MIRADO
Y EXPLICADO CON LUPA
POR
QUIEN SABE DE LA MATERIA
Escribe
JULIAN ALCAYAGA OLIVARES (*)
Fuente: Observatorio Minero del Uruguay
(*) El economista chileno Julián Alcayaga Olivares, que participó
como invitado en el Foro sobre Minería de Gran Porte realizado en Montevideo el
pasado 7 de marzo analiza críticamente en este artículo los aspectos
económico-tributarios del proyecto de ley a consideración del Parlamento. En Uruguay existen casi las mismas disposiciones legales que
en Chile, que permiten a una empresa extranjera transferir las utilidades y
evadir el impuesto a la renta.
Están dadas todas las condiciones para que la
minera Aratirí no declare utilidades y, si alguna vez las llega a declarar,
para que sean tan bajas como le acomode. El nuevo impuesto adicional al IRAE,
que es presentado como un gran logro de este proyecto de ley de minería de gran
porte, no se pagará nunca. Para aparecer atractivo, el proyecto de ley crea un
Fondo Soberano Inter generacional de
Inversión, pero el mismo será paupérrimo
por lo antes expuesto. En caso de controversia con la empresa, el proyecto
entrega la resolución del conflicto a un tribunal internacional. Este es el broche
de oro del proyecto de MGP. He querido hacer estos comentarios
económico-tributarios a propósito del proyecto de MGP, porque en el foro no
analicé dicho proyecto en su mérito mismo, por la simple razón que quería
mostrar cual es la realidad de la minería en Chile, sobre todo en su aspecto
económico-tributario. Este enfoque me parecía necesario, incluso ineludible,
porque Chile ha servido de ejemplo al proyecto de MGP en Uruguay y goza, en
materia de gestión de recursos mineros, de un inmerecido prestigio en toda
América Latina. A tal punto que resulta imperativo mostrar y demostrar que la
gran minería privada ha sido nefasta para la economía chilena. Y de paso para
los trabajadores chilenos.
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