MIERCOLES 21 SEPTIEMBRE 2011
EL PARAÍSO EMPRESARIAL
DE LAS ECONOMÍAS SUMERGIDAS
(NOTA UNO)
Escribe
VICTOR J. SANZ (*)
http://impresionesmias.com/
19 SETIEMBRE 2011
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(*) Víctor J. Sanz (Alicante, España) Periodista especializado en temas de Política Internacional, con acento en las realidades sociales. Medios en los que participa: KAOSenlaRed. Rebelión, Tercera Información, Agencia Latinoamericana de información, Webislam, Aporrea, De igual a igual, La Haine, Cuba Información, Revista Fusión, Revista Amauta, Puerto Plata Digital
.ANÁLISIS SUPERFICIAL DE LAS VÍAS POR LAS QUE LOS EMPRESARIOS PRIVADOS ROBAN DINERO PÚBLICO.
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[Nota aclaratoria: Aquellos empresarios y funcionarios que sean honrados no podrán sino estar de acuerdo con la siguiente exposición, por lo que entenderé que si alguien se siente molesto durante su lectura será, más que nada, por verse retratado en ella.]
En épocas de crisis económicas florecen y prosperan gran cantidad de estafadores y ladrones en el caldo de cultivo de la relajación tributaria y fiscal que las Administraciones Públicas heredan de épocas más boyantes. A continuación algunas de las vías por las que en España un empresario puede hacerse de oro con cargo a las cuentas públicas.
VÍA LABORAL
Cuando oímos la expresión “economía sumergida” la máquina de estereotipos del imaginario colectivo entra en funcionamiento y nos muestra, casi invariablemente en primer lugar, a un trabajador sujeto a una relación laboral precaria que, a su vez, no está sujeta a ninguna ley escrita o lo está de forma distinta a como se da en la realidad. Esos trabajadores en precario son personas a quienes la sociedad tan solo ofrece otra triste alternativa: la de la marginación y la exclusión social, único futuro que la sociedad actual es capaz de garantizar a sus miembros menos afortunados.
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Además de las relaciones laborales no reguladas por ningún contrato y por lo tanto no sujetas a ningún tipo de gravamen fiscal o social, también están las contrataciones fraudulentas que reflejan, por ejemplo, una jornada laboral reducida de 25 horas, cuando la realidad supera, y con creces, las 40 horas semanales. O bien que tan solo reflejan un salario mínimo cuando la retribución total es superior.
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En ambos casos el resultado es el mismo: el beneficiado único es el empresario, que obtiene la mano de obra que necesita a un precio sensiblemente inferior al que legalmente le corresponde; y los perjudicados son: de un lado el propio trabajador, ya que las contraprestaciones que puede esperar de la Administración Pública en materia de desempleo o jubilación disminuyen en medida proporcional a como lo hagan sus cotizaciones a la Seguridad Social; y de otro lado, la propia Administración Pública que ve disminuir en la misma medida los recursos económicos que ha de usar para darle cuerpo al concepto de justicia social.
Se calcula que en España, el conjunto de estas prácticas abusivas pero legalizadas por una ineficaz maquinaria legislativo-judicial, supera el 20% del Producto Interior Bruto (PIB)[1].
VÍA CORRUPCIÓN
Pero el concepto de ‘economía sumergida’ no está compuesto únicamente por estas deleznables y delictivas prácticas de los empresarios, hay otras formas en las que los éstos se benefician tan amplia como impunemente, de los recursos públicos que le son ajenos.
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En este caso concreto no son ellos los únicos actores y beneficiarios, me estoy refiriendo a la corrupción del funcionariado[2].
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En este caso concreto no son ellos los únicos actores y beneficiarios, me estoy refiriendo a la corrupción del funcionariado[2].
Evidentemente no todos los funcionarios son corruptos, de entrada porque no todos ellos tienen a su alcance un recurso con el que poder corromperse, pero dentro de los que lo tienen, existe una minoría que no tiene el menor reparo en aceptar pequeños (o grandes) sobornos a cambio de, por ejemplo, dar carpetazo a una inspección fiscal de la que no cabría esperar sino la imposición de una multa al empresario, que muchas veces éste consigue evitar comprando su inocencia al precio que al funcionario le parezca razonable.
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En este sentido la justicia debería estar más vigilante de las relaciones ilícitas que mantienen ciertos funcionarios ya con ciertos contribuyentes de historial irregular o potencialmente irregular, ya con los representantes o asesores de estos. Si lo hicieran descubrirían que existe un flujo unidireccional de gratificaciones. Busquen ustedes, busquen, aunque solo sea con ánimo preventivo, el resto de los contribuyentes se lo agradeceremos, porque si ni siquiera buscan ustedes, será la confirmación de cuál es la última parada de las gratificaciones que fluyen hacia los funcionarios.
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En este sentido la justicia debería estar más vigilante de las relaciones ilícitas que mantienen ciertos funcionarios ya con ciertos contribuyentes de historial irregular o potencialmente irregular, ya con los representantes o asesores de estos. Si lo hicieran descubrirían que existe un flujo unidireccional de gratificaciones. Busquen ustedes, busquen, aunque solo sea con ánimo preventivo, el resto de los contribuyentes se lo agradeceremos, porque si ni siquiera buscan ustedes, será la confirmación de cuál es la última parada de las gratificaciones que fluyen hacia los funcionarios.
VÍA SUBVENCIÓN
Otro camino para la obtención ilegal de dinero público por parte del empresario ladrón es el de la subvención. En este caso, los empresarios tienen más fácil y más barato delinquir y robar dinero a los demás contribuyente.
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El sistema es el siguiente: convocada una subvención de dinero público para aprovechamiento privado, muchos empresarios no tienen ningún reparo moral en falsificar cuantas facturas sean necesarias con tal de cumplir las condiciones que exige la Administración para la concesión de dicha subvención. Un acuerdo entre el empresario solicitante de la subvención y su proveedor, tendrá como resultado una factura oficial con su correspondiente pago oficial y una factura en “B” por el importe de la demasía necesaria para obtener de la Administración la máxima cantidad de subvención posible, y que el proveedor se compromete a devolver al empresario que se dispone a realizar la estafa de la falsa inversión.
Otro camino para la obtención ilegal de dinero público por parte del empresario ladrón es el de la subvención. En este caso, los empresarios tienen más fácil y más barato delinquir y robar dinero a los demás contribuyente.
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El sistema es el siguiente: convocada una subvención de dinero público para aprovechamiento privado, muchos empresarios no tienen ningún reparo moral en falsificar cuantas facturas sean necesarias con tal de cumplir las condiciones que exige la Administración para la concesión de dicha subvención. Un acuerdo entre el empresario solicitante de la subvención y su proveedor, tendrá como resultado una factura oficial con su correspondiente pago oficial y una factura en “B” por el importe de la demasía necesaria para obtener de la Administración la máxima cantidad de subvención posible, y que el proveedor se compromete a devolver al empresario que se dispone a realizar la estafa de la falsa inversión.
En otras ocasiones, ordenadores u otros útiles de trabajo desaparecen de los balances contables y vuelven a aparecer en ellos tras la obtención de la correspondiente subvención ‘para la compra de ordenadores’ u otros útiles de trabajo. Esto ocurre cuando la inversión subvencionada con dinero público ya la realizó el empresario con anterioridad (a veces años) a la convocatoria de la subvención y por lo tanto sin posibilidad alguna de cumplir con las condiciones establecidas para tal subvención. Para ello es necesario ‘actualizar’ la fecha de los documentos, que a veces lleva a cabo el propio empresario para evitar el ‘gasto superfluo’ de la comisión que le exigirá el tercero que lo podía hacer en su lugar.
El colmo, y no es ficción, es cuando este trabajo lo realiza para el empresario un empleado al que tiene de forma ilegal y por lo tanto muy beneficiosa para la empresa y muy perjudicial para el conjunto de la sociedad y para el propio empleado.
Como no podía ser de otra manera, en el campo de las subvenciones también se dan casos de soborno que el funcionario acepta a cambio de conceder subvenciones al mejor postor, lo que tan solo le cuesta el esfuerzo de no comprobar exhaustivamente todos los documentos presentados, tal y como tienen por obligación.
VÍA FACTURACIÓN FALSA
Otro amplio campo donde la delincuencia empresarial siembra el pánico entre los ciudadanos es la gestión, la pésima gestión, de la recaudación de impuestos por parte de las Administraciones Públicas. La exasperante laxitud, primero de la Justicia y después de la Administración Pública, en la articulación de las normas reguladoras y después en el control de su cumplimiento, tienen como resultado que una gran mayoría de empresarios roben de nuevo dinero público esta vez mediante el impago de impuestos o mediante la declaración de desgravaciones inexistentes o no soportadas por argumento ni documento alguno. Son, por una parte, las facturas falsas y por otra las facturas en ‘B’.
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Las primeras buscan disminuir la cantidad de IVA a pagar por la empresa que las declara a Hacienda y las segundas tienen por objetivo eximir al pagador del pago del IVA, ya se trate de un usuario/cliente final o de una empresa. En ambos casos es el emisor de la factura quien incumple, no solo con la Justicia, sino con toda la sociedad, al incumplir su función de recaudador de impuestos. Es aquí donde la ciega Justicia se muestra especialmente ciega, permitiendo que estas prácticas continúen siendo tan frecuentes y tan dañinas para el conjunto de la sociedad y tan baratas para los empresarios.
(CONTINUA NOTA 2 EN SIGUIENTE ENTRADA)
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