LA COLUMNA DE ANDREA DUFOURNEL desde Chile

DERECHOS HUMANOS
Y LA DERECHA

Escribe
ANDREA
DUFOURNEL (*)
adufournel@yahoo.com
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(*)Andrea Dufournel. (Chile, Temuco) Columnista del diario electrónico El Temucano y colaboradora de otros medios en la Red. Autodidacta en este noble oficio de opinar, luchadora sin pausas y con algo de prisa por la libertad, la defensa de los menos favorecidos en este sistema tan desigual. Instalada en la trinchera de lucha contra el neoliberalismo, donde la atenta observacion de esta sociedad y de sus luchas, me ha dado la oportunidad de aportar con las letras a esta dura batalla por ese otro mundo que es necesario sea posible.

"Soy un convencido que un gobierno que cree en la democracia y en el estado de derecho debe respetar, hacer respetar y promover la defensa de los derechos humanos en todo lugar y en toda circunstancia", dijo Piñera tras interrumpir una reunión con representantes de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos en la Moneda en junio de 2010.

Lo acontecido hasta la fecha desmiente tajantemente la frase pronunciada por Piñera en aquella reunión. Ha dado muestras claras de que para el gobierno el respeto y promoción de los DDHH en Chile no es prioridad y lo que es peor, se irrespetan y violan permanentemente los derechos de los ciudadanos haciendo de este compromiso uno más de los lanzados cual promesa de campaña que nunca se pensó en cumplir.

No podemos olvidar que el Presidente es el representante de quienes violaron permanentemente los derechos humanos en Chile, es algo que no pueden negar, a pesar de los esfuerzos de alejarse lo más posible de la sombra del dictador, ya que la mayoría de sus aliados perteneció y abrazó la dictadura convencidos de que quienes sufrieron los “apremios ilegítimos” algo habrán hecho y se lo merecían.

La justicia continúa condenando a ex militares acusados de cometer graves violaciones de derechos humanos durante la dictadura militar (1973-1990). No obstante, en muchos casos, las condenas que finalmente se imponen son poco severas, y las penas se cumplen en sitios en donde cuentan con privilegios que más parecen hoteles de 5 estrellas y no centros de castigo, lo cual es inadmisible en comparación con la gravedad de los delitos, a diferencia de las condiciones de quienes cumplen sus condenas en las cárceles donde la sobrepoblación y las condiciones inhumanas continúan siendo un problema grave.

En 2010 el Gobierno retuvo 60 querellas en contra de violadores de los derechos humanos en la dictadura, que por ley, deben ser perseguidos por el Ministerio del Interior.

Al contrario de lo que hace el gobierno la fiscal de la Corte de Apelaciones de Santiago de Chile, Beatriz Pedrals, presentó 726 querellas ante el ministro Mario Carroza por víctimas de violaciones a los Derechos Humanos. Se trata de violaciones a los derechos humanos ocurridas entre el 11 de septiembre de 1973 y el 11 de marzo de 1990, durante la dictadura de Pinochet.

La desprolijidad del gobierno en materia de nombramientos de sus representantes, como es el caso de Sergio Romero (Embajador en España) o Miguel Otero (Embajador en Argentina) que tuvo que renunciar a su cargo por las presiones de organismos defensores de los DDHH en Argentina, la contratación de ex agentes de los aparatos de “inteligencia” del dictador: la DINA (Dirección de Inteligencia Nacional) o CNI (Central Nacional de Inteligencia), como el brigadier retirado Pablo Belmar Labbé, que declaró como inculpado en el asesinato del diplomático español Carmelo Soria, ocurrido durante la dictadura de Augusto Pinochet, que trabaja actualmente como jefe de seguridad del Parque Metropolitano, o como es el caso del jefe del Estado Mayor del Ejército, general Guillermo Castro, quien admitió haber sido agente de la policía secreta de Augusto Pinochet (1973-1990).

Frente a los antecedentes salidos a la luz pública, desde la Moneda han manifestado que mientras no se pruebe la culpabilidad o participación en violaciones a los derechos humanos de alguno de los aludidos, el gobierno los mantendrá en sus cargos. Como si alguna vez los tribunales chilenos hubieran dado garantías de que los criminales tendrán penas ejemplares, como ocurrió con el dictador que, a pesar de todas las pruebas en su contra, salvo su detención en Londres, no pasó un solo día en la cárcel y, cual abuelito de cuento infantil, murió en su cama.

Lo anterior deja de manifiesto que, para el gobierno del “cambio” y para Piñera, el haber pertenecido a estos siniestros organismos, donde se ejercía terrorismo de estado en contra de sus opositores, fuera como haber sido miembros de un club de Toby, y no pasa de ser una anécdota o algún pecado de juventud.