martes, 20 de septiembre de 2011

LA CRISIS, EL ESTADO, LOS DEL ARRIBA Y LOS DEL ABAJO (2)


   MIERCOLES 21 SEPTIEMBRE 2011  

EL PARAÍSO EMPRESARIAL
DE LAS ECONOMÍAS SUMERGIDAS
(Nota DOS)

Escribe
VICTOR J. SANZ (*)
http://impresionesmias.com/
19 SETIEMBRE 2011
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ANÁLISIS SUPERFICIAL DE LAS VÍAS POR LAS QUE LOS EMPRESARIOS PRIVADOS ROBAN DINERO PÚBLICO.
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[Nota aclaratoria: Aquellos empresarios y funcionarios que sean honrados no podrán sino estar de acuerdo con la siguiente exposición, por lo que entenderé que si alguien se siente molesto durante su lectura será, más que nada, por verse retratado en ella.]

  VÍA ‘LEGAL’ 
A todas estas prácticas delictivas de las que los empresarios se benefician con cargo a las cuentas públicas, hay que añadir los vericuetos legales que les permiten asegurarse otros beneficios que, en una sociedad verdaderamente avanzada, no podrían darse nunca antes de haber alcanzado la máxima expresión de los beneficios sociales para las personas físicas, que son la base indiscutible de todo dinero público.
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Se trata de la legislación fiscal que regula la actividad empresarial y que está plagada de vías de escape para que los empresarios pasen ante Hacienda como los empleados peor retribuidos del espectro laboral[3]. La letra pequeña de todo tipo de impuestos que las empresas deberían pagar, les permiten distraer cantidades importantísimas del erario público[4].

  RESPONSABILIDAD 
Ninguna de estas prácticas legales o ilegales serían posibles sin el concurso de dos factores de riesgo que en España se dan, por desgracia, de forma conjunta. De un lado, contamos en el Estado español con una especie endémica de sinvergüenzas y ladrones conocido muchas veces con el nombre de “empresarios”; y de otro contamos con un aparato legislativo-judicial absolutamente incapaz de pararles los pies a aquellos. Tal vez la Administración Pública se muestre voluntariosa, pero sin duda que es incapaz, y quien sabe si no será voluntariosamente incapaz.

  CAMINO AL PARAÍSO   (de los ladrones)
Por todo ello resulta tan indignante oír a los políticos conservadores hablar de propuestas económicas que se materializarían en una reducción, para los empresarios, de los costes de contratación o de la tributación por beneficios[5]. Entre los empresarios que tienen como forma de vida y fuente de financiación no hacer frente al pago de los costes sociales o tributarios de su actividad, y los que con un gobierno del PP se beneficiarían de las insultantes políticas derechistas que aún gravarán más las cuentas públicas, el estado español se convertirá en un auténtico paraíso para el empresario falto de escrúpulos y sobrado de ambición y gusto por el dinero ajeno.

  OTRAS VÍAS 
Con todo, el concepto de economía sumergida no debe restringirse a los puntos señalados, no conviene olvidar otros que traspasan los límites cuantitativos, cualitativos y hasta geográficos señalados, como son el tráfico de armas, el tráfico de drogas o simplemente el blanqueo de capitales que los empresarios han conseguido distraer de la escasa vigilancia de la Justicia. Entre estos últimos ladrones, verdaderas amenazas de la justicia social, cabe destacar como los de más «éxito» a las denominadas grandes empresas agrupadas en el índice bursátil IBEX35, y de las cuáles el 80% tienen cuentas en paraísos fiscales[6], donde mantienen el dinero robado al erario público lejos de sus verdaderos beneficiarios, que somos los ciudadanos.

A pesar de todo, y por difícil que resulte al sentido común, la Justicia y las Administraciones Públicas se muestran mucho menos condescendientes con las personas físicas que con las personas jurídicas, que tanto y tanto roban de las cuentas públicas.
En este sentido, alguien tiene que decirle al portavoz del Partido Popular español, Esteban González Pons que el estado español, como cualquier otro estado, necesita uno, dos o tres millones de empresarios, pero no de empresarios al uso tradicional, sino empresarios que cumplan con sus obligaciones tributarias y que formalicen con sus empleados contratos de trabajo dignos y fieles a la realidad, de tal manera que su aparición en el mercado laboral no solo se advierta en el aumento de contrataciones precarias y en el aumento masivo del fraude fiscal a que tan acostumbrados nos tiene esa clase social.
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 En este sentido cabe calificar a González Pons de ridículo timorato, ya que si después de retractarse y ‘ya no prometer’ crear 3,5 millones de empleos[7], se conforma con ‘aspirar a crear’, podía aspirar a crear los 5 millones de puestos que hacen falta en España, y no solo los 3,5 que ahora dice que no prometió. Lo dicho, de un ridículo espantoso e insuperable. Los ciudadanos, por nuestra parte, aspiramos a ocupar los puestos políticos con personas radicalmente distintas a usted, es decir, preparadas, capaces y dispuestas a trabajar para los ciudadanos y no contra ellos.

Pero más allá de los millones de empresarios (honrados) y de los millones de empleos que pueda necesitar un país, lo que por encima de todo necesita es una justicia mejor. Una justicia que rompa el círculo viciosísimo de la economía sumergida. Una justicia que pare los pies a los estafadores en más ocasiones[8], una justicia que tenga muy en cuenta las advertencias de los expertos[9], una justicia, en fin, que esté más del lado de las personas físicas que del lado de las personas jurídicas.

Durante esta larga pre-campaña electoral que nos espera hasta el apocalíptico 20 de noviembre, los candidatos de los partidos mayoritarios (PSOE y PP), quienes se supone que debían apagar el incendio de la crisis económica, se enzarzan en una estúpida pelea para determinar quién tiene más larga la manguera, mientras el bosque de la economía española arde sin remisión.

Puede que solo sean impresiones mías, pero creo que si la situación actual es fruto de la relajación que las Administraciones Públicas demuestran en épocas más boyantes, no parece que una mayor relajación y laxitud fiscal en favor de los empresarios, como apuntan las arengas retrógradas de la derecha o las amenazas incumplidas del PSOE a los ricos [10], vaya a ser el camino más adecuado para sacar a un país de la crisis, todo lo más que se puede esperar de medidas así es que únicamente salgan de la crisis los empresarios que la estén sufriendo, lo que siempre será con cargo a las cuentas públicas y, por ende, a cargo de la justicia social que se vuelve inestable y amenaza con diluirse por completo en el horizonte del corto plazo.
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NOTAS

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