lunes, 27 de abril de 2015

URUGUAY: TISA EN LA MIRA DE LA JUSTICIA

SE INTIMO AL MINISTERIO DE RELACIONES,
A QUE EN UN PLAZO DE DIEZ DÍAS INFORME  
DE ACCIONES REALIZADAS RESPECTO AL TISA

Escribe 
ANTONIO ELÍAS (*)
Fuente “Rebelión”
24 de Abril 2015

(*) ANTONIO ELÍAS. Economista. Máster en Economía. Escritor. Profesor de Economía Pública y Economía Institucional. Periodista e investigador. Analista (Red Voltaire-Internacional)  Integrante de la Red de Economistas de Izquierda de Uruguay (Rediu) la que fue fundada y está constituida por universitarios que trabajan en el área de la economía. Propone  reflexión sobre  características de este período desde el punto de vista económico-social. Tambien forma parte de la Sociedad Latinoamericana de Economía.

En los análisis que hemos realizado hasta el momento sobre el TISA el hincapié fundamental estuvo en las características del acuerdo, los procedimientos utilizados por el gobierno y los impactos económicos.
Fiscal Enrique Viana
En esta nota se fundamentan las graves implicancias de este acuerdo sobre la democracia y la soberanía nacional desde un punto de vista jurídico.  En efecto, el 13 de abril el Ministerio Público, a través del Fiscal Enrique Viana pidió el diligenciamiento de una medida preparatoria, previa a deducir eventual demanda en defensa de la Soberanía Nacional y la República contra el Ministerio de Relaciones Exteriores por su participación en las negociaciones del Trade in Services Agreement (TISA). Dice el fiscal que en dicho acuerdo participan una pluralidad de Estados en equívoca conjunción con poderosos intereses económicos y
financieros de grandes corporaciones privadas fuera de la potestad de las naciones. La negociación de este acuerdo se realiza en forma secreta lo que la vuelve “en primer lugar, antidemocrática y que consentir la confidencialidad de la negociación de un Acuerdo como el TISA, es reconocer de antemano su antijuridicidad, por aquello que solo se oculta lo que avergüenza o

lo que daña a otros”. En cuanto al contenido del acuerdo, destaca que las cláusulas de blindaje, de estabilidad, de seguridad jurídica o de congelamiento del Derecho y también las cláusulas de prórroga de jurisdicción “entrañaría para la República Oriental del Uruguay múltiples condicionamientos de la voluntad de sus Tres Poderes…significaría permitir el atentado contra la Soberanía Nacional y la República y con más la violación del axioma de igualdad ante la ley.
”Destaca el Fiscal en su escrito: “que la Soberanía Nacional y la República no consisten en que los servicios de ANCAP, UTE u OSE sigan siendo estatales. Mucho antes que eso, que un Estado-Nación sea tal, soberano y republicano, presupone que ese Estado siempre pueda decidir libremente sobre su destino, sin ataduras o condicionamientos ajenos. Todo lo contrario a ello es que, con el propósito que sea, un Estado
anticipadamente entregue las decisiones cruciales de sus Tres Poderes a un poder privado extranjero y anacional. Eso ocurre con Acuerdos como el del TISA”.  Este pedido del fiscal fue respondido favorablemente el 17 de abril por la jueza Mónica Besio, la cual intimó al Ministerio de Relaciones Exteriores a que éste brinde un informe sobre los detalles de las negociaciones del gobierno para sumarse al Acuerdo de Comercio de Servicios (Trade in Services Agreement, TISA), quién tendrá diez días para pronunciarse. Luego de cubierta esta instancia judicial quizás se sabrán cuáles son los compromisos que implicó para
el Estado uruguayo el ingreso a las negociaciones del TISA, en particular: a) si no se ha tomado ninguna medida irreversible y el país podrá retirarse inmediatamente de estas negociaciones sin ningún costo; b) sí, por el contrario, existen condicionamientos y disposiciones que inhiben la libre salida de esta negociación. Es posible, también, que el Poder Ejecutivo declare
reservada determinada información, lo que ya ha ocurrido en otras oportunidades, aplicando un criterio restrictivo contrario al principio general que es el acceso a toda la información que se encuentre en poder de una entidad pública. Sí este fuera el caso se confirmaría el ocultamiento y el secretismo denunciado. Ningún gobernante debería olvidar que la transparencia es inherente a la democracia e implica el derecho a saber, el derecho a controlar y el derecho a ser sujeto - no simple espectador - en la vida pública.   



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