LA DEUDA ILEGITIMA
QUE FUERA INVESTIGADA - NOTA DOS
QUE FUERA INVESTIGADA - NOTA DOS
Escribe 
ALEJANDRO
OLMOS GAONA (*)
Publicado en
“ARGENPRESS”
(es continuación de la NOTA UNO)
ABERRACIONES JURÍDICAS
Haciendo una síntesis de los hallazgos encontrados, tienen relevancia especial los siguientes que revelan, a los extremos que se llegó:
1) La indudable lesión a los intereses del Estado y al patrimonio público
2) La violación a principios fundamentales del derecho administrativo
3) La ignorancia del cabal destino de los fondos durante la dictadura.
4) La violación del Código Civil, el Código de Comercio y la Ley Orgánica de Administración Financiera y Control.
5) La violación de la Constitución.
6) La obligatoriedad de contraer préstamos con el FMI, aún cuando no se necesitara el dinero, como condición de cumplimiento del contrato con los bancos acreedores.
7) Se eximió de cualquier responsabilidad, por cualquier acto lesivo, a los bancos acreedores, representantes, empleados, directivos, etc.
8) Se renunció a cualquier tipo de inmunidad.
9) El Ecuador se hizo cargo de la totalidad de los gastos de los acreedores, sus abogados, asesores, operadores, etc.
10) Se firmaron convenios sin autorización legal.
11) Se renunció a todas las defensas que pudiere oponer el país, en caso de una acción legal.
12) Se renunció a cualquier acción legal, en caso de que el convenio firmado fuera nulo, ilegal o no ejecutable.
13) Los procuradores del Estado, incurrieron desde 1977 hasta el 2005 en los delitos de falsedad ideológica, prevaricato, e incumplimiento de los deberes de funcionario público.
14) Se estableció, falsamente, en los convenios que éstos se encontraban en legal forma bajo las leyes del Ecuador.
15) En el caso de los bonos 2012 y 2030, el convenio "Indenture" que establecía las pautas a las que debían ajustarse, no tuvo el obligatorio dictamen de la Procuraduría, y el mismo recién fue remitido a las autoridades ecuatorianas cinco años después de ser firmado por el Cónsul de Ecuador en Nueva York.
16) Se firmaron convenios con fechas antedatadas.
17) En la generalidad de los casos las emisiones de bonos fueron colocaciones privadas a ser negociadas en gran parte en paraísos fiscales y nunca obedecieron a las formalidades de una oferta pública, sujeta a las estipulaciones de la Securities Exchange Comisión de Estados Unidos, como correspondía a una negociación clara y transparente.
18) Se aceptaron créditos de los organismos multilaterales, para privatizar sectores estratégicos, y no para proyectos de desarrollo.
19) Se convalidó el abuso de derecho.
LA PRESENTACIÓN
El denominado Resumen Ejecutivo de la Auditoría fue presentado al presidente Rafael Correa el 20 de noviembre de 2008, en un acto público que contó con la participación del gabinete de ministros, los más altos funcionarios del Estado, el presidente de la Asamblea Nacional, asambleístas, cuerpo diplomático e invitados especiales de otros países. La economista Karina Sáenz, directora del Banco Central, fue la encargada de mostrar los aspectos estadísticos de la deuda, y quien esto escribe, en su carácter de miembro de la Comisión de Auditoría, fue quien expuso extensamente los aspectos fundamentales de la ilegalidad de todas las contrataciones.
Ante la existencia de graves irregularidades, de los delitos de acción pública mostrados y del incumplimiento de los principios fundamentales del orden jurídico del país y aún de los Estados Unidos, a cuya legislación estaban sometidos los contratos, y los que aún se encuentran vigentes, el presidente Rafael Correa decidió que el Ministro Fiscal del Estado, Washington Pesantez, iniciara una indagación previa sobre la base de la voluminosa documentación reunida por la Comisión a los efectos de imputar a los responsables del endeudamiento, habiendo sido citados ya varios ex presidentes y otros funcionarios.
SUSPENSIÓN DE PAGOS
Además el Presidente Correa ordenó la suspensión de los pagos de los bonos Global 2012 y 2030, procediéndose a realizar el análisis de las posibles acciones a seguir. En una de las reuniones de gabinete en las que participé, propuse la impugnación de los créditos, ya que tenía en mi poder un informe que había pedido al estudio de abogados de Nueva York Rabinowitz, Leaderman, Standard & Krinsky, pero se decidió seguir la opinión de Paul Reichler, un abogado norteamericano que representaba al Ecuador en un litigio ante la Corte de Justicia de La Haya, quien sostuvo que resultaba imposible accionar legalmente y que sólo cabía negociar con los acreedores.
A esto se sumó la baja de los precios del petroleo, y la crisis financiera en Europa y Estados Unidos que determinaron que los migrantes ecuatorianos dejaran de remitir fondos, con lo que la economía del país sufrió los efectos de la crisis, y Correa no tuvo otra alternativa que ver la mejor manera de enfrentar a los acreedores, pero sin acceder a la totalidad de sus reclamos. Fue así que se decidió hacer una oferta de pagar el 30% de los bonos, en efectivo, y desprenderse así de obligaciones por más de 3.200 millones de dólares, lo que fue aceptado por el 92% de los tenedores.
Eso significó terminar con transferencias del orden de los 7.000 millones de dólares en los próximos años en concepto de intereses y amortizaciones, y el consiguiente condicionamiento económico que esa deuda significaba para el Ecuador. El elemento fundamental para que no fuera cuestionada la oferta, fueron los resultados de la auditoría que mostraba todo lo que señalé anteriormente, y los acreedores no iban a arriesgarse a un pleito interminable, de resultados inciertos.
"CÓMO ARREGLAMOS"
Finalmente, y como una evidencia más de lo importante que resulta efectuar una auditoría que muestre con claridad todo este conjunto de operaciones fraudulentas, puedo consignar el hecho, que a las pocas horas que yo hiciera la presentación al país, se comunicó conmigo vía mail y telefónica unos de los abogados del Chase Morgan, para ver "cómo se podía arreglar todo esto", ya que tenía conocimiento de mi participación en la decisión del Presidente Correa de no pagar la deuda, y era necesario según él llegar a algún acuerdo que fuera beneficioso para las partes.
.
(*) Alejandro Olmos Gaona: Ciudadano argentino, investigador, historiador y especialista en derecho internacional. Autor de varios libros sobre la Deuda Argentina, en los que demostraba su ilegitimidad, por la forma en que fue contraida. Es hijo de Alejandro Olmos, quien durante 18 años impulsó la causa penal que determinó el origen ilícito de la deuda pública argentina, tras un fallo emitido por el juez Jorge Ballestero. Ha dado conferencias en el exterior sobre el tema. Contratado por el Presidente de Ecuador para investigar la deuda de ese país.
ALEJANDRO
OLMOS GAONA (*)
Publicado en
“ARGENPRESS”
(es continuación de la NOTA UNO)
ABERRACIONES JURÍDICAS
Haciendo una síntesis de los hallazgos encontrados, tienen relevancia especial los siguientes que revelan, a los extremos que se llegó:
1) La indudable lesión a los intereses del Estado y al patrimonio público
2) La violación a principios fundamentales del derecho administrativo
3) La ignorancia del cabal destino de los fondos durante la dictadura.
4) La violación del Código Civil, el Código de Comercio y la Ley Orgánica de Administración Financiera y Control.
5) La violación de la Constitución.
6) La obligatoriedad de contraer préstamos con el FMI, aún cuando no se necesitara el dinero, como condición de cumplimiento del contrato con los bancos acreedores.
7) Se eximió de cualquier responsabilidad, por cualquier acto lesivo, a los bancos acreedores, representantes, empleados, directivos, etc.
8) Se renunció a cualquier tipo de inmunidad.
9) El Ecuador se hizo cargo de la totalidad de los gastos de los acreedores, sus abogados, asesores, operadores, etc.
10) Se firmaron convenios sin autorización legal.
11) Se renunció a todas las defensas que pudiere oponer el país, en caso de una acción legal.
12) Se renunció a cualquier acción legal, en caso de que el convenio firmado fuera nulo, ilegal o no ejecutable.
13) Los procuradores del Estado, incurrieron desde 1977 hasta el 2005 en los delitos de falsedad ideológica, prevaricato, e incumplimiento de los deberes de funcionario público.
14) Se estableció, falsamente, en los convenios que éstos se encontraban en legal forma bajo las leyes del Ecuador.
15) En el caso de los bonos 2012 y 2030, el convenio "Indenture" que establecía las pautas a las que debían ajustarse, no tuvo el obligatorio dictamen de la Procuraduría, y el mismo recién fue remitido a las autoridades ecuatorianas cinco años después de ser firmado por el Cónsul de Ecuador en Nueva York.
16) Se firmaron convenios con fechas antedatadas.
17) En la generalidad de los casos las emisiones de bonos fueron colocaciones privadas a ser negociadas en gran parte en paraísos fiscales y nunca obedecieron a las formalidades de una oferta pública, sujeta a las estipulaciones de la Securities Exchange Comisión de Estados Unidos, como correspondía a una negociación clara y transparente.
18) Se aceptaron créditos de los organismos multilaterales, para privatizar sectores estratégicos, y no para proyectos de desarrollo.
19) Se convalidó el abuso de derecho.
LA PRESENTACIÓN
El denominado Resumen Ejecutivo de la Auditoría fue presentado al presidente Rafael Correa el 20 de noviembre de 2008, en un acto público que contó con la participación del gabinete de ministros, los más altos funcionarios del Estado, el presidente de la Asamblea Nacional, asambleístas, cuerpo diplomático e invitados especiales de otros países. La economista Karina Sáenz, directora del Banco Central, fue la encargada de mostrar los aspectos estadísticos de la deuda, y quien esto escribe, en su carácter de miembro de la Comisión de Auditoría, fue quien expuso extensamente los aspectos fundamentales de la ilegalidad de todas las contrataciones.
Ante la existencia de graves irregularidades, de los delitos de acción pública mostrados y del incumplimiento de los principios fundamentales del orden jurídico del país y aún de los Estados Unidos, a cuya legislación estaban sometidos los contratos, y los que aún se encuentran vigentes, el presidente Rafael Correa decidió que el Ministro Fiscal del Estado, Washington Pesantez, iniciara una indagación previa sobre la base de la voluminosa documentación reunida por la Comisión a los efectos de imputar a los responsables del endeudamiento, habiendo sido citados ya varios ex presidentes y otros funcionarios.
SUSPENSIÓN DE PAGOS
Además el Presidente Correa ordenó la suspensión de los pagos de los bonos Global 2012 y 2030, procediéndose a realizar el análisis de las posibles acciones a seguir. En una de las reuniones de gabinete en las que participé, propuse la impugnación de los créditos, ya que tenía en mi poder un informe que había pedido al estudio de abogados de Nueva York Rabinowitz, Leaderman, Standard & Krinsky, pero se decidió seguir la opinión de Paul Reichler, un abogado norteamericano que representaba al Ecuador en un litigio ante la Corte de Justicia de La Haya, quien sostuvo que resultaba imposible accionar legalmente y que sólo cabía negociar con los acreedores.
A esto se sumó la baja de los precios del petroleo, y la crisis financiera en Europa y Estados Unidos que determinaron que los migrantes ecuatorianos dejaran de remitir fondos, con lo que la economía del país sufrió los efectos de la crisis, y Correa no tuvo otra alternativa que ver la mejor manera de enfrentar a los acreedores, pero sin acceder a la totalidad de sus reclamos. Fue así que se decidió hacer una oferta de pagar el 30% de los bonos, en efectivo, y desprenderse así de obligaciones por más de 3.200 millones de dólares, lo que fue aceptado por el 92% de los tenedores.
Eso significó terminar con transferencias del orden de los 7.000 millones de dólares en los próximos años en concepto de intereses y amortizaciones, y el consiguiente condicionamiento económico que esa deuda significaba para el Ecuador. El elemento fundamental para que no fuera cuestionada la oferta, fueron los resultados de la auditoría que mostraba todo lo que señalé anteriormente, y los acreedores no iban a arriesgarse a un pleito interminable, de resultados inciertos.
"CÓMO ARREGLAMOS"
Finalmente, y como una evidencia más de lo importante que resulta efectuar una auditoría que muestre con claridad todo este conjunto de operaciones fraudulentas, puedo consignar el hecho, que a las pocas horas que yo hiciera la presentación al país, se comunicó conmigo vía mail y telefónica unos de los abogados del Chase Morgan, para ver "cómo se podía arreglar todo esto", ya que tenía conocimiento de mi participación en la decisión del Presidente Correa de no pagar la deuda, y era necesario según él llegar a algún acuerdo que fuera beneficioso para las partes.
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(*) Alejandro Olmos Gaona: Ciudadano argentino, investigador, historiador y especialista en derecho internacional. Autor de varios libros sobre la Deuda Argentina, en los que demostraba su ilegitimidad, por la forma en que fue contraida. Es hijo de Alejandro Olmos, quien durante 18 años impulsó la causa penal que determinó el origen ilícito de la deuda pública argentina, tras un fallo emitido por el juez Jorge Ballestero. Ha dado conferencias en el exterior sobre el tema. Contratado por el Presidente de Ecuador para investigar la deuda de ese país.
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