LA EXPROPIACIÓN DE YPF
Y LOS DEBATES HABILITADOS
Escribe
JULIO CESAR
GAMBINA
(*)
Fuente:
BLOG del AUTOR
21
de abril de 2012
Publica:
ARGENPRESS.Info
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(*) JULIO CESAR GAMBINA – Dr en Ciencias Sociales ( Facultad de Ciencias Sociales de la UBA)
Profesor de Economía Política en la Facultad de Derecho de la Universidad
Nacional de Rosario, Presidente de la Fundación de Investigaciones Sociales y
Políticas, FISYP, e Integrante del Comité Directivo del consejo Latinoamericano
de Ciencias Sociales, CLACSO. También participa como miembro del Consejo
Académico de ATTAC-Argentina y dirige el Centro de Estudios Formación de la
Federación Judicial Argentina. También participa como columnista sobre Economía
y Cooperativismo en medios periodísticos de Capital Federal y del interior del
país.
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El
pasado lunes 16/04/2012 la presidente Cristina Fernández anunció la
expropiación del paquete mayoritario de YPF (en manos de Repsol), lo que supone
la transferencia de un 51% del capital accionario a manos del Estado,
distribuido entre el Estado nacional con 26% y los Estados provinciales
petroleros con 25%. Se asegura así el control estatal de la gestión de la
empresa que lidera el mercado nacional de hidrocarburos (un tercio
aproximadamente).
Junto a
la presentación del proyecto de expropiación en trámite parlamentario, se
decidió la intervención de la empresa, desplazando a la actual gestión con un
equipo de funcionarios del poder ejecutivo que incluye al Ministro de
Planificación, al Vice ministro de Economía y al Secretario de Energía.
APOYOS
Y CRÍTICAS
La
medida generó hasta ahora un amplio apoyo en el sistema político y en ámbito
sociales, con las lógicas críticas de un arco opositor en una perspectiva de
“derecha” y privatista por principios ideológicos; y una airada respuesta del
gobierno español, que intenta tapar su propia crisis identificando a la
transnacional petrolera con los intereses de España. Esa misma posición fue
asumida por la mayoría del parlamento europeo, con la excepción de verdes y
rojos. Varias organizaciones y personalidades del movimiento popular, los
indignados y la izquierda española y europea se manifestaron en solidaridad con
las decisiones soberanas de la Argentina y contra la transnacional petrolera y
las manifestaciones de sus Estados.
Uno de
los argumentos principales de la crítica ideológica alude a la “seguridad
jurídica” de los inversores y a las potenciales demandas en tribunales
internacionales, caso del CIADI. El país queda así condicionado por el chantaje
de la institucionalidad neoliberal suscripta en los 90´, sean los tratados
bilaterales de inversión, o la adhesión al CIADI. Son varios los países que
denunciaron su pertenencia al ámbito litigioso del Banco mundial, tal como
ocurrió con Venezuela, Bolivia o Ecuador; o que nunca ingresaron, tal el caso
de Brasil. Si bien debieron denunciarse previamente esos acuerdos de fomento de
la dependencia, las amenazas actuales exigen la denuncia de los tratados en
tiempo perentorio.
Está
previsto un Comité de gestión compartido entre el Estado nacional y los Estados
provinciales, lo que habilitó la demanda de otras provincias no petroleras para
receptar los beneficios de la producción.
Existen provincias que sin tener reservas en su territorio, procesan combustibles, tal caso emblemático de Buenos Aires, a la sazón el Estado provincial más extenso y de mayor asentamiento poblacional que acredita el mayor volumen en destilación del crudo y procesamiento del gas. El argumento esgrimido por algunos gobernadores remite a la distribución extendida del fondo sojero entre los municipios de todo el país, con independencia del territorio de plantación de la oleaginosa.
Existen provincias que sin tener reservas en su territorio, procesan combustibles, tal caso emblemático de Buenos Aires, a la sazón el Estado provincial más extenso y de mayor asentamiento poblacional que acredita el mayor volumen en destilación del crudo y procesamiento del gas. El argumento esgrimido por algunos gobernadores remite a la distribución extendida del fondo sojero entre los municipios de todo el país, con independencia del territorio de plantación de la oleaginosa.
Más
allá de los apoyos y críticas a la cuestión esencial: la expropiación parcial,
se abrió un debate sobre los alcances de la medida. Entre muchos interrogantes
se discute el porqué se limita la medida solo del 51% del capital y no el 100%.
En ese sentido también se considera que no alcanza con la estatización como
propuesta y se interroga si lo que corresponde no debe pasar por la
socialización, involucrando en la gestión de la empresa a los trabajadores y a
la sociedad, en su calidad de consumidores y usuarios con derecho a la energía.
No solo
se analiza la cuantía del capital, sino también si corresponde o no la
indemnización, un tema relegado en el proyecto al dictamen del Tribunal de
Tasación. En el asunto interviene desde el valor de contabilidad hasta la
valuación de las acciones en el mercado bursátil. Son valores mediados por el
daño ambiental y el deterioro de la infraestructura; incluso la consideración
de la inversión originaria y la nula reinversión, especialmente con el hecho
verificado de la remisión de utilidades por casi el 100% de lo obtenido por la
YPF.
POLÍTICA
ENERGÉTICA
EN DISCUSIÓN
Un
aspecto central para el presente y el futuro es la política energética, ya que
la expropiación supone la crítica a lo acontecido en las últimas dos décadas.
No solo se trata de baja de la producción de YPF, sino que es una situación que
involucra al conjunto del sector productor de hidrocarburos.
En la cuenta negativa se registran la disminución de las reservas de petróleo y gas, que explica el gasto de 9.300 millones de dólares en importaciones de combustibles durante el 2011, más del doble que en el 2010, y menos de lo previsto hasta ahora para el año 2012.
En la cuenta negativa se registran la disminución de las reservas de petróleo y gas, que explica el gasto de 9.300 millones de dólares en importaciones de combustibles durante el 2011, más del doble que en el 2010, y menos de lo previsto hasta ahora para el año 2012.
El
balance sobre la política energética es negativo y no solo se adjudica a la
cuenta de la iniciativa privada, sino al descontrol oficial, desde la presencia
del poder ejecutivo en el directorio (avalando la gestión), sino desde todos
los ámbitos de contralor, sean nacionales o provinciales.
La
intervención ya habilitó conversaciones con otras petroleras para asociarse en
el aumento de la producción. Es quizá una señal de continuidad en la gestión
favorable a la iniciativa privada, especialmente extranjera.
El
camino a transitar tiene que privilegiar una auditoría a fondo, sobre la
gestión y la producción, para en ese camino transitar nuevos rumbos,
aprovechando el carácter excedentario de YPF para una reinversión productiva y
considerar la utilización de otros recursos propios del Estado, lo que supone
una amplia discusión en dos sentidos.
Uno remite al origen de esos fondos; y otra al destino de la producción, ya que es tiempo de discutir el para qué de la producción de hidrocarburos. La indicación de un objetivo por el auto sostenimiento, contenido en el proyecto del poder ejecutivo significa la continuidad de un modelo productivo y de desarrollo que también debe analizarse.
Uno remite al origen de esos fondos; y otra al destino de la producción, ya que es tiempo de discutir el para qué de la producción de hidrocarburos. La indicación de un objetivo por el auto sostenimiento, contenido en el proyecto del poder ejecutivo significa la continuidad de un modelo productivo y de desarrollo que también debe analizarse.
¿Hay
que continuar con el uso de hidrocarburos para un modelo productivo que
favorece la dependencia tecnológica, productiva, económica y financiera? ¿Es
posible otro destino para los hidrocarburos?
En ese
sentido, puede pensarse otra inserción productiva mundial del país, pensando en
la soberanía energética ampliada a nuestramérica, integrando esfuerzos
económicos y tecnológicos para un modelo productivo y de desarrollo que asegure
soberanía alimentaria y se sostenga desde la soberanía financiera.
Lo que se discute es la soberanía y la integración. Son dimensiones del problema que cuentan en el marco de la crisis energética, en tanto parte de la crisis de la economía mundial.
Lo que se discute es la soberanía y la integración. Son dimensiones del problema que cuentan en el marco de la crisis energética, en tanto parte de la crisis de la economía mundial.
Buenos Aires, 21 de abril de 2012
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