viernes, 27 de marzo de 2015

DILUYENDO EL NEGOCIO DEL AGUA

 USTED NO ELIGE LA EMPRESA QUE LE SUMINISTRARA  AGUA. 
PORQUE NO VA A DEJAR DE CONSUMIR ALGO BÁSICO PARA LA VIDA, 
AUNQUE NO SEA DE BUENA CALIDAD Y TENGA UN MAL SERVICIO...

 Escriben  
SANTIAGO  BARAJAS
 Y ERIKA GONZÁLEZ (*) 
Fuente “Revista Pueblos”
23 de marzo 2015

(*) SANTIAGO MARTÍN BARAJAS (España 1964) Periodista. Escritor. Graduado de Ingeniero Agrónomo en la Universidad Politécnica de Madrid. Desde hace 30 años milita en el Movimiento Ecologista. Responsable del Area de Aguas  en “Ecologistas en Acción” Durante varios años ha sido Coordinador General en esa temática en la Organización. Autor entre otros de “Reducción de los recursos hídricos”. Representante de los grupos ecologistas en el Consejo Nacional del Agua. ERIKA GONZÁLEZ es investigadora del Observatorio de Multinacionales en América Latina (OMAL).


 “Cada día podemos hacer del mundo un lugar más sostenible”, dice un anuncio publicitario de la Fundación Aquae, perteneciente a Aguas de Barcelona (Agbar). La afirmación se enmarca en las campañas publicitarias
de las empresas para conmemorar el Día Mundial del Agua, establecido por Naciones Unidas el 22 de marzo. Las multinacionales del agua lucen una   responsabilidad social y ambiental. Como FCC Aqualia, que afirma celebrar todos los días el Día Mundial del Agua. Una y otra, Agbar (filial de la transnacional Suez) y FCC, se presentan como la mejor opción para el abastecimiento y saneamiento del agua, y buscan con ello cumplir un doble objetivo. Consolidar su oligopolio en el Estado español que significa controlar más del 80% de la gestión privada del agua. Y adquieren un mejor lugar de cara a las futuras privatizaciones. En 1996, el 37% de la población estaba abastecida por empresas privadas; actualmente lo está el 53%. Los procesos de privatización del agua de diferentes municipios y autonomías, muestran cómo los argumentos de los gobiernos se repiten y son los mismos que se

han dado desde los inicios del neoliberalismo, hace ya más de treinta años. La decisión política sobre el tipo de gestión se reviste como una opción técnica basada en la eficiencia, la transparencia, la inversión y la transferencia de tecnología que aportan las empresas de capital privado, frente a la supuesta inoperancia del sector público. Estas promesas, sin embargo, no se han hecho realidad en multitud de experiencias y hay diversos estudios académicos -proporcionados por investigaciones en la Universidad de Greenwich y en la Universidad de Granada- que ponen en cuestión tales ventajas.  Si tales argumentos


técnicos y económicos son dudosos, ¿por qué se sigue privatizando? En el Estado español, la venta de este servicio está suponiendo la entrada de liquidez en los presupuestos municipales. El método es sencillo: se firma una concesión con la empresa privada, que conlleva un “canon concesional”, es decir, un dinero que paga la compañía por gestionar los servicios del agua. Y el canon va directamente, en general, a pagar deudas que nada tienen que ver con el abastecimiento y saneamiento del agua. Quien ostenta el gobierno inicia, entonces, un proceso lo más rápido y opaco posible para evitar el debate público, porque una decisión de este calado, sin argumentos técnicos ni económicos, puede suscitar una amplia oposición social. Las críticas se basan en la incompatibilidad entre garantizar un derecho humano universal y la expectativa de lucro a corto plazo de las grandes empresas privadas. Más aún, cuando se trata de un servicio público que se desarrolla en régimen de monopolio; una vez construida la infraestructura, sólo una compañía tiene el servicio. Por otro lado, la compañía suele subir las

tarifas para recuperar el pago del “canon concesional” y no tiene en cuenta los ingresos de los usuarios y usuarias. En consecuencia, el acceso universal y en condiciones de igualdad, que según Naciones Unidas debería garantizarse, queda en entredicho. En relación a la dimensión ambiental, las campañas de ahorro de agua y penalización de su despilfarro son fundamentales para sostener el acceso a un bien limitado y escaso. En cambio, una compañía privada que obtiene beneficios con el consumo del agua es difícil que promueva este tipo de iniciativas. Los procesos de reversión a manos públicas son un primer paso fundamental para garantizar el derecho humano al agua. Un cambio que debe avanzar hacia la solidaridad, la universalidad, la equidad, la transparencia, la participación social, el control democrático y la consideración del agua como un bien limitado y escaso. Estos son principios irrenunciables que no aparecerán en las campañas publicitarias de las grandes corporaciones en el Día Mundial del Agua.   
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