GOBIERNO DE PERÚ JUSTIFICA
EL USO DE LA FUERZA
CONTRA ECOLOGISTAS
Fuente: AGENCIAS
3 de junio 2012
RT
El ministro de Justicia de Perú, Juan Jiménez, admitió el
uso de balas de goma en la dispersión de las protestas ambientalistas en la
región de Cusco.
Justificó la actitud policial por “el radicalismo y la ideologización de los manifestantes” a quienes tachó de ‘comunistas’ y ‘ultraizquierdistas’.
Justificó la actitud policial por “el radicalismo y la ideologización de los manifestantes” a quienes tachó de ‘comunistas’ y ‘ultraizquierdistas’.
“La Policía sí usa balas de goma para repeler la violencia y
esas son las instrucciones que tienen”, dijo el ministro.
Se refería en especial a los enfrentamientos registrados cerca de la mina de cobre Tintaya, propiedad de la empresa suiza Xstrata, ubicada en la provincia de Espinar.
Las autoridades nacionales declararon el estado de excepción por los disturbios que se produjeron a comienzos de la semana.
Se refería en especial a los enfrentamientos registrados cerca de la mina de cobre Tintaya, propiedad de la empresa suiza Xstrata, ubicada en la provincia de Espinar.
Las autoridades nacionales declararon el estado de excepción por los disturbios que se produjeron a comienzos de la semana.
Ollanta en campaña |
El ministro reconoció también la falta de velocidad del Estado para responder a los conflictos sociales, la mayoría de los cuales están vinculados con motivos ambientales.
En el caso de la protesta contra Xstrata, los vecinos de la
explotación temen que la extracción de rocas metálicas contamine de modo
irrecuperable las reservas de agua en la zona.
Los manifestantes pidieron que se evalúen íntegramente los futuros daños medioambientales y que la propietaria eleve del 3% al 30% el aporte voluntario a la comunidad.
Sus demandas, apoyadas por las autoridades locales, fueron rechazadas tanto por la compañía, como por el Gobierno de Perú.
Los manifestantes pidieron que se evalúen íntegramente los futuros daños medioambientales y que la propietaria eleve del 3% al 30% el aporte voluntario a la comunidad.
Sus demandas, apoyadas por las autoridades locales, fueron rechazadas tanto por la compañía, como por el Gobierno de Perú.
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