LA DEUDA ILEGITIMA
QUE FUERA INVESTIGADA - NOTA UNO
Escribe
ALEJANDRO
OLMOS GAONA (*)
Publicado en
“ARGENPRESS”
Ecuador pudo investigar el origen de su deuda externa y comprobar las aberraciones políticas y jurídicas que se cometieron. Le sirvió para pagar menos y negociar en mejores condiciones con sus acreedores. Respondiendo a las viejas luchas de organizaciones de la sociedad civil y los grupos indígenas, al poco tiempo de asumir el gobierno, el presidente del Ecuador, Rafael Correa, creó la Comisión para la Auditoría Integral del Crédito Público (CAIC), mediante el decreto ejecutivo 472, tomando juramento a sus miembros el 23 de julio de 2007 en la Gobernación de Guayas, de la ciudad de Guayaquil.
La CAIC, estuvo integrada por diez miembros ecuatorianos y cinco extranjeros, entre los que se encontraba quien esto escribe y fue presidida por el ministro de Coordinación de la Política, economista Ricardo Patiño y se dividió en distintas comisiones, para proceder al trabajo que se les encomendara que comenzó, en realidad en el mes de enero del 2008, debido a una serie de trabas burocráticas, que recién en esa fecha pudieron superarse.
El presidente Correa consideró que el paso previo a cualquier renegociación de la deuda heredada de los anteriores gobiernos era analizar cuidadosamente su origen, su formación y, en definitiva, qué parte de ella era legítima y cuál no lo era, para proceder en consecuencia a cortar de raíz con una transferencia de recursos que impedía seriamente el desarrollo de emprendimientos productivos de interés nacional.
OPOSICIÓN DE LA BUROCRACIA
La auditoría que encargó no tuvo sólo el propósito de limitarse a los aspectos meramente contables del endeudamiento externo, sino que abordó un espectro amplísimo de trabajo capaz de determinar las graves consecuencias que tuvo para el país y su incidencia no únicamente económica, sino en todo aquello que hubiera afectado al medio ambiente, a los pueblos originarios o a los afrodescendientes, etc.
Debe destacarse que en un principio, hubo que enfrentarse con las trabas puestas por funcionarios del Banco Central y del Ministerio de Finanzas que provenientes de administraciones anteriores, que no tenían el menor interés que se trasparentaran las cuentas públicas, ya que muchos de ellos, habían intervenido en algunas negociaciones. El estado caótico de los archivos hizo muy dificultosa la tarea, pero la voluntad de llegar hasta las últimas consecuencias en la investigación suplió todas las dificultades, y se trabajó arduamente en el análisis de todos los papeles que se fueron encontrándose, aunque en algunos casos no fue posible reconstruir algunas negociaciones, por haber sido destruidas las evidencias de las mismas.
IGUAL QUE ARGENTI
NA
En minucioso análisis de toda la documentación que fue verificada mostró que el proceso de endeudamiento fue similar al argentino, ya que habiéndose cancelado toda la deuda externa en 1975, al asumir el triunvirato militar en 1976, comenzó una política llamada "de endeudamiento agresivo" que llevó las obligaciones externas a más de 3.600 millones de dólares a fines de 1979, cuando retornó la democracia. En el año 1982, el Presidente Osvaldo Hurtado procedió a estatizar la deuda privada, y a partir de 1983 se realizaron distintas negociaciones con la banca extranjera, que determinaron que la deuda siguiera creciendo, hasta producirse la interrupción de los pagos en 1986.
En diciembre de 1992, con la casi totalidad de la deuda prescripta de conformidad con las pautas del Estatuto de Limitaciones del Estado de Nueva York, el gobierno decidió renunciar a los derechos de prescripción actualizando la deuda por otros seis años, lo que permitiría, firmar en 1994 el Plan Brady, que era una copia del firmado por la Argentina y otros países latinoamericanos, con la excepción de los montos, los nombres de los funcionarios intervinientes y la legislación de cada Estado que era diferente.
Ante el incumplimiento de las obligaciones del Brady, y violando las propias disposiciones contractuales que establecían, que sólo la mitad de la deuda era susceptible de ser refinanciada, porque la otra parte estaba garantizada por bonos del Tesoro de los Estados Unidos, que el Ecuador había comprado, se decidió de acuerdo con los acreedores, refinanciar la totalidad, volviendo a incrementarse la deuda, y las garantías fueron vendidas por Salomon Smith Barney (Citibank) uno de los que interviniera en la operación, desconociéndose el destino de los fondos, con excepción de algunas pocas sumas que pudieron ser documentadas.
EL "LIBRETO"
Los autores intelectuales de todos los contratos de deuda furon el estudio Milbank, Tweed, Hadley y McCloy, abogados y socios de la familia Rockefeller desde 1930, y que tuvo como abogados destacados entre muchos otros a John Mc Cloy, que fuera presidente del Banco Mundial y asesor de siete presidentes de los Estados Unidos, y a William Webster, que fuera director del FBI de 1978 a 1987, y director de la CIA de 1987 hasta 1991, cuando se decidió la implementación del Plan Brady.
Es importante puntualizar que además de remitir todos los contratos, que debían ser firmados sin ningún cambio, los acreedores, enviaban el modelo de la opinión legal que debía emitir el Procurador de Estado, quien en vez de cumplir con su función de defender al país como abogado del mismo, se limitaba a firmar lo que le mandaban, exactamente igual a lo que ocurrió aquí cuando se firmó el Plan Brady.
.
(*) Alejandro Olmos Gaona: Ciudadano argentino, investigador, historiador y especialista en derecho internacional. Autor de varios libros sobre la Deuda Argentina, en los que demostraba su ilegitimidad, por la forma en que fue contraida. Es hijo de Alejandro Olmos, quien durante 18 años impulsó la causa penal que determinó el origen ilícito de la deuda pública argentina, tras un fallo emitido por el juez Jorge Ballestero. Ha dado conferencias en el exterior sobre el tema. Contratado por el Presidente de Ecuador para investigar la deuda de ese país.
QUE FUERA INVESTIGADA - NOTA UNO
Escribe
ALEJANDRO
OLMOS GAONA (*)
Publicado en
“ARGENPRESS”
Ecuador pudo investigar el origen de su deuda externa y comprobar las aberraciones políticas y jurídicas que se cometieron. Le sirvió para pagar menos y negociar en mejores condiciones con sus acreedores. Respondiendo a las viejas luchas de organizaciones de la sociedad civil y los grupos indígenas, al poco tiempo de asumir el gobierno, el presidente del Ecuador, Rafael Correa, creó la Comisión para la Auditoría Integral del Crédito Público (CAIC), mediante el decreto ejecutivo 472, tomando juramento a sus miembros el 23 de julio de 2007 en la Gobernación de Guayas, de la ciudad de Guayaquil.
La CAIC, estuvo integrada por diez miembros ecuatorianos y cinco extranjeros, entre los que se encontraba quien esto escribe y fue presidida por el ministro de Coordinación de la Política, economista Ricardo Patiño y se dividió en distintas comisiones, para proceder al trabajo que se les encomendara que comenzó, en realidad en el mes de enero del 2008, debido a una serie de trabas burocráticas, que recién en esa fecha pudieron superarse.
El presidente Correa consideró que el paso previo a cualquier renegociación de la deuda heredada de los anteriores gobiernos era analizar cuidadosamente su origen, su formación y, en definitiva, qué parte de ella era legítima y cuál no lo era, para proceder en consecuencia a cortar de raíz con una transferencia de recursos que impedía seriamente el desarrollo de emprendimientos productivos de interés nacional.
OPOSICIÓN DE LA BUROCRACIA
La auditoría que encargó no tuvo sólo el propósito de limitarse a los aspectos meramente contables del endeudamiento externo, sino que abordó un espectro amplísimo de trabajo capaz de determinar las graves consecuencias que tuvo para el país y su incidencia no únicamente económica, sino en todo aquello que hubiera afectado al medio ambiente, a los pueblos originarios o a los afrodescendientes, etc.
Debe destacarse que en un principio, hubo que enfrentarse con las trabas puestas por funcionarios del Banco Central y del Ministerio de Finanzas que provenientes de administraciones anteriores, que no tenían el menor interés que se trasparentaran las cuentas públicas, ya que muchos de ellos, habían intervenido en algunas negociaciones. El estado caótico de los archivos hizo muy dificultosa la tarea, pero la voluntad de llegar hasta las últimas consecuencias en la investigación suplió todas las dificultades, y se trabajó arduamente en el análisis de todos los papeles que se fueron encontrándose, aunque en algunos casos no fue posible reconstruir algunas negociaciones, por haber sido destruidas las evidencias de las mismas.
IGUAL QUE ARGENTI
NAEn minucioso análisis de toda la documentación que fue verificada mostró que el proceso de endeudamiento fue similar al argentino, ya que habiéndose cancelado toda la deuda externa en 1975, al asumir el triunvirato militar en 1976, comenzó una política llamada "de endeudamiento agresivo" que llevó las obligaciones externas a más de 3.600 millones de dólares a fines de 1979, cuando retornó la democracia. En el año 1982, el Presidente Osvaldo Hurtado procedió a estatizar la deuda privada, y a partir de 1983 se realizaron distintas negociaciones con la banca extranjera, que determinaron que la deuda siguiera creciendo, hasta producirse la interrupción de los pagos en 1986.
En diciembre de 1992, con la casi totalidad de la deuda prescripta de conformidad con las pautas del Estatuto de Limitaciones del Estado de Nueva York, el gobierno decidió renunciar a los derechos de prescripción actualizando la deuda por otros seis años, lo que permitiría, firmar en 1994 el Plan Brady, que era una copia del firmado por la Argentina y otros países latinoamericanos, con la excepción de los montos, los nombres de los funcionarios intervinientes y la legislación de cada Estado que era diferente.
Ante el incumplimiento de las obligaciones del Brady, y violando las propias disposiciones contractuales que establecían, que sólo la mitad de la deuda era susceptible de ser refinanciada, porque la otra parte estaba garantizada por bonos del Tesoro de los Estados Unidos, que el Ecuador había comprado, se decidió de acuerdo con los acreedores, refinanciar la totalidad, volviendo a incrementarse la deuda, y las garantías fueron vendidas por Salomon Smith Barney (Citibank) uno de los que interviniera en la operación, desconociéndose el destino de los fondos, con excepción de algunas pocas sumas que pudieron ser documentadas.
EL "LIBRETO"
Los autores intelectuales de todos los contratos de deuda furon el estudio Milbank, Tweed, Hadley y McCloy, abogados y socios de la familia Rockefeller desde 1930, y que tuvo como abogados destacados entre muchos otros a John Mc Cloy, que fuera presidente del Banco Mundial y asesor de siete presidentes de los Estados Unidos, y a William Webster, que fuera director del FBI de 1978 a 1987, y director de la CIA de 1987 hasta 1991, cuando se decidió la implementación del Plan Brady.
Es importante puntualizar que además de remitir todos los contratos, que debían ser firmados sin ningún cambio, los acreedores, enviaban el modelo de la opinión legal que debía emitir el Procurador de Estado, quien en vez de cumplir con su función de defender al país como abogado del mismo, se limitaba a firmar lo que le mandaban, exactamente igual a lo que ocurrió aquí cuando se firmó el Plan Brady.
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(*) Alejandro Olmos Gaona: Ciudadano argentino, investigador, historiador y especialista en derecho internacional. Autor de varios libros sobre la Deuda Argentina, en los que demostraba su ilegitimidad, por la forma en que fue contraida. Es hijo de Alejandro Olmos, quien durante 18 años impulsó la causa penal que determinó el origen ilícito de la deuda pública argentina, tras un fallo emitido por el juez Jorge Ballestero. Ha dado conferencias en el exterior sobre el tema. Contratado por el Presidente de Ecuador para investigar la deuda de ese país.
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