LO QUE OCURRE CON CIERTAS DEFINICIONES
(CASO ABRAHAM
LINCOLN ) ES QUE FLOTAN EN EL AIRE
SI NO SE CONSIDERA AL ESTADO COMO PORTADOR
DEL INTERÉS DE LAS CLASES SOCIALES DOMINANTES.
Escribe
ÁNGEL GUERRA CABRERA (*)
columnista en “La Jornada” de
Mexico
– 27 de Noviembre 2014
(*) ANGEL GUERRA CABRERA -Periodista cubano residente en
México y columnista del diario La Jornada y en CubaDebate, entre otros medios
del continente. Latinoamericanista y analista internacional,
graduado de periodismo en la Universidad de La Habana. Invitado frecuente en
teleSUR. Participó en la lucha contra la dictadura de
Batista y después del triunfo de la revolución cubana ocupó diversas funciones
en las Milicias Nacionales.
Max Weber afirmó que el Estado ejerce el monopolio de la
violencia por definición. Pero añadía que esa facultad debe cumplirse a través
de un proceso de legitimación, que en el caso de las monarquías absolutas es
aceptada por los
subordinados como derecho divino; pero también puede provenir
de un liderazgo carismático (los subordinados aceptan el poder basándose en la
santidad, heroísmo o ejemplaridad de quien lo ejerce) o de una legitimidad
racional (los subordinados aceptan el poder de acuerdo con motivaciones
objetivas e impersonales) que deviene en sinónimo de legalidad. De una manera
sencilla y más de un siglo antes, el lúcido Rousseau establece que la
legitimidad la otorga la voluntad general de los sometidos al poder. Versión
que se aviene con el concepto moderno de democracia como gobierno del pueblo,
por el pueblo y para el pueblo, feliz definición de Abraham Lincoln. Lo que
ocurre con estas definiciones es que flotan en el aire si no se considera al
Estado como portador del interés de las clases sociales dominantes. En América
Latina tenemos gobiernos de orientación popular y política exterior
independiente de Washington
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| Abraham Lincoln |
, que en distintos grados representan y defienden
los intereses de las clases populares. Entre ellos Cuba y los demás estados
integrantes del Alba han avanzado considerablemente en instituir la participación
popular en la toma de decisiones sobre políticas públicas. Pero también los
gobiernos de Argentina, Uruguay y Brasil escuchan al pueblo y tratan de abrirle
canales de participación en las decisiones. Mientras tanto, México, Colombia,
Perú y Chile, miembros de la Alianza del Pacífico, se reconocen como aliados de
Estados Unidos y su política exterior e interior responde, aunque no siempre
totalmente, a los dictados de Washington. En Chile, aunque se mantienen en lo esencial las políticas
neoliberales en la esfera económica y no se reconocen sus derechos al pueblo
mapuche, la presidenta Bachelet trata de acercarse más al proceso de unidad
latino-caribeño y de dar repuesta al
formidable movimiento estudiantil y
popular a favor de la educación pública y gratuita y en contra de la hiriente
desigualdad social. El gobierno de derecha de Santos en Colombia debe su
elección al apoyo de la izquierda y del movimiento popular en virtud de su
compromiso con el proceso de paz en contra de la voluntad del feroz sector oligárquico
encabezado por Álvaro Uribe y apoyado por la extrema derecha yanqui. Si el
proceso de paz llegara a buen puerto implicará un empoderamiento de los
sectores más conscientes, que seguramente presionarán para debilitar o abrogar
el tratado de libre comercio con Estados Unidos, impulsar la soberanía
alimentaria, la vigencia de los derechos
políticos y sociales y reclamar
participación en la decisión del destino del país. En México se observa una
profundización de las políticas neoliberales que privatizaron el enorme
patrimonio público y crearon una rapaz plutocracia cuya única divisa es la
ganancia, empobrecieron a más de la mitad de la población, anularon importantes
derechos garantizados por la Constitución de 1917 y generalizan un clima de
extrema violencia, corrupción e impunidad que ha llevado a una insondable
crisis de legitimidad de todas las instituciones del Estado, la mayor desde los
albores de la Revolución de 1910.
