LA INICIATIVA MINERA DEBE
ANALIZARSE A FONDO Y SIN PASIONES
Fuente
“ULTIMAS NOTICIAS”
25 de Abril de 2011
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El país está ante un dilema: debe elegir entre los notables beneficios económicos que pueden resultar de la instalación de una mina de hierro y las consecuencias que la misma dejará en el medio ambiente. Porque la iniciativa resultará en la apertura de una gran cicatriz a cielo abierto por los potenciales daños ambientales que pueden generarse al tender un mineroducto y establecer un puerto de aguas profundas. Lo mejor es decidir de un modo analítico y sin pasiones que puedan confundir y llevar a una decisión incorrecta.
En el Haber del proyecto hay que anotar que se trata de una inversión que puede llegar al doble de la realizada por Botnia. También, que se estará abriendo una fuente de trabajo para 1.500 uruguayos entre 2013 y 2033, así como el anuncio de que por el pago de cánones, sueldos y servicios la minera Aratirí dejará en el país, durante todo ese período, unos 450 millones de dólares al año.
Pero también hay una columna para el Debe. En ella corresponde asentar, y hasta con tinta roja, que la inversión proyectada se aplicará a explotar varias minas de hierro a cielo abierto que dejarán inevitables cicatrices en el paisaje nacional. También, que el proyecto supone la instalación de un puerto de aguas profundas para el embarque de la producción de hierro y el tendido de un mineroducto, con potencial afectación -el puerto- de una zona balnearia de Rocha -el ducto- y de áreas caracterizadas, como los bañados y palmares del mismo departamento.
El tema, en consecuencia, no es de fácil resolución. Ambos platillos de la balanza están cargados de razones. De pesadas razones. Se trata, en el fondo, de un tema técnico que es necesario resolver auscultando también el sentimiento de los uruguayos sobre el país en el que quieren vivir y el entorno natural que quieren dejarles a las nuevas generaciones. Ingredientes muy distintos para una alquimia que va a exigir un enfoque a la vez analítico y desapasionado.
Ese esfuerzo por darle al tema una respuesta lúcida empieza en estos días a hacerse más engorroso. Porque el tema ya se ventila en la arena política a partir de fuertes reparos de la oposición. Hay incluso pendiente una solicitud de llamado a sala a tres ministros. Y es sabido que el enfrentamiento político embandera en posiciones antagónicas, pero no siempre conduce a adoptar las resoluciones más convenientes para el futuro del país. Hace algunos años, con equilibrios políticos bien distintos, los legisladores de lo que hoy es el gobierno se opusieron al tratado de protección de inversiones con Finlandia, decisivo para la instalación de Botnia. Por entonces, la iniciativa era sospechosa de tener un impacto ambiental muy negativo.
Hoy los hechos pueden verse con una perspectiva muy distinta. Y muchos uruguayos que pudieron por aquel entonces ver con recelo o hasta rechazar la instalación de la planta de celulosa hoy advierten que los temores de entonces no estaban justificados.
Es muy distinto, sin dudas, el impacto que puede tener una mina a cielo abierto. Según se ha informado, el proyecto supone la explotación de seis yacimientos de este tipo, dos de los cuales llegarán a tener un porte estimable: dos kilómetros y medio de largo por un kilómetro de ancho. Esto es, dos kilómetros cuadrados y medio o 250 hectáreas. Cuando termine la explotación, lo que quedará es una gran cicatriz -se habla de 500 metros de profundidad- que muchos en el país valorarán como inadmisible. Mientras que desde la otra vereda se podrá argumentar que Uruguay tiene un territorio de 187.000 kilómetros cuadrados, 164.000 de los cuales son aprovechables para la explotación rural. Y que en el peor de los casos -que las seis minas tengan 250 hectáreas cada una- la cantidad de tierra efectivamente perdida no alcanza al 0,001% de la superficie aprovechable del país. No se trata de un tumor, sino de algunos granos bastante feos, que quizá convenga igualmente evitar.
La afectación de la tierra, recurso que no es renovable, es el daño seguro que resultará del trabajo de Aratirí. Es concebible que los demás impactos negativos puedan ser atenuados con adecuadas medidas de prevención. Un puerto no necesariamente termina con una zona balnearia. Depende del proyecto y depende de la gestión. Y un mineroducto no tiene por qué ser una tragedia. Uruguay ya tiene gasoductos instalados por todo el sur, de Colonia a Montevideo y desde José Ignacio a la planta de Ancap. No se han escuchado demasiadas quejas a propósito.
Todas las inquietudes que despierta un proyecto de esta naturaleza están movilizando a los vecinos de las zonas afectadas. Se levantan reclamaciones legítimas, así como fantasmas sin demasiado asidero. En cuanto a Aratirí, por ejemplo, se ha dicho que el ganado no va a engordar en 30 kilómetros a la redonda, perturbado por las explosiones. O se teme la destrucción lisa y llana de algunas de las más lindas playas del país. Lo inteligente no es envolverse en una bandera y negarse a ver -como siguen haciendo los piqueteros de Gualeguaychú- verdades incontrastables desde el punto de vista técnico. O también otras verdades, esta vez en la perspectiva de lo que necesita el país para fundar un mejor futuro. No hay duda, por ejemplo, de que si Uruguay quiere seguir siendo un nodo para las comunicaciones marítimas de la región, no hay otra alternativa que construir un puerto de aguas profundas. Y que la misma geografía señala que el mismo no puede construirse más que en el departamento de Rocha. Conviene entonces que esa realidad se convierta en un tema de análisis para los vecinos de ese departamento, que se han opuesto a cualquier iniciativa en ese sentido.
En fin, valen todas estas reflexiones para señalar que el país, no solamente el gobierno, está ante una disyuntiva que sólo se resolverá bien si media un análisis a profundo y desapasionado, que tenga en cuenta los motivos económicos pero también los sentimientos de la gente sobre el país que se desea dejar a las generaciones más jóvenes.
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