OBAMA A PUNTO DE APROBAR
BRUTALES VIOLACIONES DE
LOS DERECHOS SINDICALES
EN LA CUMBRE DE COLOMBIA
Daniel Kovalik (video) |
Escriben
DANIEL
KOVALIK (*)
GIMENA
SANCHEZ-GARZOLI(*)
ANTONY
DEST (*)
Fuente:
“Counter Punch”
Publica
“Rebelión”
Tradujo:
German Leyens
13
de abril 2012.
.
(*) DANIEL KOVALIK abogado del sindicato de Acero de Estados
Unidos. Miembro director del Consejo General de los Trabajadores. Abogado
General Principal, United Steelworkers, la AFL- CIO ... Autor de “La Colombia
Invisible: Las Masacres y El Genocidio” Publicado recientemente en
(Counterpuch.com) reconocido portal de
noticias internacionales, entre otras notas.
GIMENA SANCHEZ-GARZOLI Presta funiones en Washington Office
on Latin America.Sigue de cerca los temas relacionados con Colombia. Sánchez es
experta en desplazados internos, refugiados y derechos humanos. Participa en
trabajos junto al Dr. Kovalik.
ANTONY DEST. Tambien trabaja en Oficina de Washington sobre
América Latina. Asistente De Programas. Áreas de Especialización: Colombia,
Resolución de Conflictos, Región Andina, Derechos Laborales, Política de Drogas
.
El 9 de noviembre de 2011, la familia de Juan Carlos
Galvis –destacado dirigente sindical de Sinaltrainal (Sindicato Nacional de
Trabajadores de la Industria de Alimentos) y amigo personal nuestro– sufrió una
violenta invasión de su hogar por dos presuntos paramilitares. (….) Los
atacantes procedieron a pintar con espray las caras de Mary y Juan en una foto
de matrimonio que la familia había colocado en la pared. Antes de arrasar y
abandonar la casa robaron dos laptops, algunas memorias USB y documentos. El
traumático ataque produjo un choque a Mayra que duró días y que le impidió
hablar. La familia se vio obligada a huir a otra ciudad en la que se oculta
ahora. Sus temores tienen fundamento. Dos de los colegas de Juan Carlos en
Sinaltrainal, (….), fueron asesinados en los últimos meses.
En total, 30 sindicalistas fueron asesinados en Colombia
el año pasado. La Escuela Nacional Sindical (ENS) informa de que cuatro han
sido asesinados este año, y otros movimientos sindicales han informado de más
asesinatos (por ejemplo, Justicia para Colombia ha informado de 6). Semejantes
asesinatos han convertido a Colombia, donde unos 3.000 sindicalistas han sido
asesinados desde 1986, en el país del mundo en el cual es más peligroso ser
sindicalista, y si la tasa de asesinatos de este año sigue igual, es seguro que
Colombia conservará esa lamentable distinción.
Cuadro de Fernando Botero, famoso pintor contemporaneo de Colombia (presente en los principales museos del mundo) |
Mientras tanto, el gobierno colombiano no ha hecho nada
efectivo para procesar a los responsables de esa violencia antisindical, y la
ONU informó recientemente de que la tasa de impunidad en Colombia para esos
crímenes sigue siendo un 95%, lo que significa que solo un 5% de los asesinatos
de sindicalistas se han enjuiciado con éxito. Fueron los dos factores –la tasa
sin precedentes de asesinatos de sindicalistas y la alta tasa de impunidad de
esos asesinatos– los que condujeron a Barack Obama a declarar en 2008 en su
tercer debate con John McCain que se opondría al Tratado de Libre Comercio con
Colombia (TLC).
Aunque es peligroso ser sindicalista en Colombia, los
sindicalistas son de los pocos que pueden organizarse con más libertad. Bajo el
gobierno de Álvaro Uribe Vélez el modelo de las “Cooperativas de Trabajo
Asociado” (CTA) proliferó en toda Colombia. Ese modelo de destrucción de los
sindicatos que excluye contractos directos entre trabajadores y compañías
debilita gravemente las condiciones laborales, los salarios y las protecciones
de seguridad ocupacional. Los trabajadores han arriesgado la pérdida de sus exiguos
medios de vida realizando paros para obtener contratos directos que ofrecen más
probabilidad de garantizar sus derechos sindicales básicos.
En abril de 2011, los presidentes Obama y Santos
presentaron un Plan de Acción Laboral (PAL) para encarar la violencia
antisindical, perseguir los crímenes contra los sindicatos, eliminar la
intermediación laboral y mejorar las condiciones de los trabajadores en los
sectores portuarios, azucareros, en el aceite de palma y otros. Desde la firma
del PAL, Colombia ha jugado a aparecer como si cumpliera con el PAL, mientras
al mismo tiempo socava su propósito. Ha cumplido los requerimientos
superficiales como establecer el Ministerio del Trabajo, aprobar legislación y
multar a compañías abusivas.
Aunque la cantidad de sindicalistas asesinados ha
disminuido (y por cierto, como opinó el padre Javier Giraldo hace un cierto
tiempo, hay muchos menos sindicalistas que matar), el clima de inseguridad y
las amenazas de muerte contra ellos no han cambiado. Esto deja la posibilidad
de que la cantidad de asesinatos y ataques vuelva a aumentar una vez que
progrese el TLC. A menudo se presentan los asesinatos de sindicalistas y
activistas laborales como si no estuvieran relacionados con sus actividades por
los derechos sindicales –robos, celos, o vínculos con el narcotráfico son los
motivos utilizados para blanquear los asesinatos-.
Por ejemplo, fue asesinado Hernán Darío, un abogado que
representaba al mayor sindicato del sector público en Valle del Cauca (Sintraemcali)
y a varios activistas sindicales en el sector de la caña de azúcar.
Subsiguientemente arrastraron su nombre por el lodo sobre la base de
afirmaciones no confirmadas que lo vinculaban con narcotraficantes. Esta
táctica se utilizó con el fin de crear un ambiente de confusión e impedir
acciones a favor de la justicia.
El año pasado, Colombia promulgó una ley que
supuestamente prohíbe las CTA, pero la realidad es que solo las restringe por
su nombre, mientras otras formas de intermediación laboral, incluidas las
Sociedades Anónimas Simplificadas, empresas fantasmas, y supuestos “contratos
sindicales”, las han reemplazado. En los sectores azucarero y portuario, los
dirigentes de paros y los afiliados a sindicatos vuelven pocas veces a ser
contratados mediante esos nuevos contratos.
El Ministerio del Trabajo y los inspectores laborales
designados por el PAL no intervienen efectivamente para remediar esas
situaciones. Más de 70 trabajadores portuarios afro-colombianos en Turbo que
trataron de formar un sindicato en octubre de 2011 han sido despedidos. Esos
trabajadores recibieron un ultimátum para que firmen una carta declarando que
no se afiliarán a un sindicato, o los despedirán. El Ministerio ni siquiera
interviene para implementar las recomendaciones de la Organización
Internacional del Trabajo (OIT) como lo determina el PAL.
El caso de 51
trabajadores del sector público de EMCALI despedidos es solo uno de numerosos
ejemplos. En lugar de implementar las recomendaciones de la OIT de marzo de
2012 de volver a contratar a los trabajadores, las autoridades procedieron a
despedir a los trabajadores que realizaron una huelga de hambre en Cali la
semana pasada. Esas víctimas de las injustas prácticas laborales en Colombia
han estado sin trabajo desde 2004 ya que fueron colocados en la lista negra por
defender sus derechos laborales, y ni siquiera se les permite que protesten.
Algunos de los trabajadores que se beneficiarían más de
una implementación efectiva del Plan de Acción Sindical son los
afro-colombianos. La mayoría de estos trabajadores, que representan
aproximadamente un 25% de la población de Colombia y una cantidad
desproporcionada de los más de 5,2 millones de desplazados en el interior,
trabajan en sectores en los que los estándares de derechos laborales son los
más bajos. Como tales, muchos no pueden ejercer libremente su derecho a
sindicarse, y si tratan de hacerlo enfrentan amenazas de muerte o
empobrecimiento. Muchos trabajadores afro-colombianos describen su situación
como “esclavitud en nuestros días”.
Los trabajadores portuarios afro-colombianos en
Buenaventura, un puerto clave para el TLC, trabajan en uno de los ambientes más
abusivos de Colombia. En ese puerto, los afro-colombianos trabajan en
condiciones peligrosas entre 24 y 48 horas continuas, y duermen frecuentemente
en los contenedores. El duro entorno los obliga a permanecer dentro del
complejo portuario durante toda una semana sin la posibilidad de volver a casa.
La atención sanitaria frecuentemente se reserva para los individuos más privilegiados
que trabajan en oficinas, y a menudo despiden a los trabajadores que resultan
heridos o incapacitados.
Los que intentan organizarse son despedidos o se les
niega el empleo. En enero de 2012 fue necesario un paro para que algunos de
estos trabajadores recibieran contratos directos. A la mayoría de los
trabajadores portuarios se la sigue contratando mediante intermediarios, y los
que tienen contratos directos tienen bajos salarios y se les prohíbe
sindicalizarse. Recién hoy, después de meses de presión, el Ministerio del
Trabajo inició una investigación de algunos de estos abusos.
A pesar de todo, a pesar de la continua violencia
antisindical, de la alta tasa de impunidad, de serios impedimentos para la
organización de sindicatos y de las condiciones espantosas que enfrentan los
trabajadores, el presidente Obama está ahora a punto de anunciar en la Cumbre
de las Américas que Colombia ha cumplido el Plan de Acción Laboral.
Las
condiciones de trabajo y la protección de los sindicalistas en Colombia no reflejan
la evaluación del gobierno de EE.UU. del Plan de Acción Laboral. Si Obama sigue
adelante con sus planes en Cartagena de dar luz verde al TLC, los trabajadores
colombianos y estadounidenses perderán su último medio de presión para frenar
la ola de violencia antisindical y defender los derechos de la gente más
vulnerable en Colombia.
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