Viernes 30 de diciembre de 2011
¿QUIÉNES SON LOS MERCADOS?
Escribe
VICENÇ NAVARRO (*)
Blog del autor:
Publicó “Rebelion” 28/12/011
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(*) Vicenç Navarro (Barcelona, 1937) se licenció en Medicina y
Cirugía en la Universidad de Barcelona en 1962, pero no ejerció, dedicándose al
Ensayo y la politica social. Escritor, periodista. Sociólogo, politólogo y
economista español. Es Catedrático de Políticas Públicas y de Economía Aplicada
en la Universidad Pompeu Fabra de
Barcelona. Autor entre otros libros de "La lucha de clases continúa siendo
esencial". Es un referencia para la socialdemocracia.
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Cuando el Gobierno Zapatero afirmaba que tenía que llevar a
cabo las políticas de reducción de derechos laborales (como debilitar los
convenios colectivos) y sociales (como alargar la edad de jubilación, congelar
las pensiones o recortar el gasto público social) como consecuencia de la
presión de los mercados financieros, estaba, en realidad, intentando
externalizar la responsabilidad de desarrollar unas políticas altamente
impopulares. Algo semejante ocurrirá ahora con el Gobierno Rajoy. En ambos
casos, los ejecutivos nos dicen que no son ellos sino los de fuera, es decir,
los mercados, los que mandan mientras que los gobiernos no tienen otra
alternativa que desarrollar tales políticas.
Con la ayuda de los mayores medios de información y
persuasión del país, los gobiernos intentan presentar tales políticas como
determinadas por fuerzas exteriores sobre las cuales tienen poquísima capacidad
de influencia. El gran argumento, que justifica tales políticas, es que son
necesarias para “dar confianza a tales agentes externos: los mercados
financieros”. En otras palabras, hay que reducir el déficit y la deuda pública,
y hay que reducir los salarios y debilitar a los sindicatos a fin de calmar a
los mercados para que estos presten su dinero al Estado español, permitiéndole
con ello poder pagar sus gastos. El problema con este esquema
político-intelectual es que cada uno de los postulados sobre los que se basa es
erróneo, es decir, los datos empíricos no lo sustentan. Veámoslos.
En primer lugar, no son los mercados financieros, sino
principalmente los bancos, las compañías de seguros y los fondos especulativos
españoles (el eje de lo que se llamaba antes la burguesía financiera, término
abandonado en el lenguaje político-mediático actual por considerarlo
“anticuado”) los que poseen casi la mitad de la deuda pública española. La
mayoría de la otra mitad la poseen bancos, compañías de seguros y fondos
especulativos europeos, gran número de ellos relacionados con los mismos fondos
españoles. Sólo una mínima parte la poseen entidades financieras extranjeras
(es decir, de fuera de la Unión Europea).
Los “mercados financieros” son, pues, básicamente nuestras
instituciones financieras (españolas y europeas). Utilizo el término “nuestras”
para indicar su identificación político territorial, pues de nuestros –en el
sentido de posesión por parte de la mayoría de la población– tienen poco.
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Están
controlados por un número pequeñísimo de personas (los gerentes, gobernadores y
accionistas), menos del 0,1% de la población, que se benefician enormemente de
que el Estado español tenga que pagar hasta un 7% de interés para conseguir
dinero prestado de los bancos a los cuales el Estado debe pagar, dinero que
procede de los recortes de gasto público en pensiones, sanidad, educación,
escuelas de infancia, servicios domiciliarios a las personas con dependencia,
entre otros.
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Las clases populares de España, que son las más afectadas por
estos recortes, tienen que apretarse el cinturón para que el Estado pueda pagar
a nuestra burguesía financiera, a la cual, por cierto, nuestro Estado ha ido
reduciendo sus impuestos y ayudándola, prestándoles millones y millones de
euros para que no colapsaran el sistema financiero como resultado de sus
prácticas especulativas (y muy en particular en el sector inmobiliario) al
estallar la burbuja del ladrillo que ellos crearon.
Pero, por si no fuera poco, tal burguesía financiera, tanto
española como europea, ha recibido una enorme cantidad de dinero del Banco
Central Europeo (BCE), que es una institución pública (sus dirigentes son
nombrados por los estados de la Eurozona, incluido el Gobierno español), que
está en la práctica controlado por nuestras (españolas y europeas)
instituciones financieras. El BCE imprime millones y millones de euros y los da
(bueno, dar, dar, es un decir, aunque los intereses son ridículamente bajos) a
los bancos, los cuales, con este dinero, especulan y compran deuda pública a
unos intereses desorbitados.
El segundo supuesto erróneo es asumir que no hay otra
alternativa a la dependencia que los estados tienen de la banca privada. Ello
no es cierto. El Estado puede generar recursos a base de, por ejemplo,
incrementar, en lugar de bajar, los impuestos a la banca, a las rentas del
capital y a las rentas superiores. Y el BCE, en lugar de dar dinero a la banca,
se lo podría dar a los estados para comprar su deuda pública a los mismos
intereses que se los da a la banca. Pero no lo hace, con lo cual el Estado
tiene que pedir prestado a la banca. Un círculo virtuoso para la banca y
desastroso para los estados. Pero las cosas han empeorado todavía más porque
cuando por fin el BCE ha comenzado a enviar dinero a los estados comprando su
deuda pública, el BCE (que es el lobby de la banca) ha impuesto unas
condiciones draconianas, que se resumen en un ataque frontal a las clases
populares y a su Estado del bienestar.
Pero sí que hay alternativas. Los estados pueden controlar a
los bancos, en lugar de ser al revés, estableciendo, por ejemplo, bancos
públicos. Y pueden cambiar al BCE poniéndolo al servicio de la población y de
la economía productiva, y no al servicio de la banca. Que no lo hagan se debe,
no al poder de los mercados, sino a la excesiva influencia política y mediática
de nuestras burguesías financieras.
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