido Colorado.
Si bien el contrato incluya originalmente una cláusula según la cual se otorgaba el plazo de un ano para que los bancos italianos presentaran los avales, la versión definitiva del contrato elimino la disposición por la cual los compradores se obligaban a pagar una multa de cinco millones de dólares si los avales no aparecían, lo que contribuyo a empeorar las cosas.
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La situación quedo aun menos clara cuando, en un anexo del contrato final, se autorizo al BPA a redesarrollar el giro de seguros, cuando la desmonopolización de este giro aun no se había reglamentado y no se habían establecido las condiciones operativas para las empresas de seguros, como, por ejemplo, el monto de capitales mínimos exigibles como respaldo
Esto último revelaba que el negocio principal del nuevo BPA serian los seguros. Siendo este negocio uno de los frutos más apetecibles en el nuevo marco de privatizaciones, este acuerdo profundizo las sospechas de la utilización de información privilegiada en beneficio propio, máxime con la constatación de que los nuevos directores del BPA eran o habían sido jerarcas del gobierno.
La situación quedo aun menos clara cuando, en un anexo del contrato final, se autorizo al BPA a redesarrollar el giro de seguros, cuando la desmonopolización de este giro aun no se había reglamentado y no se habían establecido las condiciones operativas para las empresas de seguros, como, por ejemplo, el monto de capitales mínimos exigibles como respaldo
Esto último revelaba que el negocio principal del nuevo BPA serian los seguros. Siendo este negocio uno de los frutos más apetecibles en el nuevo marco de privatizaciones, este acuerdo profundizo las sospechas de la utilización de información privilegiada en beneficio propio, máxime con la constatación de que los nuevos directores del BPA eran o habían sido jerarcas del gobierno.
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Haciendo referencia a estos hechos, el semanario Brecha publico una nota titulada “Once motivos de mal olor” donde trataba las irregularidades cometidas y hacia ver los vínculos existentes entre el jerarca del BCU, Enrique Braga, y otros connotados dirigentes que actuaron en la operación.
Ante estas denuncias, parlamentarios del Partido Colorado y del Frente Amplio solicitaron la conformacion de una comisión parlamentaria para investigar este negocio, la cual recién pudo ser constituida terminado el gobierno de Lacalle.
El Partido Nacional defendió políticamente a sus militantes cuestionados, pero apoyo la conformación de la comisión con el fin de transparentar el proceso e intentar demostrar su inocencia. Sin embargo, dentro de sus filas, también hubo quienes cuestionaron la gestión del BCU y sospechaban que, efectivamente, ocurrieron hechos de corrupción.
SIGUE NOTA 3:”LA INVESTIGACION PARLAMENTARIA”
Haciendo referencia a estos hechos, el semanario Brecha publico una nota titulada “Once motivos de mal olor” donde trataba las irregularidades cometidas y hacia ver los vínculos existentes entre el jerarca del BCU, Enrique Braga, y otros connotados dirigentes que actuaron en la operación.
Ante estas denuncias, parlamentarios del Partido Colorado y del Frente Amplio solicitaron la conformacion de una comisión parlamentaria para investigar este negocio, la cual recién pudo ser constituida terminado el gobierno de Lacalle.
El Partido Nacional defendió políticamente a sus militantes cuestionados, pero apoyo la conformación de la comisión con el fin de transparentar el proceso e intentar demostrar su inocencia. Sin embargo, dentro de sus filas, también hubo quienes cuestionaron la gestión del BCU y sospechaban que, efectivamente, ocurrieron hechos de corrupción.
SIGUE NOTA 3:”LA INVESTIGACION PARLAMENTARIA”
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