AVANCE SOJERO
Escribe
DARÍO
ARANDA (*)
Fuente:
“Página/12” Bs. As.
15 de
agosto de 2012
.
(*)DARIO ARANDA (Argentina) Periodista de ”Página/12” de
Buenos Aires. Militante y defensor y especializado en analisas de las causas de
los pueblos originarios y del medio ambiente..Escritor con varias obras
editadas en esas temáticas. Ha dicho que…”“La escuela actual te educa para los
agronegocios. Necesitamos otra educación, que enseñe que el campo es más que
soja…”
“El genocidio del general Roca continúa hoy en
Tucumán”, denunció la comunidad Indio Colalao, del norte provincial, que sufrió
dos represiones de la policía para ser desalojados del territorio que habitan
desde el 1600. También enfrentaron 25 pedidos de detención por no acatar el
desalojo y dos miembros de la comunidad estuvieron apresados durante doce días.
El motivo: 19 mil hectáreas que empresarios pretenden destinar a campos de
soja. “Jueces y políticos violan nuestros derechos y sólo benefician a los que
tienen dinero”, acusó Cynthia Ovejero, vocera de la comunidad.
La
comunidad Indio Colalao vive en Riarte, norte de Tucumán, casi al límite con
Salta. La historia de la comunidad incluso da nombre a la localidad (Martín
Riarte, comunero diaguita del siglo XVII, es ancestro de la actual comunidad
Colalao y de él proviene el nombre del lugar).
Desde
la década del ’90 mantienen conflictos con privados que pretenden 19 mil
hectáreas para agricultura. Enfrentaron desde amenazas y matanza de animales
hasta contaminación de pozos de agua e intentos de desalojos. En 2005, el
Estado provincial cerró la escuela primaria 31. Los chicos de la comunidad
tienen que caminar todos los días catorce kilómetros para asistir a clase en
Salta (deben atravesar el río Anta). La comunidad identifica este hecho como
otra acción para que las familias abandonen la tierra.
La ley
26.160, sancionada en 2006, insta a realizar el relevamiento catastral de los
territorios indígenas y suspende los desalojos. En 2010 comenzó el relevamiento
en Riarte y la comunidad sindica ese hecho como el motivo que aceleró el
proceso represivo.
En
septiembre de 2010, el empresario Freddy Moreno Núñez Vela cerró el único
camino vecinal que permitía el ingreso de vehículos. A inicios de junio pasado
fue desalojado el comunero Elías Apaza, de 90 años y no vidente. La comunidad
exigió explicación al Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) y al
gobierno provincial, pero no obtuvo respuesta.
El 23 de junio, la policía provincial allanó la comunidad indígena por orden de la jueza Ema de Nucci y a pedido del fiscal Guillermo Herrera. Acusaron a una decena de comuneros por “usurpación” y robo al terrateniente. El 4 de julio –otra vez por pedido del fiscal Herrera y por orden del juez Juan Francisco Pisa– llegaron a la comunidad tres colectivos y 20 camionetas con policías (unos 300 efectivos) para realizar la “restitución provisoria” (según consta en el acta de desalojo) de la tierra al empresario. Luego de las 15 comenzaron la represión y el desalojo. Hubo balas de goma, corridas y palazos policiales.
El 23 de junio, la policía provincial allanó la comunidad indígena por orden de la jueza Ema de Nucci y a pedido del fiscal Guillermo Herrera. Acusaron a una decena de comuneros por “usurpación” y robo al terrateniente. El 4 de julio –otra vez por pedido del fiscal Herrera y por orden del juez Juan Francisco Pisa– llegaron a la comunidad tres colectivos y 20 camionetas con policías (unos 300 efectivos) para realizar la “restitución provisoria” (según consta en el acta de desalojo) de la tierra al empresario. Luego de las 15 comenzaron la represión y el desalojo. Hubo balas de goma, corridas y palazos policiales.
La
cacique María Lilia Delgado acusó a los privados Moreno Núñez Vela (titular de
la firma agropecuaria Zanja Honda) y a Jorge Posee (de la empresa Agro Avance).
El 25 de julio, el fiscal Guillermo Herrera solicitó la detención de 25
integrantes de la comunidad. El juez Pisa apoyó el pedido del fiscal. La
acusación: “Tentativa de homicidio, lesiones, robo, amenazas y otros”. Dos días
después detuvieron a Alberto Mercado y Manuel Pastrana. Estuvieron en prisión
durante doce días.
La ONG
Abogados del Noroeste Argentino en Derechos Humanos denunció la
“criminalización de la lucha indígena en Tucumán”. Cuestionó al fiscal Herrera
y a los jueces Nucci y Pisa. “La bochornosa actuación de la Justicia tucumana
sigue dando muestras de cuán vulnerables pueden ser los principios del debido
proceso”, explicó la directora, Josefina Doz Costa.
El autor en un acto de la comunidad indígena |
La
comunidad indígena de Colalao alertó que los pueblos originarios de Tucumán
están padeciendo una “cacería que recuerda el genocidio de Julio Argentino Roca
en la Campaña del Desierto”. La vocera Cynthia Ovejer adelantó qué hará la
comunidad: “Seguiremos peleando por nuestros territorios”.
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