A ECOLOGISTAS Y
DEFENSORES DE
DERECHOS
Fuente: Prensa, Agencias.
Publica “Salva la selva”
12 de
diciembre 2013
El Ministerio del Interior ecuatoriano retiró el permiso de
funcionamiento de la Fundación Pachamama de Ecuador. La ONG trabaja desde hace
16 años en el país por los derechos de los pueblos indígenas y en defensa de la
naturaleza. Sus oficinas en Quito han quedado clausuradas. ¿Qué significa? Todas
las organizaciones ecuatorianas e internacionales lo ven como un gesto de
autoritarismo y existe gran preocupación entre los movimientos ciudadanos de
ese país de que este hecho pueda ser “sólo es el comienzo” de una amplia
censura hacia quienes se oponen al extractivismo. El gobierno justificó el
cierre de las
oficinas de la Fundación Pachamama ayer 4 de diciembre en Quito
con el argumento de un supuesto intento de agresión contra el embajador
chileno, Juan Carlos Lira, durante una reciente protesta contra la explotación
petrolera, el día 28 de noviembre. Según el diario ecuatoriano El Comercio, el
gobierno alega "injerencia en políticas públicas" y "atentado
contra la seguridad interna y paz". Pero muchas organizaciones sociales y
ambientales coinciden en apreciar que la motivación real del gobierno es otra:
silenciar a quienes se oponen a la explotación petrolera, minera y otros
megaproyectos con importantes afectaciones sobre los ecosistemas biodiverso
s
del país, y las consecuencias de este extractivismo no sólo para los pueblos
indígenas y campesinos, sino también para toda la población. Según declaró
Belén Páez, presidenta de la ONG al mismo rotativo "llegaron 15 personas
de civil que se presentaron como funcionarios de varios ministerios y de la
policía, y nos notificaron que hubo una orden ministerial de disolución de la
fundación". Más temprano esta misma semana, la Fundación Pachamama había
expresado en un comunicado su profunda preocupación por la política petrolera
ecuatoriana, que busca actualmente concesionar tres millones de hectáreas de
territorio amazónico a empresas petroleras sin llevar a cabo un proceso de
consulta previa, libre e informada a las comunidades que lo habitan,
pertenecientes a siete diferentes nacionalidades indígenas.
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