Jueves
2 de febrero de 2012
VIVIR
EN EL PARAÍSO (FISCAL)
Escribe
ALBERT
ESTEVES
Periodista
económico
Editor
de “INTEREMPRESAS”
1º de
febrero de 2012.
.
Para
reducir el déficit en 40.000 millones, el Gobierno de España, presidido
nominalmente por Mariano Rajoy y en la práctica por Angela Merkel, ha tenido
que subir impuestos y va a realizar en los próximos meses dolorosos ajustes,
eufemismo político del término recortes. Ajustes o recortes, probablemente
necesarios, pero que van a laminar todavía más el débil crecimiento económico y
que afectarán negativamente las prestaciones sociales de muchos, las condiciones
laborales de algunos y el bolsillo de todos. Bueno, de todos no. Hay un sector
de la sociedad española que vive cómodamente instalada en el paraíso. En el
paraíso fiscal, se entiende.
Hablemos
de fraude. Es enormemente difícil cuantificar el volumen del dinero que
debiendo ingresar en las arcas del estado permanece opaco a pesar del creciente
esfuerzo de la inspección fiscal en perseguirlo. Un estudio reciente de la
Universidad Pompeu Fabra, de Barcelona, estima que el fraude fiscal en España
asciende a 80.000 millones de euros, justo el doble del objetivo de reducción
de déficit que tantos sacrificios nos va a costar.
España
es uno de los países de la Unión Europea donde el dinero negro encuentra un
hábitat especialmente adecuado para extenderse y multiplicarse. Algunos
pensarán que esto es un tópico y que en todas partes se cuecen habas. Y es
cierto. Pero también es cierto que aquí se cuecen más. Un dato esclarecedor: el
dinero en efectivo, que en toda la zona euro es el 5% del PIB, en España es el doble.
Un 30% de los billetes de 500 euros emitidos en Europa circula en España. Algo
habrá que hacer para corregir este exceso y situar la economía sumergida en una
magnitud razonable.
El
problema no es tanto el pequeño fraude de la factura sin IVA, el sobresueldo
que no se consigna en la nómina, el hijo de la vecina que viene a hacer una horas
y no está dado de alta, la compra-venta no declarada de bienes o servicios
habituales en el pequeño comercio y en la pequeña empresa. Eso, sin ser
defendible, forma parte de los hábitos culturales de nuestro sistema productivo
y tiene una repercusión muy limitada en la salud de la Hacienda Pública.
Otra
cosa es la evasión fiscal, la fuga ilícita de capitales, la ocultación al fisco
de cantidades importantes de dinero negro que se depositan en entidades
financieras de países con secreto bancario. Eso tiene otra dimensión y debiera
ser duramente perseguido. Pero hay otra más distinta aún y de mayor calado. Me
refiero a los paraísos fiscales y a su utilización legal por las grandes
corporaciones empresariales.
Un dato
ilustrativo: 21 empresas del Ibex tienen filiales en paraísos fiscales. Son las
llamadas sociedades ‘offshore’, domiciliadas en países cuya tributación para
los no residentes es prácticamente nula. Sólo en las Islas Caimán, un grupo de
islotes con apenas 350.000 habitantes, hay instalados 584 bancos y domiciliadas
unas 44.000 empresas. Otro tanto ocurre en las Barbados, en las Bermudas, en
las Vírgenes...
La
magnitud del dinero procedente en su mayor parte de empresas multinacionales
que, aprovechando las ventajas de la globalización, con toda impunidad y dentro
de la legalidad, ‘optimizan’ su fiscalidad, es de proporciones colosales. Si
todo ese dinero que dejan de tributar fuera a parar a las respectivas agencias
tributarias, ni habría déficit público, ni habría crisis económica.
Mientras
tanto, por estos páramos, la Inspección Tributaria se ceba en las pequeñas y
medianas empresas, en los profesionales liberales, en los autónomos, buscando
con lupa el pequeño fraude, la más diminuta infracción. Y el nuevo Gobierno,
aún a su pesar, no tendrá más remedio que seguir subiendo tasas e impuestos y
recortando gastos e inversiones para disminuir el déficit público, a costa del
sufrimiento de todos. Ah no, de todos no, de casi todos...
No es
un problema sólo de España, es un problema global. Vivimos en un mundo dominado
por las grandes corporaciones económicas y financieras. Ellas son las que fijan
las reglas del juego, las que condicionan las políticas económicas y reparten
credenciales de idoneidad política.
Las que
condenan cualquier tipo de regulación o de control como una amenaza letal al
crecimiento económico, las que satanizan a cualquiera que se atreva a sugerir
que tal vez debiera establecerse alguna limitación a la sacrosanta ‘libre
circulación de capitales’.Hay que dejar de mirar para otro lado. Los
gobernantes no pueden seguir de perfil ante la clamorosa injusticia que supone
que los pequeños y medianos empresarios y que los asalariados en su conjunto
sufran una creciente presión fiscal mientras la nueva oligarquía global hace
surfing fiscal en el paraíso.
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