LOS JUBILADOS POR EL MUNDO

REFORMAS A LA SEGURIDAD SOCIAL
Por Estuardo Salazar Caldas
ECUADOR HOYonline.com – abril 6 2008
La prensa informa de la presentación de muchas propuestas respecto a las reformas que se introducirían a la seguridad social a través de la Asamblea Constituyente. Estas iniciativas son muy variadas, pero vale la pena mencionar algunas que han llamado la atención, entre ellas las que partiendo del principio de la universalidad tienen por objeto extender las prestaciones a toda la población, en especial a las personas mayores de 65 años, además de centralizar los servicios de salud en el Ministerio de Salud y ampliar el seguro a otros grupos. Estas propuestas se inscriben en un marco de crisis de todo el sistema de reparto que ha fracasado no solamente en el Ecuador sino en otros países del mundo.
La ineficiencia, la burocracia, la politización y la corrupción han socavado la estructura misma del IESS a tal punto que requiere la intervención inmediata del Estado para evitar su quiebra. Al respecto conviene mencionar que actualmente el IESS ofrece las siguientes prestaciones: enfermedad, maternidad, invalidez, vejez, muerte, mortuoria, riesgo de trabajo, cesantía y seguro campesino. Las últimas estadísticas indican que la población asegurada alcanza a 2 086 000 afiliados (no 1 200 000) que sumados a los jubilados (261 mil) significa que el 18% de la población estaría cubierta por la seguridad social, pero apenas representa el 41% de la PEA. La situación del IESS ha mejorado significativamente en este campo, pues hay ocho activos por cada pasivo. Igualmente, las cifras indican que uno de cada cinco afiliados son empleados públicos. El 38% de los afiliados se encuentra en la provincia de Pichincha.
Por otro lado se ha manifestado que la situación de crisis que atraviesa el IESS obedece a varios factores entre los cuales se puede mencionar una menor tasa de natalidad, mayor esperanza de vida, el creciente desempleo, evasión en el pago de aportes, cotización sobre un salario inferior al real, la migración, aparte de que el IESS se caracteriza por su deficiencia en la prestación de servicios, todo lo cual ha determinado que muchas entidades públicas y privadas se hayan afiliado a seguros privados. Además, otro factor de importancia es la deuda del Estado al IESS ($3 000 millones) en concepto del 40% de las aportaciones y que no han sido consolidadas por cuanto existen discrepancias sobre la fórmula de cálculo al convertir los sucres a dólares, pero que de acuerdo a un cálculo simple se reduce considerablemente en perjuicio de los afiliados. A lo indicado se suma un déficit actuarial equivalente a $5 000 millones.
En estas circunstancias, los planteamientos surgidos serían catastróficos e impracticables, por lo que lo prudente sería primero estudiar otros sistemas y las experiencias de otros países, y tomar en cuenta lo que dispone el Art. 59 de la Constitución que prohíbe al Estado intervenir en los fondos y reservas del Instituto. Cabe mencionar que solamente la extensión de pensiones a todas las personas de la tercera edad representaría alrededor de $8 000 millones en cinco años.