ISDS, CUANDO EL ÁRBITRO ES JUEZ Y PARTE

LAS “INVERSIONES” EXTRANJERAS INCLUYEN 

UN MECANISMO QUE PERMITE A LAS MULTINACIONALES 

DENUNCIAR A LOS ESTADOS SI SUS LEYES LES PERJUDICAN

Escribe

GLADYS MARTÍNEZ LÓPEZ

– Periodista, investigadora Free Lance. 

Integra Equipo Redactor de “Semanario Diagonal” (*) https://www.diagonalperiodico.net/ 

3 de enero 2015

(*) DIAGONAL comienza a gestarse a mediados de 2003 por parte de algunas personas que editaban el periódico mensual MOLOTOV, una publicación que nació como fanzine universitario en Madrid en 1986. Tras un largo periodo de reflexión, se decidió poner fin al tabloide mensual y poner en marcha un medio mucho más potente y abierto. El grupo promotor de DIAGONAL, está formado por unas 30 personas. El  periódico ve la luz el 3 de marzo de 2005

Imagínense una competición deportiva en la que sólo el equipo A tiene derecho a atacar, mientras que el equipo B únicamente se puede defender. En el mejor de los casos, el equipo B no perderá el partido, después de haber invertido tiempo y esfuerzo en frenar la ofensiva, pero nunca podrá contraatacar, y mucho menos

ganar. Algo parecido, con consecuencias mucho más graves para las poblaciones, ocurre con el ISDS (solución de controversias inversor-Estado), un mecanismo de arbitraje presente en los tratados bilaterales de inversión (TBI) y en muchos tratados de libre comercio (TLC) que permite a los inversores extranjeros denunciar a un Estado ante un tribunal de arbitraje privado cuando sientan que algunos de sus “derechos” han sido vulnerados, por ejemplo, por el cambio de una legislación que afecte a sus beneficios presentes o futuros. Desde que en 1959 Alemania firmara el primer TBI con Pakistán, éstos se han ido multiplicando,

principalmente a partir de los años 90, al calor de la expansión de las políticas neoliberales, hasta alcanzar los 2.811 actuales.   Si en 1997 había 19 casos conocidos de denuncias, hoy se acercan a las 600. Pero pueden ser muchos más, ya que el sistema de arbitraje se hace a puerta cerrada y, como explica Luis Rico, coordinador del Proyecto de Tratados e Inversiones de Ecologistas en Acción, “si una de las dos partes pide que no haya comunicación, no la habrá. Se trata de un proceso poco transparente y sin control ciudadano”. Además, es un mecanismo unidireccional: sólo la empresa extranjera puede denunciar al Estado ante estos tribunales, y no al contrario, aunque estas corporaciones hayan violado derechos humanos o legislación ambiental o laboral. En los últimos años, muchos han sido los Estados que se han visto obligados a desembolsar

sumas ­ingentes de dinero público a multinacionales que los denunciaron amparándose en el ISDS. Como Ecuador, que pagó en 2012 la mayor cantidad hasta el momento, 2.300 millones de dólares, a Occidental, una compañía petrolera estadounidense, después de que el tribunal de arbitraje decidiera que poner fin al contrato de esta petrolera equivalía a una expropiación a pesar de que la empresa hubiera violado el contrato. O Eslovaquia, que se vio obligada a pagar a la empresa aseguradora holandesa Achmea 29,5 millones de euros, el equivalente a todo su presupuesto en Sanidad, cuando el nuevo gobierno electo decidió revertir el proceso de privatización del sistema sanitario. Mientras tanto, Egipto espera el resultado arbitral después de que la empresa Veolia denunciara en 2013 al Estado por sentirse perjudicada por el aumento del salario mínimo.   

(…leer el informe completo)

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