ANTE LA RESISTENCIA, EL ESTADO SALVAGUARDA EMPRESAS QUE ENTRAN A LOS TERRITORIOS CON EL EJÉRCITO.

  LOS DE ABAJO   

MEGAPROYECTOS Y REPRESIÓN

Escribe 
GLORIA MUÑOZ RAMÍREZ 
(*) Columnista de “La Jornada” 
de México.3 de junio 2014

(*) GLORIA MUÑOZ RAMÍREZ -Directora de Desinformémonos, columnista de La Jornada y editora del Suplemento Ojarasca. Trabajó para el periódico mexicano Punto, la agencia alemana de prensa DPA, el periódico estadounidense La Opinión. Autora del libro “EZLN 20 y 10: El fuego y la palabra”. La maravilla cotidiana de la lucha zapatista. Habría abandonado en 1996 su vida en la capital federal para establecerse en las comunidades zapatistas de Chiapas.

La ecuación es aparentemente simple: Llegan los megaproyectos (hidroeléctricas, minas, gasoductos, proyectos eólicos y un lamentable etcétera) a las comunidades indígenas en las que se encuentran los recursos naturales, intentan imponerse a base de intimidación y de prebendas y se topan con la resistencia. Viene entonces la represión, la criminalización de la protesta, la prisión, la tortura, la desaparición, el uso del Ejército. Todo para imponerse con la justificación de la palabra "progreso". Ante la resistencia, el Estado salvaguarda los intereses de las empresas y éstas entran a los territorios escoltadas por el Ejército. Esta es la fórmula que se empleó el

pasado 27 de mayo en Puebla, cuando personal y 12 máquinas de la constructora Bonetti irrumpieron en San Juan Amecac, San Marcos, San Bartolo, Cohuecan y Acteopan, acompañados de tanquetas del Ejército y policías estatales. El uso de la fuerza pública para amedrentar a los pobladores que se oponen a la construcción de un gasoducto –en Amecac ya expulsaron una vez a los empleados– es ilegal, pues las autoridades comunitarias y ejidales no han dado permiso para que la obra comience, dice Miriam Vargas, del Frente de Pueblos en Defensa del Agua y de la Tierra, Morelos, Puebla y Tlaxcala. El Proyecto Integral Morelos (PIM), del que forma parte el gasoducto, es de carácter energético y atraviesa 80 pueblos de Morelos, Puebla y Tlaxcala. La criminalización de la protesta no es nueva y los gobiernos afinan cada vez más los instrumentos para llevarla a cabo. Justo en Puebla tuvo lugar recientemente el debate por la llamada ley bala, que fue denunciada por 29 organizaciones sociales locales que advirtieron que, sin un debate claro, profundo y público, se votó una ley que faculta a los agentes de las instituciones policiales de la entidad para ejercer fuerza letal, en distintas modalidades, en contra de la población, favoreciendo un sistema de violación a los derechos humanos. La iniciativa se modificó, pero las intenciones no, y justo dos semanas después entró el Ejército a las comunidades. 

(…ir a la nota completa)