JUSTICIA PARA
LOS PUEBLOS INDÍGENAS
Escribe
CORINA LEGUIZAMÓN (**)
Fuente “Otramerica”
6 de octubre 2013
(*)CORINA LEGUIZAMÓN MENDOZA - Licenciada en Ciencias de la
Comunicación y derechos humanos, Periodista y militante social, es habitual
columnista en la prensa alternativa del continente.. Ha trabajado en diversas
ONG del Paraguay, especialmente focalizada en temas relacionados con la
restitución de derechos a los pueblos originarios. Síguela en Twitter: @corilegpy
Existen varias leyes nacionales y tratados internacionales
acerca de los derechos de los pueblos indígenas. Entre ellos la Carta Magna,
que garantiza específicamente derechos de los Pueblos Indígenas que habitan el
territorio nacional, basados en la
autodeterminación, la participación y todos
los demás derechos incluidos en la misma. La Ley 904 que establece el estatuto
de las comunidades indígenas y crea el Instituto Paraguayo del Indígena. El
Convenio 169 de la OIT ratificado por Ley 234/93 y el Convenio Internacional de
la diversidad biológica, también ratificado por Ley 253/93. Es decir, los Pueblos Indígenas
cuentan con un marco jurídico que obliga al Estado paraguayo a proteger
y
garantizar sus derechos fundamentales. Por si no bastara ello, existen tres
condenas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos al Estado paraguayo
correspondientes a juicios por violación de los derechos fundamentales de las
comunidades Sawhoyamaxa, Yakye Axa y Xákmok Kasek, así como una solución
amistosa en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Sin embargo, estas sentencias siguen sin ser
cumplidas y la Constitución ni que hablar. Peor aún, las 112 mil personas
indígenas de los veinte Pueblos siguen olvidadas y casi ausentes de las
políticas de Estado. El INDI, la institución rectora que debe proteger a los
indígenas, no solo es pobre de presupuesto, sino que además el trabajo de la
mayoría de sus
funcionarios se basó hasta hace poco tiempo en el
asistencialismo, el desconocimiento y la discriminación (salvo el breve
periodo, entre agosto de 2008 y junio de 2012, cuanto se intentó que la
institución cumpliera su deber). El INDI promovió el clientelismo y manipuló
permanentemente la restitución de las tierras indígenas por más de sesenta
años, no lo podemos olvidar.
¿Resarcimiento y justicia? Solo fue condenado uno de sus ex presidentes
(Valentín Gamarra) por robar lo más sagrado que tienen los Pueblos Indígenas,
sus tierras, sus territorios. Y al cumplirse los sesenta años, irrumpen los
últimos 12 meses más dramáticos, en los que se ha arremetido de la forma más
abominable y execrable contra los Pueblos
Indígenas. Esos últimos 12 meses
tienen un responsable y varios cómplices políticos (algunos de ellos otrora
defensores de la democracia y de los derechos humanos) de guantes blancos que
andan por la vida sin cargo de conciencia alguno. Ese responsable es Rubén
Darío Quesnel, ex presidente del INDI, ahora procesado y detenido por haber
vendido 25 mil hectáreas del territorio ayoreo y por el vaciamiento de los fondos de
desarrollo que debían ser destinados a las comunidades indígenas de Sawhoyamaxa
y Yakye Axa.
(La nota
de Corina Leguizamon)
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