SILENCIO,
SE DEFRAUDA:
16 MIL MILLONES ANUALES
(= 6 “AJUSTES” CRISIS)
Escribe
DAVID
FERNÁNDEZ
(Economista.
Periodista)
.
Fuente:
“DIRECTA,
Semanario de Comunicación”
Catalunya.
España. 20 de diciembre 2011.
Pag. WEB:
www.setmanaridirecta.info
Publicó
“REBELION” Tradujo: S.SEGUI
Mas
datos de estos temas, en este enlace:
.
David Fernández |
El
fraude empresarial catalán multiplica por seis los recortes del gobierno neo convergente
· Los nombres de los 1.600 grandes evasores, blindados y protegidos por el
propio Estado defraudado · La saga Carulla; el padre de Arthur Mas; Carceller,
de DAMM S.A.; el futbolista Luis Enrique; el empresario químico Bas Puig; el directivo
de RBA Ricardo Rodrigo; el arquitecto Alfredo Arribas; Alejandro Sanz o Emilio
Botín, entre los defraudadores. Los datos están ahí. El fraude fiscal
empresarial catalán, vía paraísos fiscales, blanqueo de capitales e ingeniería
contable, sextuplica los peores recortes antisociales aprobados por el
Parlamento de Cataluña desde el final de la dictadura.
Fuentes
sindicales elevan a 16.000 millones de euros el fraude fiscal catalán anual,
frente a los 2.700 millones de euros de la tissorada1 del primer presupuesto de
Arthur Mas. La cifra, en plena obsesión electoral por el 'pacto fiscal', se
acerca al volumen del expolio fiscal del Estado que acumularía la Hacienda
pública catalana, estimado en cerca de 20.000 millones de euros según diversos
estudios soberanistas. Doble moral convergente: exigen nueva fiscalidad de
puertas afuera y encubren el fraude fiscal en su propia casa.
La
comparación merece un resultado similar en el caso del Estado español. El
sindicato de técnicos del Ministerio de Hacienda, (http://www.gestha.es ), cifra la economía
sumergida en 240.000 millones de euros, no menos de cinco veces los recortes
aprobados por Rodríguez Zapatero – 50.000 millones– para el período 2010-2013.
Esta realidad supone un fraude fiscal mínimo anual por el que se dejan de
ingresar exactamente 25.000 millones de euros al año. Según Gestha, sólo
durante 2010 las grandes fortunas y grandes empresas españolas evadieron un
mínimo de 42.771 millones de euros, la pequeña y mediana empresa habría
defraudado 16.261 millones, mientras que el fraude de particulares se limitaría
a 1.543 millones de euros.
La otra
gran bolsa de fraude, el fraude laboral con la Seguridad Social, vinculado a la
economía sumergida, ascendería a 30.000 millones de euros.
El
fraude no es nuevo sino que se ha cronificado, y Gestha denuncia "que se
está perdiendo la batalla contra el fraude fiscal al adoptarse una estrategia
claramente equivocada", con una legislación laxa y una política
gubernamental que hace años que pone bajo la lupa "las rentas del trabajo,
los autónomos y las microempresas en lugar de perseguir las grandes bolsas de
fraude" alentadas por las grandes fortunas y las grandes empresas,
principales responsables de un fraude masivo del que hay síntomas relevantes.
Según datos oficiales, en España hay 3.299 personas que disponen de un
patrimonio superior a los 10 millones de euros. Pero sólo 729 de ellas
declararon tener un patrimonio superior a esa cifra.
DE EMPRESARIOS
A DEPORTISTAS
Entre
los casos de fraude fiscal más recientes, se podría citar el del piloto
motociclista Sete Gibernau –2,8 millones evadidos a Suiza–, el del directivo de
RBA Ricardo Rodrigo –2,3 millones, enviados también al país helvético– o el de
la saga de los Carulla. Dicha familia, propietaria de Agroalimen, primera
industria alimentaria catalana, está siendo investigada por evasión continua, a
través de sociedades instrumentales, durante los últimos cinco años. El fraude
podría alcanzar los 180 millones de euros, que habrían sido enviados a las
Antillas Holandesas para constituir dos sociedades que fueron a su vez
readquiridas por dos sociedades mercantiles con sede en Costa Rica y Uruguay y
vinculadas a los seis hermanos Carulla.
No son
los únicos. Demetrio Carceller, propietario indiscutido de Cervezas Damm SA,
también está imputado por fraude fiscal continuado durante los últimos 15 años,
por un monto que ascendería a los 500 millones de euros. Carceller se habría
empadronado falsamente en Portugal para beneficiarse de una política fiscal que
grava menos a las grandes fortunas, pero la legislación española obliga a
demostrar que se reside allí al menos 183 días al año para elegir con arreglo a
qué régimen se declara. Los paraísos fiscales –más de 100 en todo el mundo– son
pieza clave en la evasión fiscal y, en el caso catalán, Andorra juega un papel
primordial al seguir manteniendo el secreto bancario. El principat tiene
depositados entre 2.700 y 3.500 millones de euros de súbditos españoles.
El año
pasado, los depósitos andorranos experimentaron un crecimiento del 3.000% y la
Guardia Civil decomisó hasta 2,5 millones de euros cuando salían del país. El
recurso al paraíso fiscal va acompañado de la particular proliferación de
nacionalidades repentinas. De hecho, la tenista Arancha Sánchez Vicario es fiscalmente
andorrana, como Montserrat Caballé. El piloto catalán de F1 Pedro Martínez de
la Rosa, como el español Fernando Alonso o el tenista Carlos Moya, son
fiscalmente suizos.
De
nacionalidad monegasca es Àlex Crivillé, y siendo jugador del FC Barcelona, Luis Enrique se nacionalizó fiscalmente suizo,
y fue luego expedientado en 2003 por no haber declarado 600.000 euros. El dinero correspondía a pagos
realizados por Nike Europe en la sociedad Fullforce Sport Limited, controlada
por el jugador y con sede en las Antillas Holandesas, y había evadido 270.000
euros en impuestos. Anecdótica mención aparte merece el caso de Sánchez
Vicario. Empeñada en que José María Aznar asistiera a su boda, comunicó a
Hacienda en 2003 que regularizaría su situación para garantizar la asistencia
del ex presidente.
Aznar
acudió, pero Sánchez Vicario no ajustó cuentas de una deuda de 3,4 millones de
euros hasta 2009, cuando el Tribunal Supremo dictaminó al respecto. La anécdota
se describe en el libro "Estado fiscal y democracia" de quien fue
director de la Agencia Tributaria con el gobierno de Aznar, Ignacio
Ruiz-Jarabo. En el libro se describe también como Florentino Pérez, presidente
del Real Madrid, presionó a Enrique Giménez Reyna –entonces secretario de
Estado de Hacienda del PP y posteriormente imputado como cerebro de la trama
Gescartera– para que pusiera fin, bajo amenaza de detener la Liga profesional,
a las investigaciones sobre futbolistas de élite.
El
último episodio de esta serie se escribió en el Mundial de Sudáfrica, cuando
los jugadores de la selección española recibieron una prima personal de 600.000
euros que decidieron declarar en Sudáfrica. Allí tributaban un 23% mientras en
el Estado era un 43%, lo que supuso para cada jugador un ahorro de 132.000
euros. De Liechtenstein a Suiza, del HSBC a LGT: 1.600 defraudadores
descubiertos Fraudes masivos que desaparecen rápidamente de los titulares,
estafas que nunca se sabe cómo acaban y que acaban a menudo en impunidad y
corrupción, y sobre las que se fuerza un rápido olvido.
.
Doble moral, doble economía y doble fiscalidad
y una única impunidad para las élites multirreincidentes. Liechtenstein y
Suiza, en 2009 y 2010, fueron los dos únicos claros paradigmáticos del cuarto
oscuro del fraude fiscal. Dos filtraciones –no una investigación oficial–
pusieron al descubierto a 1.600 defraudadores. Delincuencia de altos vuelos
fiscales y cuello blanco. Desde entonces, se ha blindado siempre su identidad y
se les ha ofrecido discrecionalmente la posibilidad de solucionarlo amistosamente
con una 'segunda oportunidad' (mediante declaraciones complementarias exentas
de sanción penal o administrativa). Y todavía hoy no está resuelto el enigma de
cómo ha acabado todo. Fortunas que han incurrido en delitos fiscales
millonarios y que, según los inspectores de Hacienda reunidos en Gestha, han
tenido un escandaloso "tratamiento privilegiado y condescendiente".
En el
caso suizo, que estalló en junio del año pasado, se descubrieron 3.000 cuentas
opacas propiedad de ciudadanos del Estado español, de depósitos en el HSBC por
un valor de 8.000 millones de euros y que afectaban directamente a 1.500
personas. Hacienda, sin embargo, se centró sólo en 659 casos. A la primera
carta que envió –una invitación a regularizar la situación sin costes penales–
no respondió ni uno sólo de los afectados. Sólo cuando se incoó expediente
sancionador, empezaron a llegar las respuestas. Hasta hoy, se han recuperado
220 millones de euros defraudados.
A pesar
del férreo silencio, fuentes cercanas a la investigación han aclarado que en el
listado "están todas las grandes fortunas que se puedan imaginar".
Hay numerosos políticos, empresarios y financieros implicados, entre ellos el
padre de Emilio Botín, presidente del Banco Santander. Y hasta han flotado
detalles de cómo se llegó a extender el pánico en el seno del establishment: un
empresario madrileño cerró su mansión y se marchó al extranjero, remitiendo a
Hacienda los billetes de vuelo como prueba de que ya no vivía en el Estado
español.
Sólo un
año antes, se habían descubierto 200 cuentas opacas de ciudadanos españoles en
el Liechtenstein Global Trust Group (LGT). Hacienda instó a regularizar la
situación a 67 de ellos, de los cuales sólo un 20% lo han hecho. Entre los
atrapados destacaban siete ciudadanos catalanes con depósitos no declarados en
el paraíso fiscal. Se trata de Josep Bas Puig, empresario catalán del sector
químico (fraude de 4,2 millones); Luis Garí Sentmenat, administrador de una
empresa náutica en Barcelona (fraude de 7,98 millones); el arquitecto
barcelonés Alfredo Arribas (fraude de 311.471 euros).
Enrique
Clapers Alegre, de la alta sociedad catalana (fraude de 296.905 euros); el
empresario del sector de la decoración Jaume Graells (fraude de 1,2 millones) o
el auditor vinculado al sector editorial Jorge Sierra Murtra (fraude de 313.442
euros). El séptimo de los catalanes pillados no es otro que Artur Mas Barnet,
padre del actual presidente de la Generalitat, Artur Mas, por un fraude de
823.262 euros. De la cuenta era beneficiario, en 2002, el mismo Artur Mas hijo,
entonces consejero de Economía y Finanzas de la Generalitat. En la misma
operación también resultarían expedientados el cantautor Alejandro Sanz,
paladín de la lucha contra la piratería informática, el industrial vasco
Alenadro Legarda (director de la todopoderosa CAF) o Carlos Meier (ex directivo
de Segundamano y fundador del Instituto de Empresa).
EL
DESPEÑADERO
DE LA IMPUNIDAD EFECTIVA
DE LA IMPUNIDAD EFECTIVA
Ambos
casos certifican, sin embargo, que en la lucha contra el fraude fiscal masivo y
continuo no hay instrumentos adecuados para erradicarlo. Los dos asuntos
demuestran claramente la debilidad y la falta de medios: el descubrimiento no
fue fruto de investigaciones propias sino de filtraciones, compraventas de
disquetes y casualidades.
En el
caso de las cuentas del LGT de Liechtenstein, el origen es la venta de los
datos de 5.828 evasores (con un patrimonio total de 5.000 millones de euros)
realizada por un ex trabajador de la entidad, Heinrich Kieber, a los servicios
secretos alemanes. Entre ellos, figuraban los 67 ciudadanos del Estado español
expedientados. Alemania facilitó sus datos. El caso suizo de HSBC es idéntico:
en aquel caso se trató de un ex trabajador que vendió los datos al Estado
francés, que los transmitió a la Hacienda española.
Una
dinámica similar se ha vivido en los casos más sonados de corrupción de los
Países Catalanes. En la trama Gürtel, el hecho de que toda la contabilidad
fullera estaba en un disco duro extraíble; en el caso del saqueo de Millet al
Palau de la Música, por una denuncia inicial hecha desde dentro. Y por último,
no hay que menospreciar que los expedientes finalmente incoados se caracterizan
después por largas dilaciones judiciales, eficazmente gestionadas por bufetes
de abogados de lujo.
La
última muestra fehaciente es el caso Hacienda, "ejemplo de codicia y
suciedad" según el fiscal anticorrupción Emilio Sánchez Ulled de una trama
que sobornaba a inspectores a cambio de liquidaciones favorables. El juicio
tardó 12 años en celebrarse y este verano se ha hecho pública la sentencia.
Doce procesados han
sido condenados a elevadas penas de prisión de entre 6 y 13 años, entre ellos
Josep Lluís Núñez, el abogado Juan José Folchi o el ex jefe de Inspección de
Hacienda en Cataluña en Cataluña Josep Maria Huguet. Sin embargo, todos los condenados
están en la calle.
Es el
punto sobre la i. De la i de impunidad teorizó Hannah Arendt en 'Los orígenes
del totalitarismo': desde la Edad Media, los códigos de conducta, castigo y
represión que se aplican al resto de la sociedad nunca afectan a los delitos de
las élites. protegidas siempre por un circuito de poder que conduce
indefectiblemente a su impunidad. En el siglo XXI, las puertas giratorias que
vinculan poder estatal y poder económico siguen bien abiertas y operativas. Y
mientras la crisis se ceba con la multitud de abajo, los pocos de arriba siguen
acumulando riqueza y evadiéndola. Delinquiendo por los ángulos ciegos del
capitalismo opaco.
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