EXTRACTIVISMO CRIMINALIZA PROTESTA EN AMÉRICA LATINA

ESTA  MALDICIÓN DE LA ABUNDANCIA ES EL EXTRACTIVISMO.

IMPOSICIÓN DE PROYECTOS  EN TODO NUESTRO CONTINENTE,

EN UNA CRECIENTE CANTIDAD DE CONFLICTOS Y SAQUEOS…

Escribe 

CÉSAR PADILLA (*) 

Integra OCMAL 

Fuente: “Biodiversidad” 

 http://www.biodiversidadla.org/  

22 julio 2015

 (*) CESAR PADILLA - OCMAL(Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina) se crea en marzo del año 2007  en Oruro, Bolivia. Para establecer estrategias de resistencia y alternativas a la minería en América Latina. Principal objetivo  es defensa de  comunidades que, ejerciendo sus actividades  en agricultura, ganadería, silvicultura, pesca, turismo, vivienda y cultura, son afectadas por los impactos de la minería. Se integra con organizaciones que han conformado la actual red latinoamericana, para enfrentar los impactos depredadores de la minería (ver nuestro Portal).

No es novedad que  en América Latina se ha impuesto un modelo de extracción y exportación, cada vez más profundo. Por ser destino de inversiones mineras, petroleras, forestales o pesqueras está en todos

los países de la región. El extractivismo recibe cada vez más críticas   de las sociedades,  incluida la academia y los movimientos sociales. Se explica que el extractivismo no   sacará a los países de la pobreza y la dependencia. 
Los mantendrá en esa condición, que conocemos como “la maldición de la abundancia” .Nada tiene que ver esta maldición con “vivir sentados en un saco de oro” siendo pobres. Lo que reina en los programas económicos de los gobiernos latinoamericanos es profundizar el extractivismo para lograr más crecimiento o para pagar deudas sociales a través de bonos de diversa índole. Esto último es  una forma

de mantener  en los gobiernos a sectores progresistas, que mediante la bonocracia han capturado la votación mayoritaria, para hacerse del poder ejecutivo. 
Incluso en ocasiones, ha generado conflicto con los movimientos sociales, como es el caso del gobierno de Correa en Ecuador, quienes les llevaron inicialmente a gobernar. La imposición de proyectos mineros  ha redundado en una cantidad de conflictos con comunidades locales.  Hoy en América Latina no se conciben nuevos proyectos mineros sin conflictos socioambientales y resistencia comunitaria. Se

dice que el sector minero afronta tres enfermedades principales: la dificultad de encontrar nuevos yacimientos, el aumento de los costos de producción y la creciente falta de licencia social y rechazo comunitario.  El fracaso de esas estrategias llevó finalmente a empresas y gobiernos a imponer proyectos enfrentando la oposición social mediante la criminalización de la protesta. 
Son en la actualidad

constantes las denuncias de liderazgos antimineros con o sin fundamento, como fue el caso de Javier Ramírez, Dirigente antiminero de la comunidad de Intag, al norte de Quito en Ecuador. Luego de ser apresado injustamente, la comunidad fue militarizada, infundiendo mediante las armas el miedo.   
La  militarización no sólo es parte de las políticas de gobiernos progresistas sino también a países que se han transformado en modelos mineros como el caso de Chile. Aquí, un

contingente policial ha mantenido virtualmente secuestrada a la comunidad de Caimanes, al este del puerto de Los Vilos, mientras ésta se movilizaba y tomaba los caminos de acceso a las instalaciones de minera Pelambres de Antofagasta Minerals, nada más que para exigir un fallo judicial que determinaba la restitución de las aguas intervenidas por la minera para la construcción y operación de un traque de relaves. En el

último período del conflicto, el pueblo de Caimanes se ha mantenido movilizado por más de tres  meses exigiendo lo que el máximo tribunal les otorgó y que la empresa se niega a dar cumplimiento. 
La fuerza pública ha militarizado la zona desplazando a fuerzas especiales para impedir que la comunidad, mediante la presión social, obtenga finalmente su derecho consagrado por el fallo judicial de última instancia. Tristemente célebre es también el caso de Máxima Acuña en la localidad de Celendín, Cajamarca Perú, donde la minera Yanacocha, conocida mundialmente

por su atropello a los derechos humanos y el uso de la fuerza con su grupo de guardias privados “Forza”, ha logrado burlar fallos judiciales que han sido otorgados en reiteradas oportunidades a la familia de Máxima respecto de la propiedad de sus tierras. 
A pesar de haberse reconocido a esta familia derechos sobre terrenos reclamados por Yanacocha para desarrollar su proyecto Conga, siguen los acosos y

atropellos como si la voz de la justicia se la llevase el viento. Máxima fue criminalizada por la fiscalía, a solicitud de Yanacocha (popiedad de las empresas Newmont Mining Corporation, el grupo nacional peruano Cía. Nacional Buenaventura y International Finance Corporation IFC), y condenada en primera instancia a cárcel y pago de una indemnización a la minera. 
Luego, en apelación fue absuelta de todo cargo, reconociendo los derechos sobre sus tierras. Al parecer en

Perú, esto no es suficiente y como la tendencia lo ha marcado, la criminalización es uno de los últimos recursos utilizados una vez que han fallado las otras estrategias de disuasión y convencimiento. En los casos mencionados y muchos otros, la criminalización mediante judicialización ha sido una práctica permanente en países como Perú y Ecuador. 
En Perú, la mayoría de

los casos de criminalización son sobreseídos en instancias superiores, lo que denota una complicidad entre gobiernos, empresas y parte de jueces locales, en casos que jurídicamente no se sostienen. En Ecuador por el contrario, la dependencia política y el temor infundido a la justicia por parte del gobierno central ha logrado que se encarcelen a dirigentes injustamente y que zonas sean militarizadas para imponer proyectos extractivos.  

(…nota completa en “BIODIVERSIDAD”)