“ESTA REGIÓN SIGUE SIENDO LA MÁS DESIGUAL DEL
MUNDO.
82 MILLONES SOBREVIVEN CON MENOS DE U$ 2.50 POR DÍA.
564 NIÑOS
MENORES DE 5 AÑOS MUEREN
CADA DÍA POR CAUSAS EVITABLES"
Bernt Aasen-
UNICEF
Escribe
FREI BETTO (*)
Fuente ALAI Revista América Latina,
No.500 de diciembre de 2014.
Publica “ARGENPRESS,Info”
19 de diciembre 2014
(*)Carlos
Alberto Libânio Christo (FREI BETTO –1944) Fraile dominico brasileño, teólogo
de la liberación. Es autor de más de 50 libros y de más de 20 Premios a su
obra. En 1966, en dictadura fue encarcelado y torturado. En 1966 paso 4 años en
la cárcel militar. En los años ’80 empezó a asesorar a algunos «países
socialistas» sobre las relaciones Iglesia-Estado. Viajó a Cuba, Checoslovaquia,
China, la Unión Soviética, Nicaragua y Polonia
Predominan
en América Latina, hoy, a mediados de la segunda década de este siglo XXI, los
gobiernos democráticos populares. La mayoría fue electa por fuerzas de
izquierda. De los jefes de Estado, cinco actuaron como guerrilleros
bajo
dictaduras: Dilma Rousseff, de Brasil; Raúl Castro, de Cuba; José Mujica, de
Uruguay; Daniel Ortega, de Nicaragua; y Salvador Sánchez, de El Salvador. Ahora,
ser de izquierda no es una mera adhesión a Marx,
Lenin o Trotsky. Es una opción ética, con fundamento racional. Los llamados gobiernos democrático-populares
reflejan varias concepciones, y persiguen, en teoría, proyectos de sociedades
alternativas al capitalismo. Han provocado, de hecho, importantes cambios para
mejorar la calidad de vida de amplios sectores sociales. El 54% de la población latinoamericana vive en
países regidos por gobiernos progresistas. Es un hecho inédito en la historia
del continente. El otro 46%, unos 259 millones de personas,
vive bajo gobiernos
de derecha aliados a Estados Unidos e indiferentes a la agudización de la
desigualdad social y la violencia. Sin embargo, nuestra región sigue siendo la
más desigual del mundo. Otra forma de imperialismo prevalece en América Latina:
la dominación del capital financiero, centrado en la reproducción y concentración
del gran capital, que se basa en el poder de sus países de origen para
promover, desde los países de acogida, la exportación de capitales, bienes y
tecnologías, y apropiarse de las riquezas naturales y el valor agregado. La
fuerzade penetración y obtención de ganancias del gran capital no se redujo
con los gobiernos progresistas, a pesar de las medidas regulatorias y cobro de
impuestos adoptados en algunos de esos países. Si, de un lado, se avanza en la
implementación de políticas públicas favorables a los más pobres, por otro, no
se reduce el poder de expansión del gran capital. Las fuerzas de izquierda de
América Latina siguen centrando su atención en la ocupación del aparato del
Estado. Luchan para que los sectores marginados y excluidos se incorporen a los
marcos regulatorios de la ciudadanía (indígenas, sin tierra, sin techo,
mujeres, recolectores de materiales reciclables, etc.). Los gobiernos y
movimientos sociales se unen, especialmente durante los períodos electorales,
para frenar las violentas reacciones de la clase dominante alejada del aparato
estatal. Sin embargo, es esta clase dominante la que mantiene el poder
económico. Y por más que los inquilinos del poder político implementen medidas
favorables para los más pobres, hay un escollo insalvable
en el camino: todo
modelo económico requiere de un modelo político coincidente con sus intereses.
La autonomía de la esfera política en relación con la económica es siempre
limitada. Esta limitación impone a los gobiernos democrático-populares un arco
de alianzas políticas, a menudo espurias, y con los sectores que, dentro del
país, representan al gran capital nacional e internacional, lo que erosiona los
principios y objetivos de las fuerzas de izquierda en el poder. Y lo que es más
grave: esa izquierda no logra reducir la hegemonía ideológica de la derecha,
que ejerce un amplio control sobre los medios de comunicación y el sistema
simbólico de la cultura dominante. El modelo económico imperante, gestionado
por el gran capital y adoptado por los gobiernos progresistas, se orienta a
aprovechar las ventajas de la "globalización" para exportar
commodities y recursos naturales con el fin de recaudar dinero para financiar,
a través de políticas públicas, el consumo de los sectores excluidos por la
deuda social.
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