PROTESTAS ANTIDEMOCRÁTICAS
Y SEDICIÓN GOLPISTA
MARCOS ROITMAN ROSENMANN (*)
Fuente “La Jornada” de México,
Sábado 8 de marzo 2014.
(*) MARCOS ROITMAN ROSENMANN, Nacido en
Santiago Chile en 1955, nacionalizado español. Doctor en Ciencias Políticas y
Sociología por la Universidad Complutense de
Madrid, donde es Profesor Titular de Estructura social de América latina. Periodista. Sociólogo, analista político y
ensayista. Columnista en “La Jornada” de México entre varios otros medios
progresistas del continente.
Las movilizaciones convocadas por un sector de
la oposición venezolana obligan a plantearse hasta qué punto las protestas de
estudiantes, empresarios, comerciantes, y aliados, encabezadas por Leopoldo
López, responden a un ejercicio democrático o, por el contrario, son parte de
un proceso desestabilizador perfectamente urdido. Uno de los argumentos
recurrentes para atacar al gobierno legítimo de Nicolás Maduro es la violencia
policial, con la cual se reprime a los ciudadanos que, ejerciendo sus derechos
constitucionales, reivindican la libertad para un país, subrayan,
secuestrado
por fuerzas extranjerizantes al servicio de Cuba, mismas que han suprimido la
democracia instaurando un régimen totalitario.Inclusive, la ONU solicita
investigar los abusos denunciados. Pero estos argumentos no aportan novedad. La
burguesía latinoamericana y sus partidos políticos siempre acusaron a la
izquierda de copar espacios para destruir el poder constituido. Durante la
guerra fría la categoría "enemigo interno" fue el pretexto para
etiquetar a marxistas, socialistas y comunistas de infiltrados. Hoy, eso sirve
a la oposición venezolana para generar rechazo a los cooperantes o residentes
cubanos, asaltar su embajada y apostillar que Venezuela está siendo gobernada desde
el exterior por la mano de los "hermanos Castro". Durante el siglo XX
muchos países de América Latina ilegalizaron a los partidos de la izquierda
marxista acusándolos de elaborar planes para infiltrarse en las instituciones .
Así cobran vida las leyes de defensa de la democracia, conocidas como leyes
malditas. En América Latina se aplicaron sin rubor. Su objetivo: socavar el
desarrollo de una opción popular, anticapitalista y
alternativa política a los
gobiernos de las burguesías dependientes política, militar, cultural y
económicamente de Estados Unidos. La derecha optó por una guerra global en
todos los frentes. Las fuerzas armadas cobraron protagonismo. Se recurrió a la
técnica del golpe de Estado fincado en la doctrina de la seguridad nacional.
Los cielos se oscurecieron en muchos países latinoamericanos. Hoy, Venezuela es
una de las democracias más consolidadas de la región. Su Constitución se
encuentra entre las más avanzadas del mundo, por la multitud de derechos que
reconoce. Tiene la extraña virtud de no ser papel mojado. Sus elecciones son
ejemplo de transparencia, gozando de reconocimiento internacional, donde no
cabe la opción del fraude para alterar la voluntad general. Sirva como dato que
la oposición, en su proceso de primarias, pidió la supervisión del CEN como
garantía contra el pucherazo. Proceso en el que fue elegido Henrique Capriles.
Igualmente, el ejercicio de las libertades civiles públicas, como los derechos
de expresión, reunión y asociación, tienen un solo coto: el respeto al orden
constitucional, pudiéndose convocar a manifestaciones solicitando la
destitución del presidente o cargos públicos al estar reconocido en la Carta
Magna, vigente desde 1999.
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