LA
POBLACIÓN NO VIO MEJORAS EN SUS CONDICIONES DE VIDA,
PORQUE LOS BENEFICIOS SE FUERON HACIA EL
GOBIERNO
NACIONAL Y, SOBRE TODO, A LAS EMPRESAS.
Entrevista de
ANDREA GAGO MENOR
Periodista
LUCRECIA
WAGNER(*)
Investigadora argentina de
conflictos ambientales.
Fuente “Revista
Pueblos”
26 de enero 2015
(*)
LUCRECIA WAGNER (Argentina) Licenciada en Diagnóstico y Gestión Ambiental y
doctora en Ciencias Sociales y Humanas. Es investigadora del Consejo Nacional
de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) de Argentina y ha sido
docente de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires,
Universidad de Congreso y Universidad Nacional de Cuyo. Escritora. Intervino
en: “La Megamineria en Mendoza, 1884-2011” (Universidad Nacional de Quilmes
Ed., 2014), entre otras muchas obras sobre estos temas tan graves.
Los
debates sobre extractivismo, desarrollo y ecologismo suelen caer en unos
círculos argumentales de los que resulta casi imposible salir. ¿Justifica el
'desarrollo' de 'la mayoría' los daños al medioambiente? Lucrecia Wagner alimenta con datos, referencias
y leyes la solidez de los debates en torno a los conflictos socio ambientales
generados por la llegada de proyectos mineros a
gran escala. En Argentina, al igual que Ecuador y Colombia,
la minería no es una actividad históricamente implementada. Ha habido algunos
momentos de auge de la minería moderna (por ejemplo, en las provincias de
Catamarca y La Rioja, en la segunda mitad del siglo XIX). En la década de 1990
llegan al país proyectos que representan lo que actualmente se denomina
“megaminería”. En otros países en los que la minería es una
actividad histórica, como Perú, Bolivia o Chile. En Argentina se cuestiona si
la actividad debe instalarse o no y qué implica frente a otras actividades
existentes, y en Perú, Bolivia o Chile, el debate en general pasa por la
regulación y los controles ambientales que necesita. Esta emergencia de la megaminería
coincide con cambios importantes legislativos en Argentina, con
desregulaciones. ¿Era necesaria esta desregulación para los grandes proyectos
mineros o simplemente
coincidió con un cambio de ciclo?. Argentina tiene un
código de minería del siglo XIX, de 1886.La mayor parte de los cambios se
hicieron en la década de los noventa, cuando se sancionó una serie de leyes que
permitieron la llegada al país de una mayor inversión extranjera hacia la
actividad minera, a partir del otorgamiento de beneficios. Por ejemplo, la ley
24.196, de 1994, que es la Ley de Inversiones Mineras, establece el tope de
regalías que puede tener la actividad, y algunas exenciones impositivas, que
favoreció la consideración de Argentina como uno de los países donde convenía invertir
en minería. Y también hubo algunos cambios en torno a la magnitud de la
explotación minera. Se daban permisos que implicaban una mayor extensión
territorial, y esto favorecía a esta minería que trabaja sobre yacimientos
diseminados, que necesitan una mayor extensión para que el proyecto sea
rentable. Creo que uno de los errores fue, precisamente, hacer grandes promesas
con respecto a la actividad. La población local, finalmente, no vio esto luego
plasmado en sus condiciones de vida, porque gran parte de los beneficios se
fueron hacia el gobierno nacional y, sobre todo, a las empresas. Gran parte de
la resistencia posterior en la provincia en la que se instaló la minera,
Catamarca, tiene que ver con esta desilusión. Actualmente la megaminería no es
la fuente más importante de puestos laborales en el rubro minero. En cambio, en
la minería en general sí hay un porcentaje amplio de la población trabajando,
estamos hablando de otro tipo de minería, la de rocas de aplicación, granito,
lajas, que es la de tercera categoría. Una de las características que ha
marcado el conflicto en Argentina es que estos proyectos se instalan cerca de
fuentes de agua o aguas arriba de las poblaciones. Como estas poblaciones
dependen directamente de los ríos que bajan de la cordillera, se transforma en
un potencial de riesgo sobre la fuente de agua del lugar. Esto ha marcado en
gran parte el rechazo social.
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