ARGENTINA:
MEDIDAS ECONÓMICAS
POS
ELECCIONES PRESIDENCIALES
Escribe
JULIO
C.
GAMBINA (*)
Publicó
ARGENPRESS.info
17
noviembre 2011
.
(* ) GAMBINA
JULIO CESAR - Profesor
Economía Política en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de
Rosario (Argetina),, Presidente FISyP. Integra el Comité Directivo CLACSO.
Consejo Académico de ATTAC y dirige Centro Estudios Formación FJA. Notas y
artículos de análisis sobre la actualidad en sitio de CEPAL en
internet. Autor de LAVADO DE DINERO Y
MOVIMIENTO DE CAPITALES y es columnista en diversos medios..
.
Las
medidas económicas dispuestas por el gobierno luego de las elecciones de
renovación presidencial alimentan el debate político sobre el orden económico,
no solo como una cuestión de polémica entre oficialistas y opositores, sino en
un sentido más general. La economía ganó el debate cotidiano sobre “lo que está
bien” o “lo que está mal”, sea por la manipulación de los medios de
comunicación, por los temas que el propio gobierno pone en agenda para la
consideración pública, o por la sensación social que genera una batería de
medidas que no son inocuas, y que, como siempre, suponen beneficiarios y
perjudicados.
LIQUIDAR
EXPORTACIONES
EN EL
MERCADO LOCAL
Por un
lado, al obligar a las mineras y petroleras a liquidar en el mercado local el
producto de sus ventas externas, se exacerbó el cuestionamiento de la
posibilidad que hasta ahora tenían estas empresas, en su totalidad grupos
extranjeros asociados a la tendencia transnacional de la economía mundial.
¿Por
qué ahora y no antes? Seguramente el tema se asocia a la caída de las reservas
internacionales por 5.000 millones de dólares del máximo acumulado en febrero
pasado. De más de 52.000 millones de dólares a menos de los 47.000 millones
actuales. Pero esa mirada en la coyuntura de los ahorros externos evade la
discusión de fondo sobre el modelo productivo petrolero y minero. ¿Porqué debe
sostenerse el marco privatizador de los 90´ en materia de hidrocarburos? ¿No
será tiempo de ejercer soberanía energética más allá de la disposición de
liquidar las ventas externas? ¿Por qué no pensar en la recuperación soberana de
la renta de los hidrocarburos?
Del
mismo modo, respecto de la renta minera debe pensarse en el mismo sentido, con
el condicionante que supone la institucionalidad del pacto minero suscripto
entre Argentina y Chile en los 90´. ¿No es tiempo de repasar la
institucionalidad impuesta en la última década del siglo pasado? En Chile
existe una resistencia a las represas, por lo cual, amparados en las crecientes
relaciones fronterizas se analizan transferir proyectos desde el país
trasandino a la Argentina.
El
problema son los bienes comunes en la larga frontera andina, su explotación y
utilización, con fines soberanos o de profundización de la dependencia y la
subordinación al capital transnacional.
Lo real
es que las finanzas públicas y la situación económica necesitan del ingreso de
divisas, y con la medida se le quita un inaceptable privilegio a un grupo
reducido de grandes empresas, en su mayoría extranjeras. Estas manifestaron que
las disposiciones no afectarán su funcionamiento, ni suponen cambios
estructurales en la propiedad u orientación del negocio.
FRENAR
LA DEMANDA
DE DÓLARES
Por
otro lado, al vincular las compras de dólares y otras monedas externas con los
registros de la AFIP, se pretende mejorar la administración fiscal y combatir
el delito del lavado de dinero, según se anuncia, al tiempo que se restringe la
facilidad de los inversores para canjear moneda nacional por externa y
ralentizar la presión por fuga de capitales. El efecto no buscado es la
creciente salida de ahorristas dolarizados del sistema bancario por temores
fundados o infundados en la potencial pérdida de sus ahorros. La respuesta
gubernamental es la provisión regular de dólares por parte del BCRA a los
bancos para satisfacer la demanda de sus ahorristas o inversores en moneda
extranjera.
Ahora
muchos se enteran que las reservas contabilizan esos depósitos de particulares,
en rigor una parte de ellos, como reservas internacionales, que por lo tanto no
resultan disponibles en su conjunto y expresan cierta condicionalidad en
función de su utilización por los dueños privados. ¿Cuántas son las reservas
genuinas, que expresan el ahorro público?
Además,
las quejas de muchos importadores pequeños, ante la dificultad de adquirir los
dólares, pone en evidencia un importante mercado irregular en el país, de
compradores de moneda externa que no pueden justificar sus ingresos y que ante
las restricciones actuales se rinden a la especulación del dólar paralelo,
“blue”, o ilegal, pagando valores superiores al oficial, lo que supone, de
hecho una devaluación confirmada por una parte de la sociedad, y que termina
siendo trasladada a precios.
Más de
un consumidor de productos importados reconocerá en estos días ese
encarecimiento, legitimando la evasión fiscal y la irregularidad en que
funciona buena parte de la economía argentina. El accionar inmediato de las
autoridades luego del anuncio de las medidas apuntó a frenar la extensión de la
brecha entre oficial y paralelo, aunque el aumento de precios generado
difícilmente retroceda.
COMENZAR
A
DESMANTELAR
LOS SUBSIDIOS
Algo
similar nos devuelve la lógica de los subsidios, con anuncios por ahora
recortados en dos tandas. Primero a grandes empresas bancarias, de seguros y
del juego, entre otros, que siendo menos del 1% del conjunto de los subsidios,
indigna a quienes se enteran del financiamiento del conjunto de la sociedad a
ese núcleo de empresas que reconocen cuantiosas ganancias.
El
interrogante era cómo se abordaría la reducción del otro 99% de los subsidios.
La respuesta avanza por ahora, en el segundo anuncio, en la quita de subsidios
por servicios a grandes empresas de combustibles, procesamiento de gas natural,
biocombustibles, aceites y agroquímicos, y a los usuarios residenciales de
mayor poder adquisitivo (Puerto Madero, Barrio Parque y Countries de todo el
país).
Por
ahora, la quita anunciada de subsidios en ambas comunicaciones afecta a menos
del 10% del total previsto para subsidios por 75.000 millones de pesos. Para el
sector residencial, mantener el subsidio supone presentar un “certificado de
pobreza” que amerite la continuidad de la transferencia de ingresos públicos
para atender el gasto de servicios públicos.
La
evidencia de la baja de reservas internacionales anticipa dificultades para
sostener los superávit comerciales y fiscales, sea por una tendencia a mayor
crecimiento de importaciones que exportaciones, con el agravante del recurrente
deterioro en la coyuntura de crisis mundial de los precios de exportación; como
por la acumulación de problemas de financiamiento provincial y nacional que
motiva una preocupación por los recursos públicos.
¿Habrá
traslado a precios por la eliminación de subsidios? Aunque desde el gobierno se
indique que no, la lógica capitalista de la ganancia señala que si no media
prohibición estatal de trasladar a precio, los empresarios y sectores de
elevados ingresos descargarán el mayor costo incurrido sobre los consumidores.
Además, ante la quita del subsidio a los consumidores residenciales, la
diferencia se cargará al usuario.
El
interrogante para el mantenimiento del subsidio será el límite de los ingresos,
algo por ahora desconocido. Nuevamente se confirma que el pobre debe poner en
evidencia su pobreza para ser considerado sujeto del beneficio, aún cuando se
certifica que los receptores de ingresos por programas sociales serán
exceptuados de oficio.
PROBLEMAS
LOCALES Y
MUNDIALES
En
síntesis, varias cuestiones que estaban veladas en el análisis de la economía,
como la inflación, o encarecimiento de los precios, pasan a ser considerados en
la coyuntura del debate cotidiano, aún cuando en el registro futuro del INDEC
tampoco se refleje.
La
cuestión de fondo se manifiesta en una tendencia al achique de los superávit
gemelos, del comercio exterior y las finanzas públicas, lo que obliga a la
modificación de algunas variables vía cambios de los precios relativos. Algunos
sectores podrán descargar el mayor costo que suponen las medidas, otros no, lo
que habilita una nueva ronda de disputa por el ingreso.
La
sensación es que muchos de los problemas ahora evidentes en la economía
responden a consideraciones locales, pero también al impacto de la crisis
mundial, que desembarca en la Argentina. Lo preocupante de las dificultades del
capitalismo en el mundo, son sus respuestas, las que se verifican como ajuste
hacia los sectores más vulnerables. Es lo que devuelve la realidad de los
nuevos gobiernos en Grecia o Italia, que no es otra receta que aquella que
conocimos en los 80´ y 90´ y que desembocaran en el descalabro del 2001 y el
ajuste posterior pagado con desempleo y caída de los ingresos populares.
Estas
primeras medidas pos electorales en Argentina destacan problemas de arrastre,
que empiezan a evidenciarse, lo que supone correcciones que afectan intereses.
Lo curioso, es que muchos defensores de la política oficial reconocen ahora la
necesidad de eliminar injustas transferencias de ingresos públicos a sectores
con sobrada capacidad de pago. Es algo que debió hacerse antes y que demoraron
razones de política electoral.
Los
anuncios seguirán hasta la asunción del nuevo gobierno y probablemente
continúen en función de la evolución de la crisis mundial asociada a los
problemas locales. Resta aún precisar la ecuación final de beneficiarios y
perjudicados. ¿Cuánto se traslada a precios o no? La sospecha que emerge del
comentario sugiere que mientras no se modifique el modelo productivo y el
patrón de consumo derivado, el poder económico tiene resto para transferir al
conjunto de la sociedad los nuevos mayores costos.
Nuestra
reflexión apunta a pensar más allá de la coyuntura fiscal y la lógica
capitalista, la de la ganancia y la acumulación del capital. Se trata de pensar
otras lógicas productivas y de consumo, con preeminencia de la satisfacción
extendida de necesidades sociales, aunque en rigor, para que ello se traduzca
en anuncios aún falta mayor densidad en la demanda social por cambios profundos
de la economía y la política.
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