CAMBIAR EL MODELO EXTRACTIVO
Escribe
FRANCISCO LÓPEZ BÁRCENAS(*)
Fuente “La Jornada” de México 29 de noviembre 2013
(*) FRANCISCO LÓPEZ
BÁRCENAS. Abogado. Escritor. Periodista. uno de los más destacados teóricos del
derecho indígena, asesor agrario y comprometido con las causas sociales en la
Mixteca. Ensayos, artículos, libros “El Mineral o
la Vida” “Lalegislacion minera en México” “Muerte sin fin” “Crónicas de represión en la
Región Mixteca oaxaqueña”. Escribe columnas
de análisis político en el diario mexicano de “La Jornada.”
Hace 21
años los neoliberales que gobiernan México modificaron el sistema jurídico que
regula las actividades mineras, para satisfacer la voracidad de las empresas
transnacionales. En enero de 1992 modificaron el artículo 27 constitucional
para permitir la entrada del capital privado al campo y autorizar a los ejidos
la venta y arrendamiento de sus tierras. Para junio de ese mismo año aprobaron
una nueva Ley Minera que entre otras cosas calificó esta actividad de utilidad
pública y preferente, concentró las concesiones en una sola, con duración de 50
años
prorrogables por otro término igual. Igualmente se modificó la Ley Agraria
para permitir contratos de arrendamiento de tierras por más tiempo que el
estipulado en el Código Civil; la Ley de Aguas Nacionales para poner este
líquido, indispensable para la vida, al servicio de las mineras, y la Ley de
Inversión Extranjera para equiparar las empresas mexicanas a las extranjeras
con una sola declaración de éstas. Los resultados de esta apertura son
públicos: más de la tercera parte del territorio nacional se encuentra en poder
de las mineras, la mayoría extranjeras, aunque también participan del botín las
mexicanas como Grupo México, Grupo Peñoles y Grupo Frisco; la industria ocupa
el cuarto lugar en generación de divisas pero hasta este año no pagaba ningún
impuesto sobre las ganancias obtenidas y
por derechos a las concesiones sólo
pagaban la irrisoria cantidad de 5.08 hasta 111.27 pesos semestrales por
hectárea, sin importar el mineral de que se tratara. La riqueza de los dueños
de las empresas mineras que operan en México ha contado con la anuencia de los
gobiernos, igual que con su complicidad, pues aparte de abrirles el camino para
que entren libremente han ignorado las quejas de los ciudadanos y pueblos por
la devastación del medio ambiente, la contaminación del agua para consumo
humano, la destrucción de los lugares sagrados de los pueblos indígenas y el
asesinato de varios opositores, hechos ilícitos todos que han quedado en la
impunidad.
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