CASI A
UN AÑO DE LA DESAPARICIÓN DE 43 ESTUDIANTES,
EN MEXICO SIGUE
SIN SABERSE QUÉ PASÓ Y POR QUÉ PASÓ
SOLO SE SABE QUE LAS AUTORIDADES NADA
INVESTIGARON
Escribe·
MARÍA VERZA (*)
Fuente
“PERIODISMO
HUMANO”
7 de
Septiembre 2015
(*)
MARÍA VERZA. Periodista española freelance. México y sus alrededores.
Corresponsal.Trabajó durante 15 años como responsable de Internacionales en la
agencia de noticias Fax Press. Produçtora del doçumental“ Las Víctimas Ocultas
de la Guerra del Narcotráfico. (Para exponer las historias de los niños de
Ciudad Juárez, las víctimas olvidadas de la guerra contra el narco)
Casi un año después de la desaparición de 43
estudiantes de magisterio en Iguala, al sur de México, sigue sin
saberse qué
pasó y por qué pasó. Solo hay constancia de todo lo que las autoridades no
investigaron y del terrible dolor que ha destrozado a las familias de las
víctimas y a una sociedad que sigue clamando justicia. El grupo de expertos
independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en informe de
500 páginas que echó por tierra la versión oficial de los hechos. La “verdad
histórica” se convirtió en “mentira histórica”, como dijeron los padres de los
desaparecidos.
Alli se afirma que fue imposible que en el basurero de Cocula se
incineraran 43 cuerpos, como dijo el gobierno de México; que los atacantes
sabían que los jóvenes eran estudiantes e iban contra ellos; que el ejército y
la policía federal al menos monitorearon en tiempo real todos los ataques sin
hacer absolutamente nada para ayudar a los jóvenes e incluso restringieron
ciertas informaciones; y que funcionarios obstruyeron la investigación y
destruyeron pruebas. La Normal Rural de Ayotzinapa ha entrado en
una rutina
fantasmagórica. El patio de esta escuela de maestros de Guerrero, que tras el
terrible crimen de Iguala estaba plagado de gente y de solidaridad pese al
inmenso dolor, se muestra ahora desolado cuando arrecia la lluvia cada tarde y
el barro invade la escuela.
El agua retumba en
el techo de lámina sobre la capilla homenaje. Las sillas vacías, las
fotografías, las flores ya tienen diez meses ahí. Siguen faltando 47. Los tres
normalistas asesinados, entre ellos el salvajemente desollado, Julio César
Mondragón. El estudiante en coma
desde los ataques, Aldo Gutiérrez, para el que
el grupo de expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)
ha pedido apoyo médico. Y los 43 desaparecidos, entre ellos Alexander Mora, el
único del que se ha encontrado e identificado un resto mediante pruebas de ADN
y cuyo sueño de ser maestro rural, como dijo su hermano Hugo durante su
‘entierro’, quedo reducido a “dos fragmentos óseos”.
Faltan también muchas
explicaciones de lo que ocurrió aquella noche
a 200 km de la capital mexicana y
de por qué ocurrió, sobre todo después de que la Comisión Nacional de Derechos
Humanos, una entidad oficial, a los 300 días del suceso, divulgara un
informe con todo lo que la fiscalía no
había hecho: desde analizar una camiseta
a hablar con testigos de los hechos. La gran mayoría de los padres sigue
viviendo en la Normal, la escuela que se ha convertido en su sustento moral y
económico. “Han interrumpido sus vidas,
sus familias, sus fuentes de ingresos”, explica María Cristóbal,
responsable de
salud mental de Médicos sin Fronteras, una de las organizaciones que está
apoyando a las víctimas.
“Todo lo que no sea su hijo desaparecido ha pasado a
segundo plano, incluida su salud”. La consecuencia, es una pesadilla
continua, sin metáforas, pese a la
valentía que muestran. Algunos de esos familiares, gente humilde de Guerrero o
estados vecinos, llegaron adonde nunca pensaron, a países de Europa que no
saben ni colocar en el mapa pero donde fueron recibidos por manos amigas.
Sin embargo, los gobiernos se han vuelto
condescendientes con el ejecutivo de Enrique Peña Nieto. Las cuestiones
económicas, como siempre, pesan más que los derechos humanos. Afortunadamente,
a la Normal sigue llegando comida y apoyo, muchas veces de las redes tejidas en
los viajes de las víctimas, pero la
situación no es fácil.
El objetivo es mantenerse unidos para no perder fuerza
pero la desesperanza crece. “La única opción es mantenernos juntos”, sentencia
categórico Omar, uno de los normalistas superviviente de la
noche triste de
Iguala, como ya se la conoce. “Mientras sus hijos no estén, no les vamos a
dejar trabajar porque entonces la unidad se rompe”, asegura. Omar conoce bien ese refrán de ‘divide y
vencerás’. Y el Partido Revolucionario Institucional, que regresó al poder en
2012, lo conoce aún mejor. En Ayotzinapa
hay verdades incompletas, medias verdades, verdades fabricadas hasta una
“verdad histórica”, eufemismo con el que el ex fiscal general Jesús Murillo
Karam ofreció
la versión oficial de los hechos.
Es la que dice que los
muchachos querían enturbiar un acto del alcalde de Iguala, José Luis Abarca, y
que este ordenó a policías municipales de esta localidad y de la vecina Cocula
que se deshicieran de los chicos. La que
asegura que los agentes entregaron a los jóvenes al crimen organizado y que
sicarios del grupo Guerreros Unidos los llevaron a un basurero y ahí los
prendieron fuego en una hoguera que duró horas y horas hasta que sus restos
quedaron convertidos en ceniza y fueron arrojados al río. Esa es la “verdad histórica” para el gobierno
de México.
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