Domingo
4 de marzo de 2012
LA
IZQUIERDA MARRÓN
Escribe
EDUARDO
GUDYNAS (*)
Fuente:”ADAINET
Publicó
“Rebelión”
3 de
marzo de 2012
..
(*)
EDUARDO GUDYNAS -Ecólogo social e investigador. Secretario ejecutivo del CLAES
(Centro Latino Americano de Ecología Social. Desde el CLAES viene observando
desde 30 años, el desarrollo de las industrias de hidrocarburos y la minería en
el continente. Con intensa actividad internacional Gudynas cuenta con obra
publicada en varios países. Sobre la minería en Uruguay cree que no solo hay un
peligroso impacto social y ambiental en la minería, sino también una concepción
de país que esta en una asignatura pendiente del país.
.
Fuente:
http://alainet.org/active/53106
Está
quedando en claro que para los gobiernos progresistas o de la nueva izquierda,
las cuestiones ambientales se han convertido en un flanco de serias
contradicciones. El decidido apoyo al extractivismo para alimentar el
crecimiento económico, está agravando los impactos ambientales, desencadena
serias protestas sociales, y perpetúa la subordinación de ser proveedores de
materias primas para la globalización. Se rompe el diálogo con el movimiento
verde, y se cae en una izquierda cada vez menos roja porque se vuelve marrón.
Una
rápida mirada a los países bajo gobiernos progresistas muestra que en todos
ellos hay conflictos ambientales en curso. Es impactante que esto no sea una
excepción, sino que se ha convertido en una regla en toda América del Sur. Por
ejemplo, en estos momentos hay protestas frente al extractivismo minero o
petrolero, no solo desde Argentina a Venezuela, sino que incluso en Guyana,
Surinam y Paraguay.
En
Argentina se registran conflictos ciudadanos frente a la minería en por lo
menos 12 provincias; en Ecuador, la protesta local ante la minería sigue
creciendo; y en Bolivia, poco tiempo atrás finalizó una marcha indígena en
defensa de un parque nacional y ya se anuncia una nueva movilización. En estos
mismos países, los gobiernos progresistas alientan el extractivismo, sea
amparando a las empresas que lo hacen (estatales, mixtas o privadas),
ofreciendo facilidades de inversión o reduciendo las exigencias ambientales.
Los impactos sociales, económicos y ambientales son minimizados. Los gobiernos
en unos casos enfrentan la protesta social, en otros la critican ácidamente, y
en un giro más reciente la criminalizan, y han llegado a reprimirlas.
La
contradicción entre un desarrollo extractivista y el bienestar social acaba de
alcanzar un clímax en Perú. Allí, el gobierno de Ollanta Humala decidió apoyar
al gran proyecto minero de Conga, en Cajamarca, a pesar de la generalizada
resistencia local y la evidencia de sus impactos. Esto generó una crisis en el
seno del gabinete, la salida de muchos militantes de izquierda del gobierno, y
una fractura en su base política de apoyo. El gobierno se alejó de la izquierda
al decidir asegurar las inversiones y el extractivismo.
Posiblemente
el caso más dramático está ocurriendo en Uruguay, donde en unos pocos meses, el
gobierno de José Mujica está decididamente volcado a cambiar la estructura
productiva del país, para volverlo en minero. Se propicia la megaminería de
hierro, a pesar de la protesta ciudadana, sus impactos ambientales y sus
dudosas ventajas económicas. Paralelamente, se acaba de aprobar un
controvertido puente en una zona ecológica destacada, cediendo a los pedidos de
inversiones inmobiliarios, y por si fuera poco, ahora amenaza con desmembrar el
Ministerio del Ambiente. El gobierno Mujica no está rompiendo promesas de
compromiso ambiental, ya que la coalición de izquierda es un caso atípico donde
en su programa de gobierno carece de una sección en esos temas, sino que deja
en claro que está dispuesto a sacrificar la Naturaleza para asegurar las
inversiones extranjeras.
Estos
son sólo algunos ejemplos de las actuales contradicciones de los gobiernos
progresistas. Estas resultan de estrategias de desarrollo de intensa
apropiación de recursos naturales, donde se apuesta a los altos precios de las
materias primas en los mercados globales. Su macroeconomía está enfocada en el
crecimiento económico, atracción de inversiones y promoción de exportaciones.
Se busca que el Estado capte parte de esa riqueza, para mantenerse a sí mismo,
y financiar programas de lucha contra la pobreza.
Bajo
ese estilo de desarrollo, la izquierda gobernante no sabe muy bien qué hacer
con los temas ambientales. En algunos discursos presidenciales se intercalan referencias
ecológicas, aparece en capítulos de ciertos planes de desarrollo, y hasta hay
invocaciones a la Pacha Mama. Pero si somos sinceros, deberá reconocerse que en
general las exigencias ambientales son percibidas como trabas a ese crecimiento
económico, y que por ellos se las considera un freno para la reproducción del
aparato estatal y la asistencia económica a los más necesitados. El progresismo
se siente más cómodo con medidas como las campañas para abandonar el plástico o
recambiar los focos de luz, pero se resiste a los controles ambientales sobre
inversores o exportadores.
Se
llega a una gestión ambiental estatal debilitada porque no puede hincarle el
diente a los temas más urticantes. Es que muchos compañeros de la vieja
izquierda que ahora están en el gobierno, en el fondo siguen soñando con las
clásicas ideas del desarrollismo material, y están convencidos que se deben
exprimir al máximo las riquezas ecológicas del continente. Los más veteranos, y
en especial los caudillos, sienten que el ambientalismo es un lujo que sólo se
pueden dar los más ricos, y por eso no es aplicable en América Latina hasta
tanto no se supere la pobreza. Tal vez algunos de esos líderes, como Lula o
Mujica, llegaron muy tarde a ocupar el gobierno, ya que esa perspectiva es
insostenible en pleno siglo XXI.
¿Estas
contradicciones significan que estos gobiernos se volvieron neoliberales? Por
cierto que no, y es equivocado caer en reduccionismos que llevan a calificarlos
de esa manera. Siguen siendo gobiernos de izquierda, ya que buscan recuperar el
papel del Estado, expresan un compromiso popular que esperan atender con
políticas públicas y generar cierto tipo de justicia social. Pero el problema
es que han aceptado un tipo de capitalismo de fuertes impactos ecológicos y sociales,
donde sólo son posibles algunos avances parciales. Más allá de las intenciones,
la insistencia en reducir la justicia social a pagar bonos asistencialistas
mensuales los ha sumido todavía más en la dependencia de exportar materias
primas. Es el sueño de un capitalismo benévolo.
Parecería
que el progresismo gobernante sólo puede ser extractivista, y que éste es el
medio privilegiado para sostener al propio Estado y enfrentar la crisis
financiera internacional. Se está perdiendo la capacidad para nuevas
transformaciones, y la obsesión en retener los gobiernos los hace temerosos y
esquivos ante la crítica. Esta es una izquierda al fin, pero de nuevo tipo,
menos roja y mucho más progresista, en el sentido de estar obsesionada con el
progreso económico.
Este
tipo de contradicciones explican el distanciamiento creciente con
ambientalistas y otros movimientos sociales, pero también alimentan la
generalización de una desilusión con la incapacidad del progresismo gobernante
en poder ir más allá de ese capitalismo benévolo. Muchos recuerdan que en un
pasado no muy distante, cuando varios de estos actores estaban en la oposición,
reclamaban por la protección de la Naturaleza, monitoreaba el desempeño de los
controles ambientales, y apostaban a superar la dependencia en exportar
materias primas. Esas viejas alianzas rojo–verde, entre la izquierda y el
ambientalismo, se han perdido en prácticamente todos los países.
Bajo
este contexto, el progresismo gobernante en América del Sur se está alejando de
la izquierda roja y al obsesionarse cada vez más con el progreso, se vuelve una
“izquierda marrón”. La “izquierda marrón” es la que defiende el extractivismo o
celebra los monocultivos. Frente a esa deriva, la tarea inmediata no está en la
renuncia, sino en proseguir las transformaciones para que la izquierda sea
tanto roja como verde.
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