SE INTIMO AL
MINISTERIO DE RELACIONES,
A QUE EN UN PLAZO DE DIEZ DÍAS INFORME
DE ACCIONES REALIZADAS RESPECTO AL TISA
Escribe
ANTONIO ELÍAS (*)
Fuente
“Rebelión”
24 de Abril 2015
(*) ANTONIO ELÍAS. Economista.
Máster en Economía. Escritor. Profesor de Economía Pública y Economía
Institucional. Periodista e investigador. Analista (Red
Voltaire-Internacional) Integrante de la
Red de Economistas de Izquierda de Uruguay (Rediu) la que fue fundada y está
constituida por universitarios que trabajan en el área de la economía.
Propone reflexión sobre características de este período desde el
punto de vista económico-social. Tambien forma parte de la Sociedad Latinoamericana
de Economía.
En los análisis que hemos
realizado hasta el momento sobre el TISA el hincapié fundamental estuvo en las
características del acuerdo, los procedimientos utilizados por el gobierno y
los impactos económicos.
En esta nota se fundamentan las graves implicancias de
este acuerdo sobre la democracia y la soberanía nacional desde un punto de
vista jurídico. En efecto, el 13 de
abril el Ministerio Público, a través del Fiscal Enrique Viana pidió el
diligenciamiento de una medida preparatoria, previa a deducir eventual demanda
en defensa de la Soberanía Nacional y la República contra el Ministerio de
Relaciones Exteriores por su participación en las negociaciones del Trade in
Services Agreement (TISA). Dice el fiscal que en dicho acuerdo participan una
pluralidad de Estados en equívoca conjunción con poderosos intereses económicos
y
 |
| Fiscal Enrique Viana |
financieros de grandes corporaciones privadas fuera de la potestad de las
naciones. La negociación de este acuerdo se realiza en forma secreta lo que la
vuelve “en primer lugar, antidemocrática y que consentir la confidencialidad de
la negociación de un Acuerdo como el TISA, es reconocer de antemano su
antijuridicidad, por aquello que solo se oculta lo que avergüenza o
lo que daña
a otros”. En cuanto al contenido del acuerdo, destaca que las cláusulas de
blindaje, de estabilidad, de seguridad jurídica o de congelamiento del Derecho
y también las cláusulas de prórroga de jurisdicción “entrañaría para la
República Oriental del Uruguay múltiples condicionamientos de la voluntad de
sus Tres Poderes…significaría permitir el atentado contra la Soberanía Nacional
y la República y con más la violación del axioma de igualdad ante la ley.
”Destaca
el Fiscal en su escrito: “que la Soberanía Nacional y la República no consisten
en que los servicios de ANCAP, UTE u OSE sigan siendo estatales. Mucho antes
que eso, que un Estado-Nación sea tal, soberano y republicano, presupone que
ese Estado siempre pueda decidir libremente sobre su destino, sin ataduras o
condicionamientos ajenos. Todo lo contrario a ello es que, con el propósito que
sea, un Estado
anticipadamente entregue las decisiones cruciales de sus Tres
Poderes a un poder privado extranjero y anacional. Eso ocurre con Acuerdos como
el del TISA”. Este pedido del fiscal fue
respondido favorablemente el 17 de abril por la jueza Mónica Besio, la cual
intimó al Ministerio de Relaciones Exteriores a que éste brinde un informe
sobre los detalles de las negociaciones del gobierno para sumarse al Acuerdo de
Comercio de Servicios (Trade in Services Agreement, TISA), quién tendrá diez
días para pronunciarse. Luego de cubierta esta instancia judicial quizás se
sabrán cuáles son los compromisos que implicó para
el Estado uruguayo el
ingreso a las negociaciones del TISA, en particular: a) si no se ha tomado
ninguna medida irreversible y el país podrá retirarse inmediatamente de estas
negociaciones sin ningún costo; b) sí, por el contrario, existen
condicionamientos y disposiciones que inhiben la libre salida de esta
negociación. Es posible, también, que el Poder Ejecutivo declare
reservada
determinada información, lo que ya ha ocurrido en otras oportunidades,
aplicando un criterio restrictivo contrario al principio general que es el
acceso a toda la información que se encuentre en poder de una entidad pública.
Sí este fuera el caso se confirmaría el ocultamiento y el secretismo
denunciado. Ningún gobernante debería olvidar que la transparencia es inherente
a la democracia e implica el derecho a saber, el derecho a controlar y el
derecho a ser sujeto - no simple espectador - en la vida pública.
No hay comentarios:
Publicar un comentario