REFORMA PREVISIONAL: NUEVA ESTAFACONTRA
EL PUEBLO TABAJADOR
PorAndres Figueroa Cornejo
Fuente www.elciudadano.cl
2 de marzo de 2008
Menos de dos horas le tomó al Senado votar la imposibilidad de los bancos de ingresar al negocio de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP’s), propuesta gubernamental que tenía como propósito que el Banco Estado pudiera crear la AFP Estado, cuyas modalidades –teóricamente- se distanciaran de alguna manera de la usura sideral que la previsión administrada por privados impone a los chilenos que cotizan. Sin embargo, lo que el conjunto de los trabajadores desconoce es que hace mucho tiempo que la banca y los conglomerados financieros han extendido sus intereses y capitales a las AFP’s.
La principal AFP, Provida, está asociada al Banco BBWA y la Cámara Chilena de la Construcción; la AFP Habitat al Citibank; la AFP Bansander al Grupo Santader (institución que concentra las mayores tasas de ganancias del sistema financiero); La AFP Cuprum al Grupo Pentam; la AFP Santa María a ING Group; y la AFP PLanVital a la Banca de la Svizzeri Italiana. Y allí termina el modelo de fondos de pensiones impuesto por el equipo económico pinochetista capitaneado por José Piñera (hermano del dueño del Partido Renovación Nacional, Sebastián Piñera, precandidato a la presidencia de la República y uno de los personajes más millonarios de Chile) en 1981. Para aniquilar el antiguo sistema de pensiones, imperfecto, pero fundado en la solidaridad y mucho más justo que el actual, la dictadura empleó la persuasión de las armas y la rebaja en las cotizaciones del ahorro forzoso. De golpe, terminó un sistema tripartito fundado en aportes de los trabajadores, el Estado y los empleadores, y en la solidaridad dictada por el sentido común de que los trabajadores jóvenes colaborarán con la previsión social de aquella fuerza laboral en retiro, y se implementó la capitalización individual. Ello significó una nueva victoria de la oligarquía y el capital financiero especulativo, en un inmejorable contexto dictatorial y sin pueblo informado y organizado.
APENAS EL 11 % DE LOS TRABAJADORES COTIZA TODO EL AÑO
En la actualidad, alrededor de un 80 % de los adultos mayores y más del 90 % de los mayores de 70 años está cubierto con algún tipo de pensión –extraordinariamente miserable- con recursos públicos. Tanto el Gobierno como la propia Asociación de AFP’s han admitido que la mitad de los afiliados al sistema no alcanzará a ahorrar en su cuenta individual lo mínimo para alcanzar siquiera una pensión básica.
El 96.5 % de los afiliados a las AFP’s se declaran trabajadores dependientes. No obstante, en promedio cotizan 5 meses por año y 4.5 en el caso de las mujeres. Los asalariados estables, que cotizan todo el año, llegan apenas al 11 % del total.
La votación del Senado, obviamente, apunta a obstruir la creación de una AFP estatal, lo que, en rigor, además de eventualmente, bajar la tasa de comisiones –uno de los sostenes de la rentabilidad del negocio- no garantiza mucho mejores condiciones bajo un modelo basado en la aniquilación de las regulaciones fiscales y la privatización de todo (en realidad, sólo queda vender el 30 % de la propiedad del cobre que resta de la antigua e histórica nacionalización de 1971; y la mitad de la Empresa Nacional del Petróleo).
EL VÍNCULO INCESTUOSO ENTRE
CAPITAL FINANCIERO Y AFP’s
Ante la votación del Senado, realizada una vez más a espaldas del pueblo, el Presidente de la Asociación de AFP, Guillermo Arthur, naturalmente, valoró que el Senado rechazara el “ingreso de los bancos al sistema previsional”, pues consideró que así “se fortalece el giro único.” Al respecto, el Secretario General de la Confederación de Trabajadores Bancarios, Luis Mesina, informó que “Arthur es parte del Grupo financiero Santander. El argumento de cautelar el giro único es sólo una formalidad peregrina al lado de la estrategia general del capital financiero de fortalecer la relación íntima entre la banca y el negocio de las AFP’s.”
ALGUNOS EJEMPLOS DE PAÍSES VECINOS
Más allá de las deficiencias que de todos modos comportaría una AFP estatal en Chile (por resultar un sistema de genética antipopular y cuyo único objetivo es la ganancia), en América del Sur, las naciones del Río de la Plata cuentan con empresas previsionales estatales. En Uruguay existe la AFP República, perteneciente a los bancos estatales, de previsión social y seguros, que administra el 52.2 % del mercado, con comisiones más bajas que las otras cuatro administradoras privadas. En Argentina, hay una administradora estatal Banco de La Nación, con un 12.5 % del mercado y que cobra comisiones inferiores al promedio, aunque no es la de menor costo. En Bolivia se presentan AFP’s de propiedad mixta.
$ 60 MIL PESOS PARA LOS JUBILADOS POBRES
Lo anterior es parte del paquete de reformas previsionales propiciado por el gobierno de Bachelet, que convino por arriba, en sus aspectos medulares una pensión básica a todos los chilenos de 65 años de edad y pertenecientes a las franjas más pobres de la cartografía social del Chile de $ 60 mil pesos (4 dólares diarios en un país donde el arriendo de una vivienda promedio vale 6 dólares al día); instituciones de atención previsional, la incorporación gradual de los trabajadores independientes al sistema y un bono único por cada hijo nacido.
HACIA UN PROYECTO DE
SEGURIDAD SOCIAL AUTÉNTICO
El dirigente de los trabajadores bancarios de Chile, Luis Mesina, al enterarse de los resultados de la discusión y resolución senatorial enfatizó que “el gobierno y el sistema de partidos políticos no tienen la voluntad política para establecer una auténtica política de seguridad social. La reforma previsional, finalmente, sólo blinda los intereses oligopólicos en manos de compañías transnacionales que están tras las AFP’s, cuando lo que urge es discutir democráticamente, con los trabajadores, un proyecto de seguridad social que garantice una vejez digna luego de haber laborado toda la vida.”
Esta nueva situación no hace más que confirmar la trama profunda que digita al bloque en el poder (Concertación y Alianza por Chile), indistintamente, donde la Presidenta Bachelet y el poder legislativo son simples conductores y expresión de los intereses del capital y la clase minoritaria. El segundo tiempo del cuarto gobierno de la Concertación, más allá de los “cambios” de gabinete (los mismos en otros cargos), los discursos pseudo populistas en vísperas de las elecciones municipales de fines de 2008, y donde el 5 % más rico de la población obtiene un ingreso 220 superior al 5 % más pobre, revela una vez más, su contenido burgués, meramente administrativo y en creciente estado de crisis.
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