COMENTANDO
A "PAGINA 12"
Escribe
JORGE ANICETO
MOLINARI
Lo que está ocurriendo en Argentina, no es meramente un problema institucional; adjunto un articulo aparecido hoy en Pagina 12 que tiene la virtud de mostrar con claridad los aspectos técnicos, y con limitaciones los aspectos políticos de fondo.
El sistema monetario aparece como ingobernable para los gobiernos nacionales. Más aún cuando se busca por este camino cubrir un presupuesto cuyos recursos normales son el impuesto al trabajo y al consumo.
Todas las teorizaciones, sobre independencia del Banco Central, la pureza en el manejo de la divisa, etc. etc. se van al carajo.
Todo manejo monetario tiene una base mafiosa o antimafiosa. Pero el mundo sumido en su mayor crisis del sistema, no puede soportar sin convulsiones esta situación.-
Mientras el Fondo Monetario Internacional, tiene en su agenda como auxiliar impositivamente a las economías en peligro, llegando a analizar la posibilidad de un impuesto a las transacciones financieras, esto en Argentina es el anuncio de un descalabro mayor.-
Insistimos en que no somos ni catastrofistas, ni apocalípticos, pero no cometeremos las estupidez de decir que ya la crisis pasó.
Podemos adoptar dos actitudes distintas.- Esconder la cabeza y esperar a que la tormenta pase o aportar a la unidad de lo mejor del mundo con soluciones.-
En nuestros apuntes hemos tratado de aportar en este sentido.
10 de enero de 2010.
Jorge Aniceto Molinari
(N. de R. Esta nota ha sido también enviada a “Pagina 12” de Buenos Aires, a modo de comentario al artículo que transcribimos a continuación.)
-
REDRADO Y BRUJAS.
Escribe
Por JOSE NATANSON
“Página 12” Buenos Aires
10 de enero, 2010
PARTE UNO
La independencia de los bancos centrales, se ha recordado en estos días, es una de las reformas estructurales reclamadas por los organismos internacionales y la comunidad financiera en los ’90, con el argumento de que las crisis de deuda e inflación de las décadas anteriores eran consecuencia, en esencia, de la falta de rigor en el manejo de la política monetaria. El objetivo consistía en alejar a la entidad encargada de regular la estrategia monetaria y financiera del país de la influencia política. Algunos países fueron más allá, recurriendo, como Argentina, a esquemas convertibles, lo que implicaba la directa eliminación de la política monetaria. Y otros, como Ecuador y El Salvador, dieron todavía un paso más, mediante la dolarización de la economía, lo que implicaba la desaparición lisa y llana de la moneda.
Como Ulises, que se ató a las velas para no ceder a los cantos seductores de las sirenas, los gobiernos se autolimitaban para no caer en los peligrosos excesos ochentistas.
En este marco, quince países latinoamericanos, entre ellos Argentina, declararon la independencia del Banco Central en algún momento de los ’90. Algunos, como Bolivia, Costa Rica y Uruguay, admiten cierta flexibilidad y permiten a las entidades, por ejemplo, cubrir las necesidades de liquidez por un lapso corto, mientras que otros lo prohíben. Y hubo algunos países que no siguieron la tendencia, entre ellos el muy neoliberal Colombia, donde el presidente del Banco Central sigue siendo el ministro de Hacienda, o Guatemala, que establece como objetivo del Banco Central no sólo resguardar el valor de la moneda sino velar por el “desarrollo” del país (lo cual demuestra que poner metas amplias no garantiza nada).
El debate teórico acerca de las ventajas y desventajas de la independencia del Banco Central es interesante y está lejos de estar saldado. De un lado, quienes defienden esta idea sostienen que es la única forma de resguardar el valor de la moneda evitando el aumento de la inflación. Algunos autores trascienden el debate economicista para llevar la justificación más allá: en “La independencia del Banco Central y la democracia en América latina”, Salomón Kalmanovitz sostiene que la moneda es, más que una unidad de valor o de cuenta, un signo de la salud de un orden social, por lo que su estabilidad contribuye al bienestar general y, en definitiva, ayuda a consolidar la democracia.
El Banco Central no es el único caso de una institución sustraída del control democrático. De hecho, existe un poder –el Judicial– con rango constitucional más elevado que el Banco Central cuya elección no es resultado de la voluntad popular. Existen, también, poderosísimas burocracias, dotadas de una amplia autonomía, cuyos miembros no eligen por voto directo, sino por decisión del Poder Ejecutivo (la policía, por ejemplo) o del Ejecutivo y el Congreso (en el caso de los generales o los diplomáticos). Asimismo, la historia enseña que aquellas instituciones u organismos que exigen una alta competencia técnica necesitan ciertos mecanismos –carreras profesionales, ascensos por concurso y antecedentes, cuerpos técnicos capacitados, equipos legales, etcétera–, para lo cual es necesario preservar de los vaivenes políticos a al menos un sector de sus burocracias. El Banco Central es un ejemplo, pero también la Comisión Nacional de Energía Atómica, el INTA o la Secretaría de Finanzas.
Del otro lado, quienes cuestionan esta tesis argumentan que un Banco Central autónomo que logra garantizar el valor de la moneda no beneficia a todos por igual, sino especialmente a quienes poseen grandes cantidades de esa moneda y de activos líquidos. “Esa ‘independencia’ puede ser menos favorable a quienes posean esos activos en mucho menor medida y su interés, por ejemplo, sea la distribución o multiplicación de esa moneda nacional entre muchas personas, más que la preservación de su valor frente al de otras monedas extranjeras”, explica el blog La Barbarie.
Y, más allá de los intereses, hay que considerar también la cuestión de la responsabilidad. Al desengancharse del control político, el presidente de un Banco Central independiente evita someterse a la sanción popular. Si, en cambio, son los gobiernos los que controlan la institución, entonces pueden ser responsabilizados por la sociedad y, eventualmente, castigados en las urnas. Esta es la tesis de Joseph Stiglitz (“Central Banking in a Democratic Society”).
Como se ve, el debate es complejo. Algunos casos cercanos ayudan a ponerlo en perspectiva. Entre 1998 y 2000, Ecuador vivió la peor crisis económica de su historia: el sucre se devaluó de 4500 a 25.000 por dólar, la inflación acumulada arañó el 300 por ciento (en 1999, el propio presidente, Jamil Mahuad, admitió que el país registraba la tasa de inflación más alta del continente) y la deuda se multiplicó exponencialmente, hasta superar el 100 por ciento del PBI. El caos económico se combinó con una serie de manifestaciones sociales que reclamaban la renuncia del presidente. En marzo de 1999, desesperado, Mahuad declaró un feriado bancario por una semana que incluyó el congelamiento masivo de los depósitos. La situación siguió fuera de control, con la inflación in crescendo y el PBI estancado. Menos de un año después, Mahuad anunció la dolarización plena de la economía y convirtió a Ecuador en el primer país latinoamericano en sacrificar voluntariamente su moneda. Todo esto con un Banco Central cuya independencia había sido sancionada dos años antes, en la reforma constitucional de 1998.
(FINALIZA EN PARTE DOS)
JORGE ANICETO
MOLINARI
Lo que está ocurriendo en Argentina, no es meramente un problema institucional; adjunto un articulo aparecido hoy en Pagina 12 que tiene la virtud de mostrar con claridad los aspectos técnicos, y con limitaciones los aspectos políticos de fondo.
El sistema monetario aparece como ingobernable para los gobiernos nacionales. Más aún cuando se busca por este camino cubrir un presupuesto cuyos recursos normales son el impuesto al trabajo y al consumo.
Todas las teorizaciones, sobre independencia del Banco Central, la pureza en el manejo de la divisa, etc. etc. se van al carajo.
Todo manejo monetario tiene una base mafiosa o antimafiosa. Pero el mundo sumido en su mayor crisis del sistema, no puede soportar sin convulsiones esta situación.-
Mientras el Fondo Monetario Internacional, tiene en su agenda como auxiliar impositivamente a las economías en peligro, llegando a analizar la posibilidad de un impuesto a las transacciones financieras, esto en Argentina es el anuncio de un descalabro mayor.-
Insistimos en que no somos ni catastrofistas, ni apocalípticos, pero no cometeremos las estupidez de decir que ya la crisis pasó.
Podemos adoptar dos actitudes distintas.- Esconder la cabeza y esperar a que la tormenta pase o aportar a la unidad de lo mejor del mundo con soluciones.-
En nuestros apuntes hemos tratado de aportar en este sentido.
10 de enero de 2010.
Jorge Aniceto Molinari
(N. de R. Esta nota ha sido también enviada a “Pagina 12” de Buenos Aires, a modo de comentario al artículo que transcribimos a continuación.)
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REDRADO Y BRUJAS.
Escribe
Por JOSE NATANSON
“Página 12” Buenos Aires
10 de enero, 2010
PARTE UNO
La independencia de los bancos centrales, se ha recordado en estos días, es una de las reformas estructurales reclamadas por los organismos internacionales y la comunidad financiera en los ’90, con el argumento de que las crisis de deuda e inflación de las décadas anteriores eran consecuencia, en esencia, de la falta de rigor en el manejo de la política monetaria. El objetivo consistía en alejar a la entidad encargada de regular la estrategia monetaria y financiera del país de la influencia política. Algunos países fueron más allá, recurriendo, como Argentina, a esquemas convertibles, lo que implicaba la directa eliminación de la política monetaria. Y otros, como Ecuador y El Salvador, dieron todavía un paso más, mediante la dolarización de la economía, lo que implicaba la desaparición lisa y llana de la moneda.
Como Ulises, que se ató a las velas para no ceder a los cantos seductores de las sirenas, los gobiernos se autolimitaban para no caer en los peligrosos excesos ochentistas.
En este marco, quince países latinoamericanos, entre ellos Argentina, declararon la independencia del Banco Central en algún momento de los ’90. Algunos, como Bolivia, Costa Rica y Uruguay, admiten cierta flexibilidad y permiten a las entidades, por ejemplo, cubrir las necesidades de liquidez por un lapso corto, mientras que otros lo prohíben. Y hubo algunos países que no siguieron la tendencia, entre ellos el muy neoliberal Colombia, donde el presidente del Banco Central sigue siendo el ministro de Hacienda, o Guatemala, que establece como objetivo del Banco Central no sólo resguardar el valor de la moneda sino velar por el “desarrollo” del país (lo cual demuestra que poner metas amplias no garantiza nada).
El debate teórico acerca de las ventajas y desventajas de la independencia del Banco Central es interesante y está lejos de estar saldado. De un lado, quienes defienden esta idea sostienen que es la única forma de resguardar el valor de la moneda evitando el aumento de la inflación. Algunos autores trascienden el debate economicista para llevar la justificación más allá: en “La independencia del Banco Central y la democracia en América latina”, Salomón Kalmanovitz sostiene que la moneda es, más que una unidad de valor o de cuenta, un signo de la salud de un orden social, por lo que su estabilidad contribuye al bienestar general y, en definitiva, ayuda a consolidar la democracia.
El Banco Central no es el único caso de una institución sustraída del control democrático. De hecho, existe un poder –el Judicial– con rango constitucional más elevado que el Banco Central cuya elección no es resultado de la voluntad popular. Existen, también, poderosísimas burocracias, dotadas de una amplia autonomía, cuyos miembros no eligen por voto directo, sino por decisión del Poder Ejecutivo (la policía, por ejemplo) o del Ejecutivo y el Congreso (en el caso de los generales o los diplomáticos). Asimismo, la historia enseña que aquellas instituciones u organismos que exigen una alta competencia técnica necesitan ciertos mecanismos –carreras profesionales, ascensos por concurso y antecedentes, cuerpos técnicos capacitados, equipos legales, etcétera–, para lo cual es necesario preservar de los vaivenes políticos a al menos un sector de sus burocracias. El Banco Central es un ejemplo, pero también la Comisión Nacional de Energía Atómica, el INTA o la Secretaría de Finanzas.
Del otro lado, quienes cuestionan esta tesis argumentan que un Banco Central autónomo que logra garantizar el valor de la moneda no beneficia a todos por igual, sino especialmente a quienes poseen grandes cantidades de esa moneda y de activos líquidos. “Esa ‘independencia’ puede ser menos favorable a quienes posean esos activos en mucho menor medida y su interés, por ejemplo, sea la distribución o multiplicación de esa moneda nacional entre muchas personas, más que la preservación de su valor frente al de otras monedas extranjeras”, explica el blog La Barbarie.
Y, más allá de los intereses, hay que considerar también la cuestión de la responsabilidad. Al desengancharse del control político, el presidente de un Banco Central independiente evita someterse a la sanción popular. Si, en cambio, son los gobiernos los que controlan la institución, entonces pueden ser responsabilizados por la sociedad y, eventualmente, castigados en las urnas. Esta es la tesis de Joseph Stiglitz (“Central Banking in a Democratic Society”).
Como se ve, el debate es complejo. Algunos casos cercanos ayudan a ponerlo en perspectiva. Entre 1998 y 2000, Ecuador vivió la peor crisis económica de su historia: el sucre se devaluó de 4500 a 25.000 por dólar, la inflación acumulada arañó el 300 por ciento (en 1999, el propio presidente, Jamil Mahuad, admitió que el país registraba la tasa de inflación más alta del continente) y la deuda se multiplicó exponencialmente, hasta superar el 100 por ciento del PBI. El caos económico se combinó con una serie de manifestaciones sociales que reclamaban la renuncia del presidente. En marzo de 1999, desesperado, Mahuad declaró un feriado bancario por una semana que incluyó el congelamiento masivo de los depósitos. La situación siguió fuera de control, con la inflación in crescendo y el PBI estancado. Menos de un año después, Mahuad anunció la dolarización plena de la economía y convirtió a Ecuador en el primer país latinoamericano en sacrificar voluntariamente su moneda. Todo esto con un Banco Central cuya independencia había sido sancionada dos años antes, en la reforma constitucional de 1998.
(FINALIZA EN PARTE DOS)
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