Escribe
EDUARDO GUDYNAS (*)
Fuente “Observatorio Minero”
15 de febrero 2014
(*)EDUARDO
GUDYNAS (Uruguay, 1960). Ecólogo Social. Formado en Facultad San Buenaventura
de Roma, con una tesis sobre el movimiento ambientalistas en América
Latina. Secretario Ejecutivo del Centro
Latino Americano de Ecología Social (CLAES) profesor visitante en cursos de
varias universidades. Entre ellas la Universidad San Andrés, La Paz (Bolivia),
Universidad Nacional F. Villarreal, Lima (Perú), Universidades de Buenos Aires
(Argentina), Santiago (Chile), la Universidad de Campinas (Brasil), Quito
(Ecuador). Georgia,
Athens el College of the Atlantic y el College of the Atlantic (EE.UU.),
Wirtschafts universität Wien (Austria)etc. Periodista y escritor.
El
extractivismo minero no sólo tiene impactos locales; afecta la marcha de todo
un país, a juzgar por las naciones vecinas. Algunos de los primeros síntomas
parecen asomar en Uruguay. Aratirí se ha enfocado en impactos que generará a
nivel local, y
en sus beneficios económicos. Observando países vecinos se
observarán efectos que cubren varias dimensiones. que podríamos llamar de
“derrame”, ya que alteran formas en que se desenvuelve la política, el papel
del Estado, la dinámica económica o la planificación territorial. Los medios
de prensa, salvo excepciones, no han ayudado a explorar esas particularidades.
Las tertulias no lo han discutido, y los analistas económicos se los han
salteado. Pero es lo que ha sucedido en otros países obliga a mirar con más
atención, al menos algunos de esos derrames. El extractivismo minero afecta la
marcha de todo un país, su economía y política.Las consecuencias económicas de
la megaminería están repletas de incertidumbres. El
gobierno repetidamente dice
que será muy exitosa, pero casi nadie investiga el origen de sus números. Todo
es más incierto dado que los dichos sobre las ganancias para el país cambian
con el paso de los meses. Los extractivismos están rodeados de los llamados
“subsidios perversos”. Son las ayudas que otorga el Estado para retener al
inversor (por ejemplo, energía eléctrica subsidiada, agua gratis, infraestructura,
exoneraciones tributarias, etc.). Son calificados como “perversos” en tanto
implican deformaciones dentro del mercado y alientan impactos sociales y
ambientales, que ese mismo Estado tendrá que atender económicamente (por
ejemplo, tolera la contaminación, pero en el futuro, el gobierno o el
municipio, lidiará
con ese costo). Incluso el Estado cambia bajo los
extractivismos. En los países vecinos se ha visto que el Estado a veces se
comporta más como “socio” de actores empresariales, autolimitándose en la
independencia que vela por el bien común. Las empresas mineras o petroleras
aparecen poco en público, y es el gobierno el que activamente las defiende. Se
llega a extremos de contratos de estabilidad tributaria, sean públicos o
secretos (repetidamente usados en Perú por Alan García, por ejemplo). Este
síntoma es más que evidente en Uruguay, donde el proyecto Aratirí es
sucesivamente defendido por el presidente y su equipo de secretarios, luego por
ministros (especialmente el de Industrias, y ahora con el apoyo del de
Ganadería), y más tarde por algunos legisladores. Como el extractivismo es
apenas defendible en términos de rentabilidad, sin contabilizar los costos
sociales y ambientales, no es fácil encontrar otros argumentos de peso para
defenderlos. Ante esa carencia, en los países vecinos, los gobiernos caen en
deformaciones, ocultamientos, exageraciones, etc.
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